En la antesala del Congreso sobre Jurisdicción Universal en el siglo XXI que se realizará en la ciudad el mes próximo, el juez español Baltasar Garzón y el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debatieron ayer sobre la posibilidad de ampliar la justicia universal a los crímenes económicos y ambientales.

En un desayuno organizado con periodistas, los dos reconocidos juristas coincidieron en que desde los años noventa, cuando comenzaran a aplicarse los principios de jurisdicción universal, han surgido nuevas formas de violaciones masivas de derechos humanos, como la contaminación ambiental, el saqueo de recursos naturales o los crímenes financieros.

Por ese motivo, a partir del trabajo con especialistas de todo el mundo, pretenden llegar a una "aproximación de lo que podrían ser los nuevos crímenes de lesa humanidad, con una perspectiva más social, económica, financiera y medioambientalista”, según explicó el español, quien espera que esa propuesta, que se formalizará el 9 y 10 de septiembre en el Congreso, sea uno de los principales debates de los derechos humanos en los próximos diez años.

En ese sentido, uno de los temas que se discutirán es el de los fondos buitre y su rol en la deuda externa de los países en desarrollo. “La regulación de estos crímenes resulta necesaria. La situación actual ayuda a que puedan producir actividades por fuera del derecho. Es necesario que se regule la actuación de jueces como (el estadounidense Thomas) Griesa”, sostuvo Garzón.

A su lado, Zaffaroni agregó: “Obviamente que de lesa humanidad son conductas macro estafatorias que pueden desarmar países o aumentar el contenido de carbono en la atmósfera. Cuando hablo de lesa humanidad también hablo de muertes masivas o de genocidio: desarmar económicamente a un país produce muertos y el calentamiento global, también.”

Sin embargo, ambos señalaron que no van a encontrar apoyo en muchos países y que este tipo de iniciativas tendrá la oposición de los Estados Unidos y la Unión Europea. "Hay reticencia pero también hay necesidad porque no hay nada regulado, como el rol de las agencias calificadoras de riesgo o la responsabilidad penal de las corporaciones", señaló Garzón.

El juez de la CIDH pidió prudencia en este tipo de iniciativas, porque "en materia penal, todo discurso se pervierte y toda instrumento se puede pervertir", por lo que "hay que cuidar que los elementos que hagamos con las mejores intenciones no se conviertan en un instrumento para selectividad impune".

En ese sentido diferenció la justicia universal utilizada por las corporaciones trasnacionales que “tienen posibilidad de trasladarse y trasladar su plata, tanto en los países del centro como de la periferia", y tienen la intención de "llevar a la justicia universal lo que les molesta", por lo que puede servir "como un acto de justicia o para perseguir". "Tenemos que lograr que eso no pase, eso es lo que hay que debatir", señaló.

Con respecto a la dificultad que se encontró en Argentina para avanzar sobre los delitos cometidos por grupos económicos en la dictadura, Garzón consideró "muy grave que el Poder Judicial se conforme con llegar a los responsables máximos de la represión pero no con el entramado financiero que hubo detrás". Zaffaroni consideró que se va a llegar a juzgar a esos grandes grupos empresarios que colaboraron con la dictadura, pero que eso dependerá de la relación de fuerzas.

Por último, Garzón se refirió a la situación en España, donde el gobierno del Partido Popular frustró todos los intentos para juzgar los delitos de la dictadura franquista. Consultado por la posibilidad de que un cambio de gobierno modifique ese régimen de impunidad, el ex magistrado de la Audiencia Nacional española aseguró: "Si ocurriera lo que sucedió en Argentina en 2003, con la decisión que tomó Néstor Kirchner al asumir como presidente, la respuesta es sí. Pero si sigue el PP, seguro que no", indicó. Reclamó además a los partidos políticos españoles que especifiquen sus programas políticos sobre Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. «

Especialistas de todo el mundo debatirán en Buenos Aires

Auspiciado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el 9 y 10 de septiembre, se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, donde confluirán especialistas de todo el mundo para debatir los nuevos crímenes de lesa humanidad.

Al evento acudirán además referentes de los Derechos Humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la ganadora del premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú. También estarán Fabricio Guariglia, fiscal de la Corte Penal de La Haya; Frank La Rue, ex relator Especial de la ONU sobre promoción y protección de la libertad de expresión, y Gina Gillen Grillo, diplomática de la Misión Permanente de Costa Rica ante la ONU. Todos bajo la dirección de Garzón y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni.

"Se va a analizar la definición o aproximación a lo que podría ser los nuevos crímenes de lesa humanidad, con una perspectiva más social, económica, financiera, medioambientalista. En definitiva, vamos a estudiar que se ha conseguido, los logros y dificultades de los últimos 18 años", explicó ayer Garzón sobre el encuentro.

La propuesta se está desarrollando desde hace dos años, cuando se realizó el primer congreso en Madrid.  "Decidimos cerrar en Argentina porque, como ningún otro país, se ha caracterizado por su lucha contra la impunidad", agregó.