Río Negro: como un libreto agotado, sólo ajuste y austeridad

Es más que preocupante la ausencia tanto de ideas y planes como de estrategias de acción en los organismos provinciales abocados a la promoción productiva y económica en Río Negro, situación que puede tener nuevas y más dramáticas implicancias si tenemos en cuenta el nuevo escenario de contracción económica originado en la crisis global, que sabemos cuándo comenzó pero no cuándo ni cómo terminará. De lo que no caben dudas es del impacto que tendrá en el aparato productivo provincial y, consecuentemente, en el nivel de empleo e ingresos de personas y empresas.
En virtud de ello, creemos necesaria una profunda revisión de políticas e instituciones provinciales dedicadas a la promoción de la producción y el empleo con el fin de recomponer la capacidad de gestión, articular la estrategia de intervención y eliminar gasto improductivo del Estado rionegrino para volcarlo al sector productivo, compuesto mayoritariamente por pymes y pequeños y medianos productores agropecuarios de todo el territorio provincial.

Ningún organismo provincial expresa tan claramente la parálisis existente como el CREAR: otorgó nueve créditos en el 2007, por 330.000 pesos, y en el 2008, 200.000 pesos. Las cifras son más que elocuentes y muestran la insignificancia de los recursos. No logró cumplir con el mandato del gobernador expresado en el discurso de apertura de sesiones legislativas del 2008: materializar un convenio con un banco (similar al realizado con el Credicoop) para subsidiar la tasa de interés y habilitar financiamiento para pymes.

Los organismos con competencia en la producción reflejan con meridiana claridad el gasto improductivo del Estado. Si observamos los recursos asignados al Ministerio de Producción, Entes y Agencias de Desarrollo en conjunto (año 2009), veremos que el 84% tiene como destino el sostenimiento de los propios organismos y reparticiones (49.500.000 pesos). Sólo el Ministerio de Producción posee 50 cargos superiores o de conducción.

Pocas circunstancias expresan con tanta nitidez la desarticulación y desacople entre organismos provinciales como lo que sucede con el CREAR, que languidece sin recursos cuando, por otro lado, en el PRO Río Negro se gastan cuantiosas sumas en consultorías, viajes y erogaciones varias. El PRO Río Negro destinó en un año (2007), en los ítems mencionados, lo que otros organismos no podrían gastar en varios: 7.700.000 pesos (2 millones de dólares). ¿Y los productores y/o pequeños empresarios rionegrinos de la lana, la pesca, la frutihorticultura, el turismo, el transporte, la minería, la ganadería, los servicios, etcétera?

Algunos funcionarios justifican (y reconocen) la carencia de fondos en el presupuesto provincial en razón de recursos provenientes de partidas nacionales o financiamiento internacional. En muchos casos las partidas no son transferidas a la provincia; en otros, los convenios de transferencias tienen plazos de ejecución de varios años. Tal es el caso del Proderpa.

En cuanto al financiamiento internacional, no podemos dejar de mencionar al PRO Río Negro. La carencia de un sistema integral de servicios empresariales está ligada, en parte, al cambio de orientación que éste sufrió. En su concepción original se pensó en atender a las pymes provinciales pero finalmente el que hizo uso del programa fue el núcleo de empresas dolarizadas y ligadas a los mercados externos, según la terminología utilizada por los consultores del programa en sus informes. Originalmente, el programa se proponía beneficiar a un segmento de empresas más pequeñas con un crédito promedio de 100.000 dólares. De acuerdo con los recursos desembolsados hasta el 30 de junio de 2008, el monto promedio de asistencia por empresa se ubicó en 418.075 dólares, bastante por encima de lo previsto en un principio.

El programa nunca se adaptó a las condiciones imperantes en el sector productivo rionegrino, motivo por el cual debió ser modificado. Esto ocasionó un atraso de casi dos años. El contrato original establecía que las pymes elegibles debían tener una facturación anual bruta no mayor de 3.500.000 dólares, cláusula que fue modificada para establecer el tope en 20.000.000.

Es difícil imaginar que una pyme se pueda endeudar en dólares. Quizá éstas sean las razones por las que a junio del 2008 el programa no había otorgado más de 16 préstamos, cuando una de las metas más relevantes y que comprometía la mayor cantidad de recursos (40.000.000 de dólares solamente del BID) era la de brindar asistencia financiera a 850 pymes.

Sintetizando: los recursos del presupuesto provincial se utilizan mayoritariamente para sostener estructuras administrativas y burocráticas. Como contrapartida, un número mayoritario de pymes y de pequeños y medianos productores agropecuarios diseminados en el vasto territorio provincial, con roles decisivos en el sostenimiento del empleo, la dinamización productiva y la distribución de la renta, está completamente fuera del alcance de las acciones y recursos provinciales.

Hoy, como única respuesta volvemos a escuchar conceptos que todos conocemos: austeridad y contención de inversiones y gastos. Estas escenas ya las vimos y sabemos el costo que acarrean en términos sociales, económicos e institucionales.

No podemos desconocer que el nivel de vida de cada habitante de la provincia está íntimamente relacionado con el desempeño productivo y económico de la misma, brindando oportunidades o quitándolas.

Consecuentemente, la construcción de un modelo de desarrollo no sólo tiene implicancias económicas y productivas: la calidad de vida de los ciudadanos y la cohesión social dependen en gran medida de esa construcción incluyente, que constituye uno de los fundamentos básicos de la gobernabilidad democrática.

El ingreso a un escenario de incertidumbre exige el despliegue de un nuevo repertorio de políticas públicas, de organismos provinciales competentes y estrategias de acción muy decididas para preservar el tejido socio-productivo y el empleo. Sabemos que son procesos de mediano y largo plazo, no se resuelve en la coyuntura. Pero también sabemos que son impostergables. De lo contrario, veremos un nuevo ciclo de expulsión de pequeños y medianos productores, de concentración de la renta y la propiedad y exclusión social.

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