Ñandubaysal SA denuncia dilación en la causa radicada contra Botnia

Un protocolo de cooperación y asistencia civil, comercial, laboral y administrativa firmado por ambos países obliga a Uruguay a colaborar con trámites judiciales en el marco del Mercosur.

La empresa privada concesionaria del balneario Ñandubaysal SA de Gualeguaychú difundió hoy un comunicado en el que denuncia las dilaciones que ha sufrido la causa promovida contra la empresa Botnia por contaminación y perjuicios económicos radicada en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en octubre de 2007.

En esa oportunidad Ñandubaysal SA promovió una acción judicial contra Botnia SA que fue radicada ante ese Juzgado con el objeto de promover la tutela preventiva de los daños a causar por la demandada a la empresa turística por la contaminación proveniente de la planta Botnia, en Fray Bentos, muy cercana al tradicional establecimiento.

El comunicado firmado por el doctor Moreno Navarro señala que la demanda no comprendía a país alguno y fue promovida por una empresa a otra empresa.

"Ahora, en una actitud que transparenta los verdaderos motivos de esa demora obstructiva las autoridades de la República Oriental del Uruguay, han rechazado formalmente tramitar la notificación de nuestra demanda; lo que significa haber puesto grave impedimento para que la causa iniciada pueda seguir su curso, ya que es requisito ineludible, la previa notificación de la demanda en el domicilio de la demandada", indicó.

El abogado explicó que, normalmente, ese trámite es de rutina y se realiza con intervención de las Cancillerías, excepto en los casos en que esté regulado por convenios específicos. "En este caso –precisamente- ambos países han suscripto con anterioridad el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa del Mercosur. Por el mismo, los países miembros del Grupo deben prestarse asistencia mutua en este tipo de trámites judiciales. Pese a la concisión y claridad de sus normas, el Uruguay no lo ha cumplido en esta causa".

Por otra parte señaló que el Poder Ejecutivo Oriental pretende impedir de esta manera, que una empresa privada argentina pueda litigar contra otra empresa privada, en este caso finlandesa, domiciliada en su territorio, otorgándole una cobertura que implica para ella, una verdadera inmunidad de jurisdicción. Y para nuestra empresa, una lisa y llana privación de justicia.

"Se ha esgrimido como motivo, razones de seguridad y Orden Público, lo que constituye una afrenta adicional por la absoluta falta de fundamento ya que no están de por medio ni la seguridad ni el orden público: sólo dos empresas.

Asimismo indicó que llama la atención "la actitud incoherente del Gobierno Uruguayo, en cuanto ha enfatizado sobre los derechos constitucionales que se afectarían por el corte de la Ruta 136 y otras medidas, a la vez que nos priva arbitrariamente de un derecho humano de rango constitucional, como es el acceso a la Justicia".

"Este comportamiento incoherente y arbitrario, nos provoca alarma ante el destino de futuros reclamos de personas o empresas damnificadas por daños ambientales, originados en ese emprendimiento", expresó.

Más adelante fundamentó que "la propia empresa Botnia se escuda en dicha protección para evitar tener que dar explicaciones sobre las consecuencias actuales y futuras de su funcionamiento sobre el río Uruguay. Una actitud propia de quien tiene mucho que ocultar".

Finalemnte indicó que la empresa Ñandubaysal SA persistirá en esa acción judicial que excede el interés personal, para abarcar intereses colectivos de los afectados de toda la región. "A ese fin, agotaremos todas las instancias necesarias para notificar esta demanda a la firma Botnia SA sea en la ROU como en cualquier parte del mundo en el que desarrolle actividades. Asimismo, denunciaremos este incumplimiento del Estado Uruguayo ante los órganos correspondientes del Mercosur", concluyó.

Comentá la nota