Acorde a lo anticipado por La República en su edición de ayer, el Municipio de la Capital afrontará una segunda presentación judicial contra el proceso de licitación para la recolección de residuos de la ciudad.

Luego de la presentación efectuada por los ediles Gabriel Romero y José Ramírez Alegre, es ahora la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes la que acudirá mañana a la Justicia, con el objeto de que se frene el proceso licitatorio, a través del cual la Municipalidad pretende contratar unilateralmente y sin el aval del Concejo Deliberante, la concesión de una nueva empresa en la recolección de basura durante los próximos diez años.

Según explicó el presidente de la entidad, Nelson Veas Oyarzo, en diálogo con La República, la presentación se dará mediante una medida cautelar con recurso de amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo y “se hará en forma colectiva, por lo que, en caso de tener éxito, el proceso caería en su totalidad”, detalló.

“Estamos terminando de ordenar la documentación a presentar. Nuestra característica es que todo esté certificado por escribano, así no hay posibilidad de que reboten la documentación”, explicitó Veas, al tiempo que se mostró esperanzado en que la medida cautelar a presentar tenga viabilidad en la Justicia. “Buscamos frenar este proceso licitatorio, que es irregular e inconstitucional, y confiamos en que vamos a lograrlo”, estimó.

Logística Urbana

En la apertura de sobres, las empresas que se presentaron a la licitación son S. A. de Obras y Emprendimientos Ambientales Venturino (Sadoyeav), propiedad de Rogelio Vasallo, y Logística Urbana S. A. Acerca de esta última firma, que se negó a dar a conocer a La República quiénes son sus propietarios, representantes o referente alguno, y sobre quien pesan sospechas de que pertenece a la empresa que monopoliza el servicio de transporte urbano de pasajeros, en connivencia con la conducción del intendente Camau Espínola, el titular de Usuarios ratificó que se investiga exhaustivamente su conformación, y aseguró que “esta empresa está conformada por Juan Carlos Romero, dueño de Ersa, y por Aítor Romero Noya, su hijo”.

Además, reiteró que el proceso licitatorio es ilegal, ya que se debería haber tratado en el Concejo y aprobado por los dos tercios de los ediles. “Como no cuentan con los votos suficientes, idearon esto que llamaron ‘de gestión directa’, que no es otra cosa que una chicana”, sentenció Veas.