El equipo de AFIP que llevó adelante la parte inicial de la investigación es el mismo que actuó para la causa que derivó en el procesamiento de Lázaro Báez, su hijo Martín y dos funcionarios de AFIP, Fabiola Bartra Alonso y Mónica Majhen Otero. Esta pesquisa, recordemos, se abrió por una factura de menor monto ($320), y llegó a establecer un fraude en facturación irregular por ochenta millones de pesos. Todos los sometidos a este proceso están en libertad en tanto se sigue el trámite judicial que culminará en el juicio a los mencionados.

En Mar del Plata, sin embargo, por la comisión de delitos de similar tenor, la inmediata decisión de Santiago Inchausti siempre es detener, con espectacular despliegue de fuerzas federales y, obvio es, desprolijidad procesal. En este caso han cometido arbitrariedades que bien pueden hacer caer todo el procedimiento: este lunes ingresará al Colegio de Abogados una nota que reclama el incumplimiento de la ley durante el allanamiento. ¿Por qué? Es que si bien el domicilio allanado gira bajo el nombre de fantasía de Estudio Jurídico Previsional, cuando menos Luis Iroz tiene allí constituido su despacho de abogado, y la ley dice claramente que ante un allanamiento de tal naturaleza, el Colegio de Abogados debe ser notificado cuarenta y ocho horas antes, cosa que ni Inchausti ni el fiscal Nicolás Czizik efectuaron. ¿Olvido conveniente?

En su defensa, esto es, en el escrito a la Cámara Federal —en donde entienden tienen amplias posibilidades de recuperar su libertad—, los imputados alegarán ser perseguidos por la ANSES. El motivo alegado es ser más eficiente que ANSES para lograr resolver los procesos jubilatorios, aludiendo a la incapacidad y corrupción existentes en dicho ámbito estatal.

Que haya tres abogados representando a las partes no indica confianza entre los actores, que están buscando salir airosos de una situación que es mucho más compleja que la que atravesaron en la Fiscalía 10 de Delitos Económicos de la provincia, donde todo cerró con una amable probation.

Esta causa por la que están detenidos comenzó el 14 de abril de 2015. Sergio Gustavo Fenzel, apoderado de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, formuló denuncia contra Luis Miguel Irós y Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez (todos integrantes de la sociedad “Organización Jurídico Previsional S.R.L.”), como también contra José Ricardo Caliyuri  por los delitos de filtración de información, cohecho, falsificación de documentos y asociación ilícita. Lo que está en juego ahora es la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad. Y la libertad o la cárcel en consecuencia.