por Alcadio Oña

Afirma el ministro de Economía de un gobernador que pisa fuerte en la liga de gobernadores: “Todavía no nos han mandado ni una sola señal, y menos un temario tentativo. Vamos a esperar a ver qué piden o qué proponen para luego contestar”. Responde un funcionario nacional que conoce el juego: “Seguro que habrá una pulseada fuerte, pero ellos tienen bastante claro por dónde irá la cuestión y no pueden hacerse los desentendidos”.

Nada de novela de espionaje, bien concreta la cuestión se llama ajuste y más precisamente la magnitud del ajuste que Nación y provincias compartirían como parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Aunque mejor sería decir, los gastos que el macrismo pretende sacarse de encima y transferírselos a provincias y municipios de modo de achicar sus propias cuentas.

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De movida ya está bajo la lupa del gobierno central un paquete grande de recursos que atiende necesidades de lo más diversas. Aparecen, entre otros, gastos para mantenimiento de calles y de caminos; para preservación del medio ambiente; arreglos en escuelas y en centros de salud; viviendas e, incluso, computadoras y textos de educación.

El muestreo, por cierto limitado, fue hecho a mano alzada por el funcionario nacional y coincide en parte con el que, también a mano alzada, baraja el ministro provincial. Puesto en el extremo, habría allí $140.000 millones de por medio.

Pero, así no llegue a ese extremo, vale remachar que la guadaña no pasará únicamente por las provincias peronistas. Guadaña y costos políticos añadidos tocarán, también, a las jurisdicciones gobernadas por el macrismo y sus aliados radicales y a municipios importantes de Cambiemos.

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Donde ya existe un anticipo preciso y contundente del ajuste que viene está en el golpe a la inversión pública durante el primer trimestre. Incluso antes del acuerdo con el FMI y pese a una inflación anual del 25%, hubo un recorte de $ 6.200 millones contra el mismo período del año pasado, según números de Asap, una organización dedicada al estudio de las cuentas del Estado.

El saque mayor fue sobre las transferencias de capital a las provincias, que bajaron 30% o, mejor dicho, que bajaron 30% mientras los costos aumentaron al 25%. Sin ser ya inversión pública, las transferencias para gastos corrientes -salarios, por ejemplo- también sintieron el efecto de la podadora: subieron 11%, o 14 puntos porcentuales menos que el índice de precios.

Hay varios factores y una definición común a ambas partidas. Corren por fuera de la coparticipación, son manejadas directamente por la Casa Rosada y pueden ser recortadas en cualquier momento; por eso se las llama transferencias discrecionales.

Podría deducirse entonces que gobernadores e intendentes oficialistas tienen ventajas sobre sus rivales de la oposición, como las tuvieron los leales en la era kirchnerista. Es desde luego una posibilidad, sólo que ahora es una posibilidad de vuelo bajo: las transferencias a las provincias ocupan la primera línea del ajuste, con quitas progresivas que superan largamente a la inflación proyectada en el acuerdo con el Fondo Monetario.

Previsible donde la plata pintará escasa, el Gobierno también deberá pulsear con los propios: sea porque ellos quieren mantenerse en los lugares donde están o porque buscan desplazar a otros de los lugares donde están. Llegado el caso, habrá ruidos añadidos en las legislaturas y en los concejos deliberantes.

Vale recordar que estas son transferencias ajenas a las de la coparticipación, a aquellas que las provincias reciben por el reparto de los impuestos nacionales. Y vale, justamente, porque entre la coparticipación y ciertas compensaciones surgidas del pacto fiscal con el gobierno central, los giros al interior acumulan un apreciable crecimiento del 44,8% promedio hasta mayo.

Esta vez son datos del Iaraf, un instituto de análisis fiscal, y marcan un aumento real del 15%. A no todos los gobernadores les va igual, pero a la mayoría las cuentas grandes no les dan mal.

El punto es hasta dónde los que dependen mucho del poder central tienen margen para bancar sueldos, aguinaldos y otros gastos corrientes que antes cubrían con las transferencias discrecionales. Más lo que sigue, la falta de recursos para obras públicas.

Viene cantado que el tiempo del ajuste a todo trance terminará por sepultar otra aspiración de los gobernadores: desde 2019, la Casa Rosada dejará de aportar al Fondo de Incentivo Docente, o sea, al sueldo de los maestros.

Ya quedó claro y convenido con el FMI que se evitarán las leyes y el riesgo de que puedan ser trabadas por la oposición. Todo lo que hasta aquí se ha anotado parece encuadrarse dentro de ese objetivo.

Pero a eso le falta nada menos que la ley del Presupuesto Nacional 2019. Es cierto que, en el peor de los casos, el Poder Ejecutivo podrá manejarse a puro decreto de necesidad de urgencia y a resolución limpia. Cristina Kirchner lo hizo en 2011, apelando a medio centenar de medidas.

La cuestión es si alcanza con que todo eso sea formalmente cierto. Y como al ruido del FMI se le juntaría el ruido de los decretazos, oficialistas y opositores prometen explorar a fondo el camino de la negociación.