La nacionalización parece ser la única manera de poner un punto final a la crisis bancaria

Por FRANCESCO GUERRERA

El control de bancos en manos del gobierno solucionaría dos problemas clave, la fijación del precio de los activos tóxicos y la reticencia a realizar préstamos

Se acabó el juego: dentro de las próximas semanas, si no días, el gobierno de Estados Unidos tendrá que intervenir y nacionalizar uno o más bancos.

Los posibles candidatos al dudoso honor de pertenecer a Washington Inc. se encuentran al final de un largo sendero de pérdidas crediticias, errores de gestión y colapso de los precios de las acciones. Entre ellos, Citigroup, Bank of America y un diverso grupo de bancos regionales y comunitarios. Barack Obama, presidente de EE.UU., tendrá que recurrir a su gran habilidad de oratoria para evitar la palabra que comienza con “N” y no cometer ningún error.

¿Por qué estoy tan seguro? Porque al ocuparme de los bancos de EE.UU. para el Financial Times, durante el año pasado, pude ver de cerca el derrumbe del sector bancario global.

Esta combinación destructiva de ineptitud, miopía y avaricia que condujo a la crisis ha hecho imposible que funcionen las soluciones graduales.

Cuando los comentaristas advierten que el fracaso del último plan de rescate de EE.UU podría causar la “japonización” del sector financiero, se equivocan. Es demasiado tarde para preocuparse por si los bancos se están convirtiendo en “autómatas”. Ya lo son.

Aplastados bajo una pila de activos tóxicos, paralizados por los balances insignificantes y abandonados por inversores temerosos, instituciones que alguna vez fueron muy poderosas, por ejemplo Citi y BofA, ahora apenas son capaces de realizar funciones básicas tales como otorgar préstamos y hacer colocaciones.

En realidad, la única razón por la cual estos bancos no terminaron junto con Lehman Brothers, Bear Stearns y Washington Mutual en el basural financiero es porque los contribuyentes los apuntalaron con más de u$s 500.000 millones en inyecciones de efectivo y garantías.

En esta etapa, alguna forma de nacionalización es tanto un imperativo político como financiero. Este concepto ha ganado el apoyo proveniente de sectores de los que no se esperaba. El relato en Financial Times de cómo Alan Greenspan pasó de ser un ícono del liberalismo del libre mercado a proponer una nacionalización temporaria resultó conmovedor.

La realidad es que hasta el ala derecha del espectro político se da cuenta de que no se puede dejar que los bancos hagan lo que quieran mientras reciben fondos federales.

Desde una perspectiva financiera, la nacionalización de uno o más bancos –seguida de una oferta pública una vez que las instituciones estén limpias– no tiene que ser una pesadilla socialista o, en palabras de un banquero estadounidense cuya memoria no era muy buena, “una idea para tontos y europeos” (¿qué hay de AIG, Fannie, Freddie y IndyMac?).

El control del gobierno solucionaría dos problemas clave que han acechado a los encargados de formular las políticas desde el comienzo de la crisis: la fijación del precio de los activos tóxicos y la reticencia de los bancos a realizar préstamos.

A diferencia del management actual, que vive con temores de que haya más amortizaciones, el Tesoro tendría poco que perder si se reduce el valor de los activos problemáticos. Esto, a su vez, haría más fácil venderlos a los fondos de private equity y a inversores de hedge funds.

La razón por la cual Citi, BofA y otros bancos no han podido alivianar sus balances es que la alta gerencia ha tenido un aliciente para tener esperanzas, contra todos los pronósticos, de que los mercados mejoren.

Una parálisis similar ha afectado las decisiones relacionadas con el otorgamiento de préstamos. Atemorizados por la posibilidad de que haya nuevos incumplimientos de pagos por parte de consumidores y empresas que han tocado fondo, los organismos de crédito han suspendido sus actividades, exacerbando de esta manera las dificultades económicas a las que están tratando de escapar. Por el contrario, un enfoque pragmático por parte del gobierno, junto a su mayor tolerancia a las pérdidas, dirigiría los fondos hacia donde la economía los necesita.

La principal cuestión que debe enfrentar el gobierno es cómo nacionalizar a los bancos perjudicados.

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