La intempestiva salida de Daniel Cameron de la Secretaría de Energía –acompañada pocos días después por la de Luis Beuret, subsecretario del área eléctrica- sembró dudas en la industria acerca de la continuidad o no del programa de convergencia tarifaria impulsado este año por el Gobierno, que congeló el valor de las facturas de luz en el interior del país hasta el 31 de diciembre. A cambio, la Casa Rosada se comprometió a solventar obras para mejorar el tendido eléctrico en todas las provincias.
Tres semanas después de la designación de Mariana Matranga –una ingeniera química que integra el equipo de trabajo del ministro de Economía, Axel Kicillof- como secretaria de Energía, hay certezas de que la iniciativa eléctrica continua vigente. Esta semana, Paulo Farina, flamante subsecretario de Energía Eléctrica, se presentó en sociedad con la firma de los convenios técnicos con funcionarios provinciales para financiar obras en la red de distribución de luz. El miércoles rubricó acuerdos representantes de Neuquén y Mendoza.
La resolución 530 de Energía –publicada a fines de mayo- oficializó la implementación de un acuerdo de convergencia de las tarifas eléctricas. En términos programáticos, la iniciativa apunta a dar señales de estabilidad en torno a los precios de la energía a nivel nacional; alinear los esquemas tarifarios con parámetros comunes en todo el país; y avanzar con la quita de subsidios previa identificación de los sectores que deben permanecer protegidos. En la práctica, se aspira a mantener a flote el sector eléctrico hasta el año que viene.
La medida pretende también reconstituir la cadena de pagos del sector, jaqueda por el congelamiento de las tarifas en Buenos Aires y el Conurbano y por el incremento de los costos. La resolución establece que las distribuidoras con deudas a favor de Cammesa deberán rubricar un plan de pago de hasta 36 cuotas con la administradora del mercado eléctrico (MEM) para ponerse al día.
Farina, un economista que el último año se desempeñó como gerente de Finanzas de Cammmesa, ya firmó los convenios de implementación con funcionarios de Tucumán, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y de la provincia de Buenos Aires. Incluso, en algunos casos empezó a financiar las obras prometidas. “El acuerdo prevé el giro en forma de anticipo de hasta un 20% del monto total comprometido”, explicó a El Inversor Online un representante provincial.
El Gobierno financiará este año mejoras en el sector de distribución por entre 200 millones y $ 250 millones en cada provincia. La iniciativa demandará a nivel nacional más de $ 4000 millones. El objetivo es robustecer las zonas de la red más deterioradas a fin de evitar cortes en el verano cuando se dispare la demanda residencial
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