La Nación pide informes sobre la muerte de dos niños wichi

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) que informe sobre la muerte de dos niños de la etnia wichi ocurrida el 4 de este mes en la finca Caraguatá, donde sus padres realizaban trabajos en un desmonte de la empresa Nuevo Horizonte.
El delegado local de la Secretaría de Derechos Humanos, Martín Ávila, remitió el pasado 14 de este mes un pedido de informes al normalizador del IPPIS, el subsecretario de Pueblos Originarios Fausto Machuca, para que brinde información "respecto de las circunstancias que rodearon el hecho (de la muerte de ambos niños)" y "si lo fue por causas de desnutrición", como se informó al principio.

Ávila hizo este pedido valiéndose de publicaciones aparecidas en Nuevo Diario y en el otro matutino de la provincia, que dieron cuenta de los decesos de los dos niños, uno de poco más de un mes y el otro de dos años y medio, integrantes de una familia de apellido Negro que reside en la localidad de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia.

La primera información que se brindó sobre los fallecimientos daba cuenta de que habían ocurrido por desnutrición y deshidratación.

Sin embargo, posteriormente el director del Hospital de Tartagal, Armando Figueroa, quien realizó una inspección en el lugar, sostuvo que las muertes se produjeron por una afección respiratoria. Según explicó, efectivamente los chicos habían caído en un estado de desnutrición y deshidratación porque las llagas que tenían les impedían tragar alimentos y bebidas.

En su informe, remitido al Ministerio de Salud de la provincia, Figueroa también dio cuenta de la forma precaria en que vivían las familias aborígenes contratadas en el desmonte de la finca Caraguatá, cuyos propietarios afirmaron que nada sabían de esta situación porque los obreros eran subcontratados por contratistas de la finca.

Viviendo entre los árboles

El médico Armando Figueroa describió que los indígenas estaban viviendo entre los árboles, debajo de toldos de plásticos, sin ninguna otra comodidad.

Sobre estos aspectos Ávila también hizo requerimientos: "Atento a la normativa vigente de orden constitucional que protege tanto a las comunidades indígenas como a los niños en general", solicitó asimismo información "sobre la asistencia que reciben o recibieron dichos niños y las comunidades indígenas en general y que esté ejecutándose o por ejecutar, o se encuentra suspendido, y en su caso, los motivos" de esta suspensión.

Los dos decesos también provocaron la reiteración de un pedido de la defensora Natalia Buira, quien la requirió al Colegio de Gobierno del Ministerio Público que a través de los defensores o fiscales de la jurisdicción se inicie una acción de amparo colectivo para tutelar el derecho a la vida, la salud y la no discriminación de estos niños.

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