Negociarán la coparticipación: Insfrán sin una buena relación

Negociarán la coparticipación: Insfrán sin una buena relación

Ninguna provincia perderá los beneficios que percibe hoy por el régimen de coparticipación, pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los recursos.

Son cuatro los mandatarios provinciales con los que el presidente Mauricio Macri no mantiene una buena relación: Carlos Verna (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). 

El manejo de los incendios que dejaron casi un millón de hectáreas quemadas en La Pampa tensó aún más la relación entre la Nación y Verna. Hoy por hoy, las relaciones políticas entre el Gobierno y la provincia de La Pampa están virtualmente cortadas. Con Kirchner e Insfrán la desconfianza siempre fue el denominador común. Diferente es el caso de San Luis. En el Gobierno aún no tienen claro por qué Rodríguez Saá se opone a todo. “Vamos a negociar con todos”, dijeron fuentes oficiales.

El Gobierno avanza con una reforma de la ley de coparticipación federal que contemple un reparto más equitativo de los fondos que recauda el Estado. No será tarea sencilla para el presidente Mauricio Macri , ya que para modificar la norma necesita el acuerdo de todas las provincias. Por eso, el Gobierno prepara una oferta para seducirlas: ninguna tendrá que ceder un solo peso.

El plan que puso en marcha un equipo que lidera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , tiene como premisa que “ningún protagonista pierda”. Ése será el principal argumento de la Casa Rosada para convencer a los gobernadores, a quienes convocó para el 2 de febrero con el objetivo de discutir el futuro régimen de coparticipación, una reforma impositiva integral y las paritarias.

Deuda de la democracia desde la sanción de la reforma constitucional de 1994, la ley de coparticipación nunca se trató por dos factores: los distintos gobiernos nacionales utilizaron la distribución de recursos como una forma de disciplinamiento y las provincias beneficiadas por la actual norma no querían ceder.

En el Gobierno insistieron en que ninguna provincia perderá los beneficios que percibe hoy por el régimen de coparticipación, pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los recursos.

El Gobierno propondrá “utilizar la metodología de las capacidades fiscales y necesidades de gasto, pero deberá ser consensuado”. ¿Qué significa eso? La cuenta sería así: primero se calculará lo que cada provincia necesita gastar para mantener la calidad de los servicios que ofrece y lo que debería recaudar de recursos propios para financiarlo. La diferencia entre una y otra cantidad determina el reparto de la coparticipación.

En el trabajo que les presentarán a los mandatarios provinciales se destaca que lo que se reordenará con la nueva ley es lo que se recaude de más. Y el Gobierno quiere que la nueva norma se actualice sola.

Si bien el reparto en la actualidad debería ser 57% para las provincias y 42% para la Nación, lo cierto es que no ocurre de esa manera. La participación efectiva que reciben las provincias del total de los recursos nacionales recaudados por la AFIP es del 29%. Esa inequidad es la que busca terminar la administración de Macri. Este año la estimación es que serán transferidos a las provincias $ 731.084 millones, un 29,2% más que el año pasado, según un informe del Cippec.

Incluso, desde que en mayo último Frigerio logró firmar el acuerdo con todos los gobernadores para el reintegro del 15% de coparticipación que se descontaba para financiar la Anses, hubo un acuerdo entre la Nación y las provincias para comenzar a evaluar una nueva norma de coparticipación. Si bien en el Gobierno son conscientes de que será complicado generar consensos en un año electoral, el plazo para llevar una nuevo marco regulatorio al Congreso es de entre 12 y 18 meses.

Mientras se negocia la iniciativa, el Gobierno consiguió aprobar el último año un presupuesto que destina el 30% de la recaudación a las provincias, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto del período 2005-2015. Según informaron en el Ministerio del Interior, también está previsto que durante este año crezcan las transferencias automáticas y la obra pública.

“El año pasado, por primera vez en la historia, hicimos acuerdos fiscales en los que las provincias ganaron recursos. Hasta nuestra gestión, la Nación siempre terminó sacándoles recursos a las provincias. El gobierno anterior las desfinanciaba porque entendía que el poder pasaba por concentrar recursos para después someter políticamente a los que pensaran distinto”, explicó Frigerio.

Además de los mandatarios provinciales, el Gobierno involucrará en el debate al Congreso -serán consultados las integrantes de la comisión de coparticipación federal del Senado y otras comisiones de la Cámara baja-; los oficialismos y oposición de cada distrito; universidades nacionales y provinciales; organismos especializados en federalismo fiscal y finanzas públicas, y consejos profesiones, entre otros.

Fuente: La Nación

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