En plena campaña, vuelven las propuestas para la villa. Mientras, las avivadas inmobiliarias hacen su festín a costa de los más pobres. Precios exorbitantes, falta de controles y peligro de derrumbes.
A metros del hipermercado Coto se encuentra la entrada principal a la 31, que según el Censo de 2010 alberga a unos 27 mil habitantes, cifra que en boca de los delegados que NU consultó asciende a 40 mil: un 70 por ciento extranjero, que se reparte en un 30 por ciento de paraguayos, lo mismo de bolivianos, y el 10 restante de peruanos. Lo que queda, cuentan los vecinos, en su mayoría proviene de Salta, Jujuy y Tucumán.
Más allá está la feria, que resulta un continuum vivaz y colorido, al que la calle playón no le importa, calle que técnicamente divide la villa en su parte vieja, la original, más baja, tímida en el desenfreno de la construcción, de la otra, la copia caótica y barroca, un Bangkok porteño. Tímida y todo, a metros de hoteles lujosos, de Puerto Madero, donde según la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del GCBA, el metro cuadrado vale seis mil dólares, aventajando a los cuatro mil de Retiro, aun así, la 31 tiene su propio Sheraton. A pasitos de la estación, en la esquina de las calles 4 y 5, se erige un edificio lila de cinco pisos, bautizado con ese nombre por los habitantes de la villa.
Y es ese “Sheraton”, comenta Aníbal de la Cruz, delegado de la manzana 12 de la 31 bis, el que últimamente trajo problemas. La decisión de construir para vender y alquilar que tomó la familia que siempre vivió en esa esquina hizo que el Gobierno porteño prohibiera a principios de año el ingreso de materiales a la villa, por no cumplir con el Código de Edificación de la Ciudad. Ahora bien, tras varias protestas de los vecinos, que incluyeron cortes en la autopista Illia, la prohibición se flexibilizó. No obstante, la villa crece como una planta regada por la necesidad, espejo anémico de la otra ciudad que también crece y resalta esos contrastes tan argentinos, tan tercer mundo, como los telos y los cementerios juntos en las rutas, que hacen que Buenos Aires sea el lugar donde la distribución de la riqueza se ría a carcajadas.
El narcotráfico, sobre todo de pasta base, encuentra una de sus guaridas en la Villa 31, pero también lo hace la delincuencia inmobiliaria, que se aprovecha de la necesidad de los más pobres. Según datos de la organización Médicos del Mundo, en Buenos Aires unas 16.353 personas duermen en la calle. A su vez, de acuerdo al Censo 2010, medio millón de personas están afectadas por el déficit habitacional, cuando hay unas 340 mil viviendas vacías. Por otro lado, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del GCBA confirmó este año que, en una década, Buenos Aires pasó del 23,9 por ciento al 31 en lo que a inquilinos refiere. También informó que el 4,8 por ciento de los porteños (unas 138.768 personas) vive en inquilinatos, conventillos y pensiones. Y que el 0,7 (20.237 personas) son ocupantes ilegales. Por el momento, no hay registros oficiales del número de desalojados ni de las personas que están en juicio de desalojo. Rocío Sánchez Andía, diputada porteña de Coalición Cívica-ARI, estima que son entre 4.000 y 5.000 familias por año. Para qué mencionar más números. Suficiente caldo de cultivo para el negocio ilegal de la venta y alquileres de casas en el Retiro pobre.
Así, promediando las cifras que vecinos y delegados refirieron a este medio, alquilar una piecita de dos por tres metros puede costar entre 1.500 y 2.000 pesos por mes, de acuerdo a la zona: cuanto más cerca se esté de la entrada –la autopista es un ejemplo–, más caro. Si hablamos de una de las zonas más desfavorecidas, como es el barrio San Martín, pegadas a las vías del tren homónimo, allí quizás se pueda conseguir una habitación por mil pesos o un poco menos. La clave está en la distancia en relación a los accesos. De esa forma, estar cerca se hace caro. Ahora bien, la compra de un monoambiente de, por caso, cuatro por cuatro, puede llegar a costar 50 mil pesos. Y si hablamos de una casa con dos piezas y baño, siempre en el sector más acomodado de la villa, por el playón que ya no está –las casas se lo comieron–, habría que desembolsar aproximadamente 100 mil pesos. O más. Algunos hablan de hasta 200 mil pesos por piso (unos 34 mil dólares al cambio oficial), pisos que después se subdividen y subalquilan a quienes necesitan un techo.
La 31 bis no se queda atrás. Aunque es más desprolija en su juego. Temeraria. Peligrosa. Casi no tiene veredas y las calles son aptas solo para conductores avezados: pueden medir 20 metros de ancho, e incluso menos, haciendo que los autos armen tetris para pasar. Las escaleras metálicas se retuercen hacia fuera, siempre hacia afuera de las casas, confundiéndose con los ovillos de cables. La 31 bis, que junto a la 31 comprenden alrededor de veinte hectáreas, también tiene su proyecto de Sheraton. O su propia torre Le Parc. Va, por el momento, por el séptimo piso. El precio por piso también es alto, aunque un poco menos que el Sheraton lila, por estar más lejos de la entrada. Lo que queda es la autopista como techo literal, un paredón que en 2012 dividió los dos Retiros y hoy hace las veces de medianera, generando en muchos la fantasía de una 31-3; lo que queda es una lluvia de verano hecha pesadilla de una noche de verano; lo que queda es la dignidad renga, la vida en alerta. Cuanto más suba el barrio en altura, el riesgo es mayor. “¿Qué pasaría si se produjese un incendio en esos edificios altos? Con la oscuridad, sin ascensores, sería una tragedia”, piensa Henry Aguirre, quien llegó a la villa en el 99, empujado por la desocupación.
En 2006, Angélica Banzer tomó junto a un grupo de mujeres el sector que se encuentra bajo la autopista Illia. Hoy vive allí, es delegada y presidenta de la ONG Mujeres Trabajando por un Futuro. Sueña con que la CNN muestre algún día lo que es vivir en la villa, esa en la que se multiplican los consultorios odontológicos, las ferreterías y los lavaderos de ropa, esa que tiene la peluquería de Rubén Orlando como imán del turista que no habla español. “La gente ya no miente el domicilio para conseguir trabajo”, señala. Cree que eso ya es un mito acerca del mundo villero. Hoy hay mucho del viejo estigma devenido en emblema de identidad de orgullo.
Banzer expresa que a fuerza de lucha se ha ganado calidad de vida: el Estado se ha hecho presente con tres escuelas –dos públicas y una privada, con primario y secundario– y un jardín de infantes, dos salas sanitarias puestas a nuevo –el que excede con su dolencia los alcances de estos espacios va a hacer fila al Fernández– y una comisaría de la Policía Metropolitana desde el año pasado. Hace unos meses, la postal de la 31, más tranquila para Banzer que en el pasado, muestra el ir y venir de las patrullas de la PM. La Federal, en cambio, aparece tras un llamado al 911 por robo, violencia familiar o peleas entre vecinos. Hay también otro sentido de inseguridad conforme avanza el crecimiento de la villa: la construcción sin ninguna norma de seguridad e higiene, indiscriminada, tiene su lado B, ya que las ambulancias y autobombas muchas veces no pueden acudir en ayuda, pues no caben en muchas calles. Cada vez caben en menos calles. Es que de 2010 a esta parte, el barrio creció, entienden los vecinos, un 50 por ciento.
Banzer vuelve a su pelea, insiste en que el agua y la luz fueron muy batalladas. Queda la promesa de Cristina Kirchner, hecha personalmente, para que el barrio deje la garrafa e ingrese en el mundo del gas natural. Eso, una promesa. Hoy, detalla la delegada, cualquier vecino que quiera internet paga aproximadamente unos 60 pesos entre teléfono y el servicio de banda ancha. El cable lo provee una cooperativa. Las antenas de DirecTV que se ven desde la autopista como moños uniformes, son antenas, aclara, que la gente puso para aparentar. Será, entonces, un mito más.
Entre las propuestas para extender hasta la Villa 31 el recorrido de la Línea H de subterráneos (un proyecto de Rafael Gentili), que actualmente va de Corrientes a Hospitales (inmediaciones del Penna y el Churruca), y el proyecto de Javier Fernández Castro (arquitecto de la UBA) para dotar de un marco de legalidad las construcciones en ascenso, reconociendo derechos como la escritura de la propiedad y estableciendo como contrapartida obligaciones tales como el respeto a rajatabla de los 12 metros de altura respecto al máximo para edificaciones, hay otras voces que no acuerdan con Banzer ni con Aguirre. La polarización política se muestra también en la villa.
Teófilo “Jony” Tapia es de los vecinos históricos. Tiene 60 años y vive en Barrio San Martín, pegado al viejo correo. Dice: “Las obras en la Ciudad son solo maquillaje, para las urgencias: cuando una cloaca desborda se arregla, o se hacen plazas, se mejoran los empedrados, el asfalto, se hacen canchitas de fútbol, pero lo principal… lo principal falta. No podemos vivir de peatonales”. Dora, otra vecina, acuerda. Milita en la Corriente Villera Independiente, que el viernes hará un festival en el que tocarán Los Charros, y el 12 y 13 de este mes llevará a cabo en Villa 31 –que en rigor se denomina barrio Carlos Mugica– una consulta popular en la que los vecinos podrán manifestar sus principales demandas acerca de la urbanización con radicación, en el marco de una iniciativa con alcance a todas las villas porteñas, de la que, se estima participarán, unos 10 mil vecinos. Así las cosas, todos acuerdan en algo: prefieren el barrio a la villa. La cuestión es concretar ese pasaje en medio de las mezquindades políticas, los delitos, los negocios naturalizados y la necesidad de la que se alimentan los vivos de siempre.
Jaime Sorín (*): “La Villa 31 precisa un código de planeamiento interno”
La problemática de la Villa 31, en primer lugar, se encuadra en un marco global que toca a todas las villas de la Ciudad. El Gobierno tiene que considerar esto para poner en juego una política de vivienda que incluya a todos, lejos de cuotas hipotecarias que la mayoría no puede pagar.
La Ley 3.343 de urbanización de la villas 31 y 31 bis, del año 2009, es un buen punto de inicio, generado en el consenso y la participación vecinal, pero que a medida que pasa el tiempo queda inconcluso, trunco: la realidad de la villa cambia mes a mes, semana a semana. Donde antes no había nada, hoy puede haber dos o tres pisos. Evidentemente, falta, intencional o inconscientemente, la decisión de intervenir y construir en consecuencia una política de vivienda seria y sostenida.
Los recientes dichos de Gabriela Michetti respecto a la dificultad de establecer allí un barrio y vender los terrenos para la correcta regularización nominal es una vía de escape que no contempla la realidad de la villa. Tampoco lo es pintar frentes o tirar caños. Además, hay que considerar el infernal fenómeno especulativo, propio de todas las villas, que tiene en la Villa 31 y en la 31 bis una inversión informal descomunal.
Lo que la Villa 31 precisa es un código de planeamiento interno, generado también, como la mesa de urbanización producto de la Ley 3.343, del consenso, que conciba los planes de obras, de servicios, las calles, algo que después redundará en una buena convivencia entre los vecinos. Por último, urbanizar no es integrar, integrar es articular la villa al barrio. Se trata de tender a que, en definitiva, los vecinos gocen del derecho a la Ciudad.
(*) Exdecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y vicerrector de la misma casa de estudios
Demian Konfino (*): “A pesar del Pro, avanza el proyecto de urbanización de la Villa 31″
Desde septiembre de este año volvió a discutirse, en la Legislatura porteña, un proyecto de ley que reglamenta la urbanización de las villas 31 y 31 bis, propuesta que tiene como fin lograr la ejecución concreta del derecho a una vivienda digna de los vecinos del barrio, garantizado por la Ley 3.343 y por el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad.
El proyecto, en la actualidad, lleva el número 98-D-2013 y comenzó a ser tratado por la Comisión de Vivienda de la Legislatura, tras diversas reuniones de la Comisión en la que los vecinos del barrio exigían el tratamiento del expediente. La propuesta, que cuenta con el consenso de todo el arco opositor de la Ciudad (FpV, CC, Proyecto Sur, UCR, etc.), fue elaborada por el despacho de la diputada Rocío Sánchez Andía con base en un dictamen firmado por diferentes órganos de Ciudad y Nación, junto con los vecinos del barrio, como consecuencia de una mesa de trabajo convocada en 2010, en cumplimiento de la Ley 3.343.
El proyecto regula “el proceso de urbanización y radicación del Barrio 31 Carlos Mugica”, tal como establece su artículo 1º; delimita el polígono a urbanizar, incluyendo al barrio San Martín, sector que fue poblado con posterioridad a la sanción de la Ley 3.343; aprueba un anteproyecto urbano, describiendo las diferentes acciones a realizar en el trazado del barrio, tales como aperturas de calles, pasillos, parques y consolidación de viviendas; establece la necesidad de relocalización —dentro del perímetro del barrio— de aquellas viviendas que se encuentran en sectores destinados a otros fines; define el diseño, adjudicación y financiación de las viviendas nuevas; fija un porcentaje del presupuesto general de la Ciudad para la ejecución de las obras a encarar, y refiere a la regularización del dominio de inmuebles a favor de sus habitantes, entre otras disposiciones.
A pesar de enunciar una supuesta voluntad de urbanizar el barrio, el Pro, a través del manejo espurio de las comisiones, dilata el tratamiento del proyecto y se niega a votarlo en el recinto. Al mismo tiempo, se dieron a conocer declaraciones de la diputada macrista Gabriela Michetti, en las que enuncia la intención de su fuerza política de colocar dichas tierras al servicio de la especulación inmobiliaria.
En la misma línea, en la reunión de Comisión de Vivienda del lunes 23 de septiembre, el presidente, Fernando Trabucco, del Pro, leyó una serie de “propuestas” de exclusión de personas que no tendrían derecho a la vivienda digna en las villas 31 y 31 bis, entre ellos, las personas que tengan causas penales; quienes tengan hijos en edad escolar y no hubiesen cumplido con la asistencia obligatoria a la escuela, y quienes tuvieran deudas con la Ciudad, entre otras. Además insinuó la posibilidad de ofrecer dinero para que los vecinos opten por irse del polígono de la villa de Retiro.
De concretarse en una propuesta dicho ensayo discursivo, sería abiertamente inconstitucional, pues el artículo 31 refiere al derecho a la vivienda digna promoviendo “la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva”.
En este sentido, en la sesión del 28/09/1996 de la Convención Constituyente, el convencional Eduardo Jozami explicó el espíritu de este artículo: “Los habitantes de las villas de emergencia deben ver resuelto su problema de vivienda de acuerdo con el criterio de la radicación en el lugar”.
Por su parte, la convencional María Elena López completó: “La idea de aludir a la integración urbanística tiene que ver con la integración de todos esos asentamientos al resto de la Ciudad; urbanizar es abrir calles, es instalar luz, proveer de agua y abrir plazas donde se pueda”.
Por ende, ningún proyecto puede contemplar el traslado de los habitantes del barrio ni imponer nuevas condiciones a los habitantes de la Ciudad para ejercer su derecho humano a la vivienda.
Con el impulso de los vecinos nucleados en la Mesa de Urbanización y Radicación Padre Carlos Mugica, y organizaciones como Los Invisibles, el proyecto logró la voluntad de 31 legisladores que suscribieron un documento de intención por el que se comprometen a acompañar la propuesta.
Cabe recordar que el proyecto perdió estado parlamentario el año pasado por las trabas del Pro en comisiones. Sin embargo, al ser presentado este año, su aprobación cuenta con nuevos bríos que hacen pensar que por fin pueda cumplirse el sueño del padre Mugica: hacer de la villa de Retiro un barrio obrero.
(*) Abogado y escritor, militante de la agrupación Los Invisibles del barrio San Martín de la Villa 31. Autor de la novela Villa 31. Historia de un amor invisible.
Filmus, Cabandié y Taiana reclamaron la urbanización
Días atrás, los candidatos porteños del Frente para la Victoria (FpV) Daniel Filmus, Juan Cabandié y Jorge Taiana recorrieron la Villa 31 del barrio de Retiro, y acompañados por vecinos y militantes de ese lugar reclamaron al gobierno de Mauricio Macri la “pronta urbanización” de ese asentamiento.
En ese marco, el candidato a senador, Daniel Filmus, aseguró que “esta Ciudad tiene una recaudación de tal magnitud que no amerita tener este tipo de villas”, y recordó que “de tres millones de habitantes, hay 150 mil personas que viven en pésimas condiciones en las villas y en la Villa 31 hasta hay una ley, y están los recursos para su urbanización, pero falta la voluntad del Gobierno de la ciudad”.
Por su parte el candidato a diputado, Juan Cabandié, destacó: “La Argentina se construye con derechos humanos y estamos acá porque los derechos humanos para nosotros son la verdad, la justicia y la memoria, pero también los derechos sociales, entre ellos la vivienda digna”.
“Este es un lugar postergado por el Gobierno porteño”, aseveró el también referente de La Cámpora y resaltó: “Hace pocas semanas en la Legislatura porteña he pedido en persona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de la urbanización efectiva de la Villa 31 y el Pro se negó a tratarlo en ese recinto”.
“Nosotros seguimos acompañando a los vecinos en el reclamo por la urbanización de este lugar y del resto de las villas de la Ciudad de Buenos Aires”, manifestó Cabandié.
Por su parte Taiana, que encabeza la lista de legisladores del FpV, aseguró: “Está claro que la urbanización de las villas no es prioridad para el Pro”. El candidato recordó que la primera vez que fue a ese barrio lo hizo con el padre Carlos Mugica. “Aquí Carlos nos mostró el compromiso para con los más humildes, así que estoy acá como candidato pero también como militante peronista”, señaló.
Asimismo, Filmus aseguró que “hay un tema central que atraviesa a toda la villa, que es el cumplimiento de la Ley que implica la urbanización porque se pueden hacer reformas parciales, como el tema cloacas, agua potable, las instalaciones eléctricas, temas educativos, la recolección de basura, pero la solución de fondo será la urbanización definitiva”.
“Creemos que con la recaudación de esta ciudad se debe poner en marcha la ley que determina cómo hacer esa urbanización, falta la decisión del Gobierno porteño”, apuntó el actual senador. En esa línea, aseguró que “la urbanización es la integración al tejido urbano en un lugar privilegiado de la Ciudad que es cercano a las fuentes laborales, a espacios verdes” porque destacó que “toda la Ciudad mejoraría, si podemos urbanizar la Villa 31”.
Por otra parte, Cabandié aseguró: “En este lugar emblemático que integra ese uno por ciento de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene red cloacal ni agua potable, venimos a hacer efectivo ese reclamo por la urbanización tomando en cuenta las experiencias militantes que tiene esta villa y otros barrios”.
Iván Petrella (*): “El Gobierno nacional no tiene predisposición al diálogo”
Las “villas de emergencia” no son otra cosa que barrios carenciados donde viven vecinos nuestros, vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, lo que buscamos desde la gestión de Mauricio y desde el Pro es integrar esos barrios en el tejido urbano. Por décadas, la única presencia del Estado fueron planes sociales, que son necesarios, pero que de por sí solos generan dependencia y clientelismo. Por tal motivo, buscamos crear confianza, abrir calles, llevar servicios, mejorar el espacio público, priorizar la inversión educativa, el cuidado de los más chicos a través de los Centros de Primera Infancia y promover la inversión para generar empleo en las partes más rezagadas de la Ciudad.
Todo eso es parte de un proceso que culmina, como fue en el ex Villa 19, hoy Barrio Inta, con la entrega de títulos de propiedad para que cada uno sea dueño y adquiera los derechos y las responsabilidades que eso implica. Este es el proceso que se está llevando a cabo en distintas partes de la Ciudad, que debe realizarse en la Villa 31, que tiene la particularidad de que se encuentra en territorio de jurisdicción nacional. En un país donde el Gobierno nacional tuviera mejor predisposición al dialogo se podría trabajar en conjunto. Una solución a largo plazo requiere de la cooperación, como mínimo, de la Ciudad y la Nación.
(*) Candidato a legislador Pro
María Elena Naddeo (*): “La ley no se cumple y las obras se demoran”
Los índices de pobreza y exclusión social se han incrementado fuertemente en la gestión de Mauricio Macri. El déficit habitacional y el aumento en la población de las villas y asentamientos precarios no tienen respuesta del Gobierno de la Ciudad. Por el contrario, las obras iniciadas en los complejos habitacionales se demoran y son de mala calidad, las leyes vigentes para la urbanización de las villas no se cumplen ni se concretan los ámbitos de participación de las Juntas Vecinales barriales.
La Ley 148 de Atención Prioritaria a la Problemática Social y Habitacional en las Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios fue sancionada en 1998 pero no se está cumpliendo. Esta ley crea una Comisión Coordinadora Participativa (CCP) para el diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas sociales habitacionales para villas y barrios carenciados. En ella se propone, entre otras cuestiones, diseñar los lineamientos generales de un programa integral de radicación y transformación definitiva de las villas y núcleos habitacionales transitorios realizable en un plazo máximo de cinco años. Impulsaremos su reactivación, para la necesaria participación de representantes barriales en la resolución de las urbanizaciones y la regulación dominial de los terrenos.
(*) Legisladora y actual candidata de Alternativa Popular
Rocío Sánchez Andía (*): “Nadie puede decir hoy que la Villa 31 no se puede urbanizar”
No me parece justo nombrar a la Villa 31 como barrio Carlos Mugica porque no tiene los servicios básicos y los vecinos tienen que vivir bajo riesgo, por ejemplo en el bajo Autopista, o en altura, con la autopista Illia cerca, que justamente atraviesa la villa. Los vecinos necesitan que el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional se pongan de acuerdo, así lo demandan, para trabajar en un plan de urbanización en serio. No son válidas las excusas. Los propios técnicos del gobierno afirman que puede llevarse a cabo la urbanización.
Y es posible hacerlo. La Villa 31, en los últimos años, ha tenido inversiones de millones de pesos por parte del GCBA pero en parches: el mejoramiento de una fachada no hace necesariamente a una vivienda digna, porque se llueve, porque las calles no pueden ser transitadas, hay problemas de seguridad. La Villa 31 puede ser un ícono para la urbanización de todas las villas de la Ciudad. Nadie puede decir hoy que la Villa 31 no se puede urbanizar, para eso se llevó a cabo la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las villas 31 y 31 bis, en el marco de la Ley 3.343.
(*) Legisladora, referente de Unen en política habitacional
Marcelo Ramal (*): “Ni Macri ni Cristina quieren la urbanización integral de la villa”
Los gobiernos de Macri y de Kirchner polemizan sobre la propiedad de los terrenos donde está asentada la Villa 31, que pertenecen al Estado nacional y que el gobierno macrista reclama para sí. Pero ninguno de los dos quiere la urbanización integral de la villa. Disputan “la jurisdicción” para llevar adelante una misma política: la erradicación de sus vecinos y la entrega de sus tierras al capital financiero.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores proponemos establecer una reorganización urbana que ponga fin, por un lado, a una Ciudad de medio millón de personas sin vivienda y, por el otro, a un desarrollo urbano especulativo, caótico y que ha saturado servicios esenciales, como se reveló en las recientes inundaciones. Un nuevo código urbano, debatido por organizaciones de trabajadores y comunales, debe asegurar la reserva de áreas protegidas del suelo con costo cero para vivienda social, espacios verdes públicos y culturales. Además, los consejos consultivos de las comunas deben contar con poder de veto sobre proyectos inmobiliarios que revistan un impacto ambiental negativo.
Comentá la nota