Punta Mogotes es un mundo aparte dentro de la ciudad de Mar del Plata y el ente interjurisdiccional a cargo de la administración suele estar en el ojo de la tormenta por los negocios en torno a las concesiones. Los propietarios de los balnearios no se quedan atrás, en un entramado de poder y disputas internas que desde las sombras maneja uno de los principales negocios del turismo en la región.

La figura de Carlos “Charly” Amud, el administrador general, hombre fuerte del Consejo de Administración, mano derecha y protegido del diputado provincial Manino Iriart, emerge como una de las personalidades más polémicas de Mogotes.

Los concesionaros son los verdaderos amos y señores de cada uno de los balnearios, más allá de las formalidades. Casi la totalidad instalados desde hace décadas, son quienes conocen en detalle cada uno de los entuertos que se reproducen temporada a temporada en el complejo, y quienes hacen un uso privado de las instalaciones. No sólo de las contempladas en los pliegos de licitación, sino también avanzando sobre las playas públicas.

Cada uno con su interés particular, saben mejor  que nadie eso de que “la unión hace la fuerza”, por lo que están agrupados en el Consorcio de Concesionarios. Su presidente es Leandro Sánchez, el vicepresidente Luis García y el secretario Juan Martínez, tres de los hombres más fuertes de Mogotes.

Pero ninguno genera tanta controversia como Augusto Di Giovanni, el dueño del Balneario 12, donde se congregan las figuran del mundo futbolístico. Hombre cercano a Daniel Angelici, es el vicepresidente del Departamento de Marketing de Boca Juniors, donde maneja una caja multimillonaria. Pero sus conexiones con el poder no culminan ahí, ya que además es gerente de la 9 de Julio desde 2011, la empresa que se quedó con el negocio de la recolección de residuos en Mar del Plata. Con una facturación cercana a los $1.000 millones en 2018 sólo en La Feliz, la firma de Lorenzo Dotta se expandió por la Provincia a base de oscuros negociados con jefes municipales y vinculaciones nunca transparentadas con Camioneros.

Los casos de los carteles de publicidad de terceros en los balnearios constituyen un negocio que se fue afinando en complicidad con Amud y por fuera de las reglamentaciones. Según el pliego, sólo tienen habilitado realizar publicidad de sí mismos, no así de terceras marcas. Pero en 2017 Amud impulsó una resolución por la cual se permitió la publicidad de terceros desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. El canon era de $596 por metro cuadrado, a razón de $12 mil por cartel.

Sin embargo, desde abril existe un vacío legal y varios carteles se mantuvieron durante todo el año. Según explicaron a La Tecla conocedores del tema, todo este tiempo la Administración se privó de percibir las correspondientes tasas y lo mismo ocurrirá durante el verano, ya que al momento no hay acto administrativo que los haya habilitado nuevamente.

Sabiendo la irregularidad, desde el área técnica de Mogotes se solicitó un informe a la Administración sobre los balnearios que estaban en infracción, que nunca fue respondido. Según revelaron fuentes del Complejo, el encargado del área técnica, Oscar Gómez, consultó sobre la situación a Charly Amud, quien ordenó que se frizara el pedido.

Más negocios publicitarios

El negocio en torno a la publicidad es la envidia de todo Mogotes: un alto rendimiento con una mínima inversión y sin riesgo de pérdidas. Los 12 carteles que corren paralelos a la Avenida de los Trabajadores son ofrecidos por la agencia MDK, cada uno a $250 mil por temporada en promedio. Aunque también se puede acceder a una oferta de casi $300 mil por todo el año. Otro de los chiches que se ofrece es la publicidad área, con dirigibles publicitarios, algo prohibido por pliego.

La firma pertenece a Sergio Kloberdanz, propietario de GSN Franquicias SRL, quien explota la publicidad desde 2017 por medio de Agencia MDK. La empresa, que tiene 10 empleados registrados en AFIP y domicilio en Vieytes 1141, ese año ganó la licitación por la que paga un canon de $400 mil anuales. Los lazos con Amud son un secreto a voces y, de hecho, la licitación fue privada, es decir que sólo pudieron competir quienes fueron invitados por el Consejo de Administración.

Y hay más irregularidades: GSN no está inscripta en el registro de proveedores de la Municipalidad de General Pueyrredón, como tampoco de la Provincia. Además, tiene registrada como actividad principal “servicios empresariales y servicio de hospedaje temporal”, por lo que no está habilitada a explotar el área publicitaria. Esto tampoco le permitiría haber ganado la adjudicación de otro de los negocios preciados de Mogotes: desde 2017 también maneja el Polo Gastronómico.

El pliego obliga a que funcionen los negocios todo el año, pero recién fueron abiertos en diciembre, cuando la rentabilidad se potencia.

Consultado por La Tecla, Kloberdanz dijo que “los dirigibles están en el pliego como una posibilidad de poder hacerlo”. Y reconoció que los puestos gastronómicos no funcionaron durante el año por “un problema con las napas que no estaba previsto en la edificación”.

Números que no cierran

Los números del primer año de administración plena en manos de Amud, la del ejercicio 2017, muestran un cierre negativo en Punta Mogotes. El déficit de $534.674 está determinado en gran parte por los bajos ingresos, producto de los contratos de concesión de las balnearios privados: exactamente $19.415.651, a razón de poco más de $800 mil por cada uno de los 24 balnearios con que cuenta el Complejo de Punta Mogotes. Esa cifra es la recaudación promedio de días de lleno pleno de un solo balneario, por las 300 unidades de sombra por área de explotación.

Carlos Amud: una carrera ascendente de la mano de Manino Iriart

Carlos Enrique Amud,  de 38 años, comenzó a codearse con el mundo de la política mientras trabajaba como mozo en una reconocida cadena marplatense de cafeterías. Al poco tiempo recayó en el Centro de Estudios para el Fortalecimiento a las Iniciativas Locales (CEFIL), fundado por Rodolfo Iriart en 2003.

En una carrera meteórica, Carlos Amud llegó a la administración de Punta Mogotes a fines de 2013, cuando fue designado por Gustavo Pulti en representación de la Municipalidad. En julio de 2016 escaló y, mediante el decreto provincial 1.100, fue designado como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de Administración. Hoy cumple el cargo de Administrador General.

Quienes lo conocen dicen que su principal capital es ser un excelente brazo ejecutor de las decisiones del diputado Iriart. “No tiene vuelo propio, no es un armador, ni se destaca por su inteligencia política. Es simplemente un súbdito de Manino”, destacan desde el seno de Mogotes.

Una prórroga en suspenso

Ante la falta de ejecución de la obra pública comprometida en el pliego de 2002, en 2014 la Administración acordó con las privadas la extensión por cinco años de las licencias que vencen en 2020 si finalmente llevaban a cabo obras como la Unidad de Pronta Atención UPA 8 y la puesta en valor de los espacios públicos del Complejo de Punta Mogotes. La erogación total ascendía a los $12.300.000.

En marzo de 2018, Amud avaló un informe de una comisión ad-hoc, integrada por Laura Scotti, Lelis Fernández y Verónica Giovanniello (recientemente nombrada subsecretaria de Hacienda en la Municipalidad de General Pueyrredón), donde se dio cuenta del cumplimiento del acuerdo. Según consta a foja 139 en el Expediente 2336-5365/02, donde se llevan adelante las actuaciones en torno a las concesiones de los balnearios y al que tuvo acceso La Tecla, Amud declaró “cumplidas y recepcionadas las obras comprometidas en el Convenio sobre Ejecución de Obra Común Obligatoria”. Por ello resolvió que se prorroguen “los contratos de concesión de las Unidades Fiscales Balnearias por el término e 5 años contados a partir del día siguiente al vencimiento el plazo de cada uno de los contratos de concesión”.

Luego, las actuaciones se remitieron a la Contaduría General de la Provincia, como así también al Fiscal de Estado, Hernán Gómez. En ambas instancias dieron el visto bueno al expediente, que regresó a la Administración de Punta Mogotes. Pero esta nunca lo ejecutó. La voz comenzó a correr entre los concesionarios.

“Lo concreto es que Charly durmió el expediente todo este tiempo, como una forma de poder maniobrar y tener en su puño a las concesionarias”, comentó a este medio una fuente que transita día a día por Mogotes.

El caso de una empleada que dejó al desnudo el acomodo político

Los presuntos casos de trabajadores acomodados en Punta Mogotes son denunciados por lo bajo  por gran parte de quienes conocen el paño de la administración de Mogotes. Pero su existencia nunca logró una evidencia tan contundente como con el caso de Iara Mesa. A mediados de 2018 el Honorable Tribunal de Cuentas, al emitir su fallo sobre el Balance 2016 de Mogotes, constató, en base al Registro Único de Afiliados Permanente del IPS, que esa agente, ingresada durante el período en estudio, cobraba a su vez un sueldo de la Cámara de Diputados provincial, A la imposibilidad de sostener dos trabajos en simultáneo en La Plata y Mar del Plata, se suma que la Constitución Provincial, en su artículo 53, prohíbe taxativamente que una persona tenga dos empleos públicos.

Finalmente, tras la realización de un sumario patrimonial y con la intervención de la Contaduría General de la Provincial, Mesa debió reintegrar  los $104.067,95 que había percibido de manera irregular y renunció al puesto.

El caso no revestiría más que un comentario de color si no fuera porque Mesa es la pareja de Esteban Romero Llanes, el encargado del área de Medio Ambiente de la Administración de Punta Mogotes. Además, Mesa se presenta a ella misma en su perfil de Facebook como “Management” del Centro de Estudios para el Fortalecimiento a las Iniciativas Locales (CEFIL), fundado por Rodolfo Iriart en 2003. Todos los caminos conducen al diputado provincial.