Necesario control del Congreso

Por: Alejandro Rossi

PROFESOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO, ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

Los decretos de necesidad y urgencia 2010/2009 y 18/2010 instrumentan sucesivamente la decisión del Poder Ejecutivo de definir la aplicación de reservas del Banco Central y destituir al Presidente del Banco Central (que se opone a ello), en ambos casos sin dar cumplimiento a la obligatoria intervención del Poder Legislativo. Ambos decretos fueron cuestionados en la Justicia que dictó sendas resoluciones en virtud de la cuales se deja sin efecto ambos Decretos hasta tanto se cumplan con los recaudos establecidos por la Constitución.

Lo que se discute con motivo de las presentaciones judiciales es si el Poder Ejecutivo debe aguardar la convalidación del Poder Legislativo o no. La cuestión reviste la mayor trascendencia institucional por cuanto el art. 24 de la ley reglamentaria de la Constitución Nacional establece que "el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2° del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Lo que ahora corresponderá resolver es el efecto de las apelaciones presentadas por el Poder Ejecutivo. La ley de amparo 16.986 en su artículo 15 sostenía que la apelación debía ser concedida con efecto "suspensivo", es decir, que mientras no sea resuelta por la Cámara de Apelaciones, la medida cautelar otorgada por el juez de grado queda suspendida y en consecuencia los actos irregulares deben seguir, sin más.

Por esa razón, numerosos especialistas entendemos que el artículo 15 debe entenderse derogado con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, que reconoce la supranacionalidad de los Tratados Internacionales y en particular del Pacto de San José de Costa Rica en su art. 25.

En síntesis, parece que lo único claro en estas circunstancia es la necesidad imperiosa de que el control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo pueda finalmente materializarse, sin tornarse abstracto mientras se sustancian las apelaciones, a fin de asegurar el balance de poderes previsto en la Constitución Nacional.

Comentá la nota