"Se necesita una urgente recomposición de los haberes pasivos"

El ombudsman porteño de la Tercera Edad aseveró que no falta dinero para un incremento sino una decisión política del Gobierno nacional.
Celebra que se haya eliminado el sistema de AFJP, pero está convencido de que con esa sola medida no basta. Por el contrario, aún falta una decisión política del Gobierno nacional que permita mejorar los ingresos de los jubilados. Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, participó ayer de la marcha que todos los miércoles realizan los pasivos transferidos al sistema previsional de la Nación.

Invitado por la Federación de Jubilados y Pensionados Tucumanos y por el Centro Voluntario de Adultos Mayores Servir, Semino se refirió a la dramática situación de 4,2 millones de adultos mayores en el país: "perciben $ 825, cuando el haber mínimo dispuesto por el propio Gobierno para los trabajadores en actividad es de $ 1.400. Se necesita una urgente recomposición de los haberes pasivos".

El abogado consideró que la década del 90 fue la más nefasta para la seguridad social. "El 90% del sistema se licuó por las AFJP", bramó. Por ello, a partir de la instauración del sistema de capitalización privada, dijo, hay que indagar sobre la enorme litigiosidad que hoy evidencian los fueros federales de seguridad social. En ese contexto, recordó el emblemático "caso Badaro", un jubilado que efectuó un reclamo porque no tuvo los reajustes necesarios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que debió haber recibido un reajuste del 88,6%, conforme había variado el salario de los activos durante el período de su reclamo. "Los jubilados sólo habían obtenido el 23% de aumento en ese lapso, por lo que la Corte dijo que se debía pagar la diferencia", precisó.

Sobre la base de ese fallo, según Semino, el Gobierno nacional dispuso la aplicación de dos ajustes anuales a los haberes jubilatorios. "Pero con una fórmula medio japonesa", ironizó.

Más de 100.000 procesos

El ombudsman instó al poder central a asumir sus responsabilidades administrativas, a efectos de frenar la cantidad de juicios de los jubilados. "La Justicia está colapsada, con más de 100.000 expedientes abiertos, y siempre el costo termina siendo mayor para el Estado. Esto requiere de una solución administrativa", advirtió.

Según el defensor de la Tercera Edad de la Capital Federal, la falta de reconocimiento del 82% móvil se repite en la mayoría de las provincias que transfirieron sus cajas previsionales a la Nación.

Además, se mostró partidario de una reforma integral en las normas que rigen la seguridad social. "Hoy, con el pago de sumas en negro, ningún trabajador puede llegar a cumplir los 30 años de aportes exigidos en la ley", ejemplificó.

¿Cómo podría el Estado afrontar el pago de la movilidad?, se le preguntó. Allí, afirmó Semino, está la clave para entender el cambio de una década a otra. "Lo que dijo la Corte es que un derecho no puede estar sujeto a una cuestión de caja. Ese es un problema de quien la administra. Por ejemplo, cuando los fondos de las AFJP volvieron a manos del Estado, la Anses se capitalizó en $ 135.000 millones. Sacando el fondo de garantía, que debe ser de $ 85.000 millones, quedan otros $ 50.000 millones. Con sólo destinar la mitad de ese monto, ningún jubilado del país cobraría menos de $ 1.215 por mes. Hoy, la falta de plata no es excusa", alertó.

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