En una de las últimas sesiones del año, el Senado sancionó el proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara de Diputados, que  establece la prórroga  de la emergencia social ya existente en los términos de la Ley 27.200, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Además el proyecto crea en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social el Consejo de la Economía Popular. En el marco de este Consejo se debe implementar una transformación gradual de los actuales programas sociales nacionales en un Salario Social Complementario. Para cumplir estos objetivos la iniciativa faculta al Jefe de Gabinete a efectuar las  reestructuraciones presupuestarias necesarias hasta un monto de $30.000 millones durante el plazo de vigencia.

“Es una respuesta al 35% de los trabajadores que están en la informalidad. Estamos hablando de  6 millones de personas que no tienen sus derechos básicos, aportes jubilatorios, obra social, indemnización, vacaciones, que la pelean todos los días y muchas veces no llegan ni al salario mínimo”, apreció el legislador formoseño al dar su impresión.

“Mientras aprobamos este proyecto se está discutiendo en una mesa de diálogo intersectorial una reforma al impuesto a las ganancias, que sin duda es necesaria, pero que afecta a menos del 10% de la población con mayores ingresos.  Para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, el ingreso promedio de los argentinos es de $9716. El 10% con mayores ingresos, aquellos que ganan entre $20.000 y $750.000, se lleva el 31,3% de toda la torta. Mientras tanto, en el otro extremo, el 10% con menores ingresos  los que ganan entre $22 y $2470, sólo toman el 1,4% del ingreso total. Son dos caras de una Argentina profundamente desigual, y desde la política tenemos que hacer una autocrítica y hacernos cargo de esta deuda”, acotó.

Naidenoff recordó también que “este no es un proyecto aislado. A lo largo de este año la cuestión social fue una prioridad para este gobierno, y quedó demostrado con las medidas que se tomaron, como la ampliación de asignaciones familiares, la devolución del iva, la reparación histórica y pensión universal. Esta  preocupación se refleja en el presupuesto que se aprobó para el 2017, que destina para el Ministerio de Desarrollo Social para el año próximo un 46% más que lo establecido para el presupuesto del año 2016. En un año que sin duda fue complejo se tomó la decisión política de priorizar la cuestión social, con medidas potentes para contener de abajo hacia arriba”.

“Quiero destacar principalmente que el proyecto de emergencia que sancionamos surgió del consenso y del acuerdo entre todos los actores.  En octubre  la ministra de Desarrollo Social puso en funcionamiento la mesa tripartita por el diálogo social, con representantes de organizaciones sociales y de la Iglesia, y el proyecto es fruto de ese diálogo.  Estoy convencido de que Argentina tiene que acostumbrarse a transitar por este camino, porque las soluciones a muchos problemas estructurales irresueltos y las políticas de estado solo pueden venir de la mano de tender puentes, más allá los diferentes puntos de vista, con el objetivo de mejorar la vida de la gente” finalizó.