La negociación con Europa va en coche

Cristina impulsó ayer un pacto entre ambos bloques. Ya empezó el lobby de las multinacionales. Pymes de distintos rubros industriales, cercanas al Gobierno, lo rechazan.
Si se concretara, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que Cristina Kirchner llamó a reflotar ayer tendría potenciales ganadores pero también perdedores. Aunque algunas automotrices y los mayores fabricantes de alimentos del país desplegaron todo su poder de lobby para reactivarlo, la mayoría de los industriales cree que se verá perjudicado por una eventual apertura aduanera para los productos europeos. Entre ellos figuran quienes producen telas, ropa, autopartes y maquinaria, que, paradójicamente, militan en los sectores fabriles más alineados con la política comercial del Gobierno.

Las negociaciones con el bloque comunitario, iniciadas formalmente a mediados de los 90, se interrumpieron en 2004. Fue porque desde el otro lado del Atlántico se ofrecían ventajas irrisorias para el ingreso de bienes agrícolas sudamericanos y se exigía a cambio que el Mercosur bajara sus aranceles de importación industriales y habilitara a las compañías europeas a operar en los mercados regionales de servicios públicos y compras oficiales. En algunos rubros, incluso, los empresarios de Argentina y Brasil dejaron de lado sus diferencias bilaterales y se unieron para combatir el pacto.

La Presidenta colocó ayer a las tratativas con la UE al tope de sus prioridades como titular pro témpore del Mercosur, cargo que ocupará hasta mediados de 2010. Dijo que implicaría "cumplir una deuda que tiene 23 años" y llamó a "empezar al revés, por los puntos en que estamos de acuerdo, para ir cerrando capítulos". Antes de mayo, cuando se reúna en Madrid una cumbre de mandatarios de América Latina y Europa, Cristina aspira a que se reanuden las discusiones entre técnicos y empresarios de cara al "libre comercio" que, en rigor, sería un simple acuerdo de rebaja de aranceles.

Las opiniones en el sector privado no son unánimes. Las principales impulsoras del acercamiento son las multinacionales automotrices. Pero no todas, sino especialmente las europeas. Y dentro de ellas, las dos que más coches venden: Volkswagen y Fiat.

Sus proveedores locales de piezas son los enemigos mortales del acuerdo. Argumentan que si se firma desaparecerán miles de empleos porque las terminales importarán con aranceles mínimos todo lo que necesitan para ensamblar los vehículos. "Nosotros tenemos con Europa un déficit crónico y estructural casi tan grave como con Brasil. Y las ventajas del acuerdo que citan las grandes automotrices son relativas, porque las empresas del Mercosur para entrar allá ya tienen aranceles bajos, del orden del 5%, y ellos para entrar acá pagan el 35% para los autos y del 16 al 18% para las autopartes", explicó el gerente de la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (AFAC), Juan Cantarella.

Además de las multis automotrices, los más entusiasmados con el acuerdo birregional son –otra vez paradójicamente– los sectores de la economía más enfrentados con la Casa Rosada. Entre ellos los productores agrícolas en general, pero también los bodegueros y los procesadores de pollos. Por los derechos de importación específicos que aplica la UE para proteger a sus aguerridos granjeros, el pollo paga en algunos países europeos una tarifa del 400% para pasar la aduana. El mismo costo prohibitivo que enfrenta en Suiza alguien que quiera importar chocolates.

Al margen de los aranceles, lo que jamás aceptó discutir la UE fueron sus millonarios subsidios mensuales para la producción agrícola y ganadera, que dejan afuera a cualquier competidor extranjero. Es el mismo punto que hizo naufragar la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que debía beneficiar a los países más pobres equilibrando las reglas del comercio mundial.

Débora Giorgi, una opositora a un acuerdo con la UE

Las negociaciones que el Mercosur se comprometió a retomar con la Unión Europea (UE) se empantanaron casi sin avances cinco años atrás. Y algunos de sus principales críticos eran economistas con peso propio en la actual administración de Cristina Kirchner. En noviembre de 2004, cuando coordinaba el centro de estudios de la UIA, la actual ministra de la Producción, Débora Giorgi, calificó como "muy pobre" la oferta de apertura comercial de los gobiernos europeos. En una ponencia ante los ejecutivos de IDEA –a quienes hoy no podría visitar aunque quisiera porque lo tienen prohibido todos los funcionarios–, Giorgi sostuvo que "los pedidos de la UE no se corresponden con lo que pretende ‘pagar’ por ellos". También protestó, en nombre de los dueños de fábricas, porque el acuerdo no respondía al "trato especial y diferenciado" que había prometido el bloque comunitario al Mercosur, por su condición de bloque no industrializado. "Las ofertas de la UE en materia de bienes, servicios, inversiones y compras gubernamentales se han ido alejando de ese espíritu", acusó.

En un cálculo que presentó allí, Giorgi señaló que la oferta de desgravación europea representaría para la Argentina exportaciones adicionales por sólo u$s 700 millones anuales, en productos que en aquel momento ya se exportaban a otros destinos por u$s 3.300 millones. En diez años, estimaba que el acuerdo podría implicar un incremento de comercio de sólo u$s 1.500 millones, mientras que a Europa podría aportarle u$s 4.500 millones

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