Las diferencias entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de Santa Cruz siguen siendo notorias. El ministro de Economía había indicado a los jubilados que necesitaban 600 millones de pesos para hacer frente al pago del medio aguinaldo y que, ante la judicialización del endeudamiento, se había solicitado un adelanto financiero a Nación para hacer frente a dicha obligación.Aunque al momento de debatir la inclusión de un artículo en la ley de reordenamiento de la deuda, que fijaba como primera prioridad el pago del aguinaldo de junio, algunos legisladores afirmaron que existía la intención de avanzar en una primera operatoria “urgente” por 250 millones de pesos para poder afrontar dicha obligación. Maniobra que se vio abortada por la presentación judicial de los diputados de la oposición.Días atrás y mientras crece el reclamo de los gremios por la falta de cancelación del SAC, el Ministerio de Economía emitió un breve comunicado en el que reiteraba que el pago siempre estuvo supeditado a la toma de deuda, y que ante la judicialización de la norma esto se había visto imposibilitado, y adelantaba que se había pedido una ayuda a la Nación para hacer frente a la cancelación del aguinaldo. Posteriormente, en una reunión con jubilados que se convocaron a las puertas del Ministerio, Juan Donnini le señaló a la vocal por los Pasivos, Susana Ruiz, que el esfuerzo económico para hacer frente a la primera cuota del SAC era de 600 millones de pesos y que hasta no obtener respuesta de la solicitud hecha a Nación no tenían fecha posible de pago.

Menos del 10%Ayer, en el Boletín Oficial Nacional se publicó el Decreto 857/2016 por el cual se dispone un adelanto financiero a la provincia de Santa Cruz, pero la sorpresa es que el mismo es similar al otorgado el mes pasado, es decir por 50 millones de pesos. Menos del 10% de lo que Economía asegura requiere para cancelar los aguinaldos.Además, advierte el decreto que dicho monto deberá ser devuelto “dentro del mes de su otorgamiento, mediante la retención del producido de los mismos impuestos coparticipados”, aunque aclara en el párrafo siguiente que “el PEP podrá, con opinión favorable del ex Ministerio de Economía, ampliar dicho plazo de devolución, sin exceder el ejercicio fiscal en que se otorgue”.Y también aclara que dicho adelanto “devengará intereses sobre saldos, desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución, de acuerdo con la tasa y la modalidad que allí se establece”.Al tiempo que dispone que para dicha cancelación se afectarán los recursos coparticipables devengados por la ley 23.548.En las razones esgrimidas para otorgar el adelanto, reconoce el Gobierno Nacional que la provincia se ve impedida “en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas” y que, en función de ello, “resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa la provincia”.

Mirada distintaA la hora de determinar el monto, el propio decreto señala que el mismo se hace en base a la solicitud hecha por el Gobierno Provincial (cabe aclarar que se desconoce el monto real pedido) como así también su participación en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.Sin embargo, en la misma edición del Boletín Oficial y con un número menos que el que corresponde a Santa Cruz se publica el decreto 856/2016 por el cual se le otorga, también, un adelanto financiero a Tierra del Fuego.Si bien el mismo fue dado en las mismas condiciones de devolución que a Santa Cruz, pese a que la Isla tiene una participación menor en la Coparticipación, e incluso una población inferior, el Poder Ejecutivo Nacional, sin dar mayor razón, decidió otorgarle un adelanto financiero por exactamente el doble: 100 millones de pesos.