Negocios turbios del sindicalismo con la salud

Por Carlos Pagni

Es difícil encontrar una decisión judicial que, como la detención de Juan José Zanola, afecte innumerables esferas de la vida pública al mismo tiempo. Por la identidad de los capturados y por la identidad de quien los captura, el episodio tiene tantos significados como historias en las que se inscribe

El más inmediato atañe al sindicalismo y al negocio de la salud, que son casi la misma cosa. El juez Norberto Oyarbide desató el viejo nudo que unía a la obra social de los bancarios con la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo y Carlos Torres, también detenidos. Ese vínculo se volvió escandaloso cuando un par de médicos denunció que en el Policlínico Bancario (PoBa) se proveían drogas oncológicas adulteradas. En septiembre del año pasado, cuando LA NACION adelantó la denuncia, Zanola confesó, atormentado: "El PoBa está quebrado. No hay droguerías que nos quieran proveer. Me tuve que entregar a estos mafiosos". Desmintió, en cambio, que su mujer, Paula Aballay, fuera quien gerenciara el negocio de los medicamentos y que, como se afirmaba entonces, tuviera un despacho en San Javier. El irremediable machismo sindical culpó siempre a la mujer de Zanola de que él se hubiera desbarrancado.

Pero el caso de la bancaria no es el único. Desde hace años Lorenzo es señalado como el operador principal de un sistema bastante generalizado de apropiación de subsidios del sistema de salud gracias a la presentación de expedientes apócrifos. En ese negocio, según fuentes sindicales y del sector sanitario, su vínculo con el Estado fue el médico Néstor Vázquez, gerente general de la Superintendencia de Salud con Héctor Capaccioli. Esta es la razón por la cual la detención de Zanola y Lorenzo se sintió en el universo sindical como un movimiento tectónico. Muchos dirigentes gremiales saben que, de un momento a otro, pueden convertirse en Zanola.

Campaña de Cristina

El nombre de Capaccioli abre otra avenida, que conduce a los Kirchner. Igual que los sindicalistas, María Servini de Cubría habrá sentido ayer que le corría un frío por la espalda. Ella investiga -o debería investigar- el financiamiento irregular de las campañas de Cristina y Néstor Kirchner. El recaudador de esas campañas fue Capaccioli, quien desempeñó ese rol por delegación del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Ayer, Oyarbide puso preso a uno de los principales mecenas de la Presidenta: Torres. De Torres se sabe que es socio de Lorenzo. Se sospecha que pudo haber sido socio de Sebastián Forza, el droguero asesinado el año pasado en General Rodríguez. Por este camino se va al escándalo de la efedrina, sin escalas. Además, el propio Zanola también fue un contribuyente: donó todas las boletas de la candidatura de la señora de Kirchner a senadora en 2005. ¿Qué medidas tomará Servini ante esta masa de información?

A Oyarbide le debe de importar poco la suerte de su colega. Bastante tiene con la propia. El magistrado está expuesto ante la opinión pública por dos casos resonantes. El espionaje del gobierno de Mauricio Macri y el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner. En la primera causa Oyarbide debe determinar si llama a indagatoria a Macri. Respecto de la declaración jurada de la Presidenta y su esposo, tiene que resolver si profundiza la investigación o si cierra el expediente. En Tribunales circula con insistencia una versión según la cual Oyarbide habría recibido una sugerencia para terminar con ese trámite antes del 25 de diciembre. Sea como fuere, al mandar tras las rejas a un viejo tiburón del sindicalismo, el juez se autoinoculó ayer una dosis aceptable de credibilidad para esas futuras decisiones. Al menos ante quienes no siguen estas peripecias al detalle.

También en La Plata la noticia de la prisión de Zanola resultó inquietante. El ministro de Salud de la provincia, Claudio Zin, debió despedir a su subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, cuando trascendieron sus relaciones con Néstor Lorenzo. Costa pidió la eximición de prisión, pero podría ser el próximo detenido.

La jugada de Oyarbide reabrirá también la puja de poder de La Bancaria. La oposición interna pedirá la nulidad de las elecciones del 8 de octubre. Zanola está acusado por desoír una indicación de la Cámara del Trabajo para que esos comicios se realizaran con un padrón depurado. Se trataría, a esta altura, de una pequeña historia, salvo porque el estudio jurídico al que recurrió Zanola en su emergencia fue el de Héctor Recalde, mano derecha de Hugo Moyano y figura estelar del laboralismo oficial. También para estas trifulcas el Gobierno podrá sacar algún provecho, aunque más no sea simbólico, de la prisión de Zanola. Argüir, por ejemplo, ante los defraudados izquierdistas de la CTA, que no hay privilegio alguno para sus adversarios ortodoxos. Aunque después de las últimas declaraciones de la Presidenta en defensa de Moyano y su unicato, es difícil que los destinatarios del mensaje se lo crean.

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