“Necesitamos el establecimiento de un Régimen Penal Juvenil”

La ola de inseguridad que envuelve a todo el país y ya se siente con fuerza en La Rioja, una provincia que hasta hace poco podía jactarse de tener niveles de tranquilidad y seguridad razonables, es abordada en esta nota por la diputada nacional Paola Rosana Spatola (Guardia Peronista, Buenos Aires).
En una entrevista exclusiva con NUEVA RIOJA, la legisladora analiza la irrupción del fenómeno de “narcoterritorialidad”, la toma de territorios por parte de la droga; se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad de los menores y consideró que no hay relación entre pobreza y delincuencia.

La diputada Spatola es autora de varios proyectos de ley, entre los cuales se destaca el que propone la creación de registro nacional de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual.

Paola Rosana Spatola es una reconocida especialista en temas de seguridad, es una persona de consulta de medios y políticos en esta materia. Fue asesora de diversos organismos oficiales, tanto en la órbita del Poder Ejecutivo como del Congreso nacional, y brindó en La Rioja varias ponencias acerca de esta temática.

- ¿Cuál es el origen del actual fenómeno de la inseguridad?

- En la Argentina nos encontramos frente al fenómeno que yo denomino “narcoterritorialidad”, que consiste en la toma de territorios por parte del narcotráfico, que han sido prácticamente abandonados por el accionar estatal.

Los narcos imponen sus reglas y son amos y señores del lugar, y al mismo tiempo se refugian en espacios públicos poco accesibles a las fuerzas de seguridad.

Estos territorios son su base de operaciones, donde almacenan las drogas, el dinero producto de ellas, las armas, e incluso muchas veces los secuestrados pasan allí sus primeras horas.

- ¿Bajar la edad de imputabilidad de los menores es una solución?

- No de ninguna manera. La Argentina tiene una deuda respecto al tema, a diferencia del resto de los países de la región. Necesitamos el establecimiento de un Régimen Penal Juvenil, donde se establezcan sanciones, establecimientos y procedimientos especiales para los menores, que deben estar protegidos, y apuntarse a su recuperación en forma diferenciada y específica.

- ¿Asociar delincuencia y pobreza es un error?

- Sí, es un claro error. Aquellas provincias con mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas, son las que tienen menores índices delictivos.

- ¿Qué leyes considera que se deberían modificar para solucionar el problema de la inseguridad?

- Mire, respecto a los menores, hemos presentado diversos proyectos que pueden mejorar y modificar la situación. No sólo un extenso proyecto de régimen penal juvenil, sino además una pena diferenciada para los mayores que se usen de menores para cometer delitos.

Además proyectamos sanciones penales para los comerciantes que expendan alcohol y pegamentos u otros elementos que los menores puedan utilizar como drogas.

En lo atinente a los delitos sexuales somos los primeros autores (proyecto presentado en 2005) de un Registro Nacional de Antecedentes de Condenados por Delitos contra la integridad sexual, para que los autores de estos vejámenes, con altísimo grado de reincidencia, sean más fácilmente descubiertos.

También avanzamos contra los desarmaderos de automotores, un proyecto para limitar las posibilidades de excarcelación,

Y promovimos la ley de desarme que después implementó el Ejecutivo como mejor creyó. El resto deben ser políticas de prevención a establecerse desde el Poder Ejecutivo.

- ¿Cómo evalúa la actual política de seguridad del Gobierno nacional?

- No la tiene, por eso no puedo evaluar lo que no es medible.

- El ingreso de los carteles mexicanos en la sociedad argentina, ¿genera la necesidad de crear nuevas estrategias de seguridad?

- No deberíamos haber llegado a esto, se podría haber evitado si el Estado en lugar de ausentarse cediendo el lugar a la droga, hubiera actuado.

- En caso de ocupar un cargo en la función Ejecutiva en el área de seguridad, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?

- Convocar al Consejo de Seguridad Interior y al Comité de Crisis, y declarar la emergencia de seguridad en todo el país por ciento ochenta días, para manejar en forma combinada las fuerzas federales y locales

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