El ARI necesita del "sí" de la oposición para transitar su lastimada gestión

Las aguas que dividen al propio Gobierno dificultan los intentos de diálogo que se intentan trazar con el arco opositor. Todo está listo para la sanción de la tarifaria pero restará esperar a la sesión del jueves de la Legislatura, donde cuando el oficialismo deberá defender las benevolencias de la norma.
USHUAIA.- El Gobierno del ARI, inmerso en una realidad que no deja de ser adversa, transita estos días sin exhibir un rumbo preciso. Solo espera la sanción de leyes que le traiga a su lastimada administración una bocanada de aire fresco.

Por un lado, todavía no hay definiciones sobre el posible tratamiento y sanción de la ley que otorga beneficios impositivos a la industria electrónica fueguina, bandera K a la cual se sumó con inusitadas ansias la mandataria provincial. Esa batalla la encabezó Ríos en primera persona logrando reuniones con parlamentarios nacionales y conferencias de prensa donde se mostró acompañada de senadores y diputados de todas las banderías políticas que integran el Congreso Nacional, pero al parecer no alcanzó.

Según reconocieron referentes de la oposición, cuando un proyecto de ley de tal envergadura presenta las trabas que acarrea el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional, difícilmente llega a ver la luz.

Como a muchos les gusta pregonar, "la única batalla que se pierde es la que se abandona", restará esperar los resultados de la empresa que, paradójicamente, une a dos mandatarias que en la contienda política supuestamente están separadas por sus respectivas concepciones en cuanto a la manera de administrar el Estado.

Y si nos acercamos a la realidad de la provincia, las miradas del oficialismo, sin dudas, seguirán de cerca el transitar de las decisiones que tomen los legisladores del arco opositor.

Es que ésta vez, y "por fin" para el alivio del Gobierno, está prevista la realización de la cuarta sesión ordinaria del Parlamento fueguino. Encuentro donde se espera que los quince legisladores den el sí a la tan ansiada ley tarifaria corta.

Hasta hace dos semanas no se observaba sombra alguna para la sanción de la normativa. Pero la irrupción de un informe periodístico emitido por los canales del Estado en ambas ciudades -y que aún nadie en el oficialismo registró su autoría- logró que ese trayecto compartido entre oposición y cierto sector del oficialismo no diera sus frutos.

Más allá del acuerdo en lo eminentemente técnico de la normativa, el "consenso" alcanzado por los legisladores y funcionarios se gestó tras el trabajo que impulsan tanto el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu -quien por estos días muestra su perfil más bajo- y el titular de la bancada del ARI, Fabio Marinello, quienes son resistidos por un sector dentro del propio Gobierno, a pesar de que ellos lo desmienten públicamente, como es de esperar.

Cabe recordar que según indicaron desde las distintas bancadas, las cuestiones técnicas que gestan la nueva ley corta ya fueron acordadas luego del intenso trabajo que realizaran los parlamentarios de la oposición junto al ministro de Economía y su equipo técnico.

Todo hacía perfilar un camino allanado, pero de manera poco clara se reflejó un inusitado informe que intentó echar por tierra todo lo andado. En voz baja muchos coincidieron en responsabilizar al titular del cuerpo, Manuel Raimbault como el "ideólogo", situación que no fue negada de manera pública o través de una gacetilla de prensa, método que sí se elije utilizar ante otros temas que al parecer son de mayor trascendencia para el arista.

Oficialismo que nunca llega

Una de las críticas que insistentemente se le profiere al Gobierno del ARI es que nunca se dieron cuenta que ya dejó de ocupar el sector de la oposición que estaba acostumbrado a ocupar. Desde sectores políticos y sindicales reclaman que en los tiempos que corren el oficialismo deje de lado el "discurso de barricada", para tomar la posta que los ubica en el centro del poder que le confirió la mayoría de la comunidad.

Basta recordar el cimbronazo que sufrieron el 28 J, fecha que demostró el descontento de la gente para con su forma de ejercer sus políticas. En ese sentido, la mandataria llamó a una gran concertación, una gran mesa de diálogo que para muchos dirigentes se trató de una farsa y circo mediático.

Desde la bancada del MPF, el legislador Roberto Frate, marcó como llamativo la ausencia en los "espacios naturales de diálogo" entre el Legislativo y el Ejecutivo del presidente del cuerpo, el oficialista Manuel Raimbault.

Siguió al calificar como "natural" que en todo proceso que busca alcanzar consensos entre las distintas bancadas políticas, sea el responsable del cuerpo parlamentario quien ocupe ese lugar preponderante en el diálogo que debe existir entre ambos poderes del Estado.

Pero observó que, al parecer, el ARI decidió variar ese camino, y según las experiencias que se vienen observando esa responsabilidad recae tanto en el titular de la bancada del oficialismo, Fabio Marinello como en el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu.

En tanto, el mopofista, al igual que otros parlamentarios, consideró "desafortunado" el informe emitido hace unas semanas atrás por los canales estatales que buscaron desprestigiar a ese poder Legislativo.

"Nosotros no vamos a dejar de avanzar en la tarifaria por un informe, evidentemente esto entorpece, pero sabemos discernir entre una situación y otra. De todos modos, no es lo correcto que un gobierno salga a desprestigiar a otro poder del Estado a través de un canal oficial", afirmó Frate.

Por otro lado, la integrante del Frente para la Victoria, Ana Lía Collavino, hizo un balance de las relaciones que ubican al Ejecutivo ante el Legislativo, y en ese sentido dijo que no hubo avances reales que modifiquen el vínculo entre ambos poderes.

"El Ejecutivo no logra generar canales de diálogo que realmente lleven a un trabajo fructífero entre ambos poderes. Siguen errando a las estrategias comunicacionales y una de las pruebas es el informe emitido por los canales estatales", afirmó.

Coincidió con el mopofista al señalar que existe un sector del ARI que trabaja para alcanzar consensos, pero evidentemente en muchas oportunidades no son suficientes. Según indicó, mejorar el vínculo y las relaciones con el Parlamento no es la estrategia del Ejecutivo.

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