Cinco meses de paralización de los pagos y, en consecuencia, de las obras. Casi $ 3.400 millones de deuda con las empresas constructoras. Obras pagadas y no terminadas y un tercio de las viviendas inauguradas sin los estándares mínimos de calidad. Ese es parte del diagnóstico que realizó el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, el tucumano Domingo Amaya, a poco más de dos meses de haber asumido al frente de la cartera. En un informe al que accedió LA GACETA, el ex intendente de San Miguel de Tucumán da cuenta de algunos casos paradigmáticos de presuntas anomalías con los que se topó. Entre ellos, aparece el de la construcción de un jardín de infantes por la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, madre de Marita Verón, en los predios del ex hospital Militar (Italia y Viamonte). El texto detalla que el monto pautado para la obra es de $ 22,4 millones, y que al 4 de diciembre del año pasado se había hecho el primer desembolso por $ 5,6 millones. “A la fecha, dicho pago no ha sido rendido ni se ha presentado el certificado de inicio de obra”, se lee en el documento oficial de la Secretaría. “El expediente presenta, además, una serie de irregularidades administrativas”, añade. Entre las presuntas anomalías se destaca la falta de documentación que justifique el monto del convenio, la ausencia de un plan de obra con modo y plazo de ejecución y una carátula de expediente de pago generada con anterioridad a la carátula del expediente del proyecto de obra. “¿Cómo vamos a rendir si no se ha empezado la obra ni nada? Eso no se ha tocado nada. Yo no voy a tocar ese dinero”, aclaró de inmediato Trimarco cuando se le consultó por el informe de la Secretaría de Vivienda. “Fui a Buenos Aires y me dijeron que por ahora deje las cosas así como están y que cuando se empiece de nuevo con el tema de activar las obras públicas, recién se empiece”, añadió. Trimarco precisó que están a la espera de que la Nación envíe un equipo técnico para aconsejar qué es lo que deben realizar, y definir si habrá una licitación o un concurso de precios. “No se ha presentado un certificado de inicio de obra porque no se ha realizado ninguna obra. Nosotros presentamos el anteproyecto, pero todavía no se hizo nada. En Buenos Aires me dijeron que están revisando todo y que tenemos que esperar. Hasta que no revisen todo, va a estar parado”, insistió la madre de la joven desaparecida en 2002. Fondos insuficientes El informe de la herencia recibida por Amaya en Vivienda advierte que, con los casi $ 22.000 millones de presupuesto asignados para este año, ni siquiera podrá hacer frente a los convenios de obra que se firmaron durante el último año kirchnerista. “Pese a que el objetivo principal de la Secretaría se orienta a reducir el déficit habitacional, se estima que sólo unos $ 5.000 millones, poco más de la cuarta parte de los recursos que manejó la anterior gestión en 2015, se destinaron a la construcción de viviendas. Los restantes $ 13.544 millones se habrían aplicado a un gran número de obras que nada tienen que ver con la construcción de viviendas”, expresa. Según los datos recogidos, en Tucumán, la situación al 10 de diciembre de 2015 presentaba 113 expedientes impagos correspondientes al presupuesto 2015, por una suma total de $ 205 milones. Desde que asumió Amaya, a Tucumán se transfirieron $ 172,6 milones correspondientes a los expedientes impagos, de acuerdo al informe de Amaya. Agrega que en esta provincia hay en ejecución 35 proyectos de vivienda (1.585 casas), otros 99 proyectos de mejoramiento habitacional (9.153 mejoramientos) y 492 obras de infraestructura. El financiamiento total por esas obras es de $ 2.100 millones. “La suma transferida es de $ 1.398 millones y el saldo es de $ 731,5 millones. Pero estas cifras se encuentran sujetas a un proceso de verificación porque, según se está comprobando, en gran medida no responden a las situaciones reales”, se expresa en el texto de la Secretaría. Otro dato que surge del relevamiento realizado en la Nación es que la provincia de San Luis, con menos recursos, construyó en 2014 más viviendas que Tucumán. El documento precisa que esta provincia recibió hace dos años $ 876 millones de programas federales (ayudas discrecionales) y $ 287 millones mediante el Fonavi (asignación fija por ley). Con eso, se construyeron 1.415 viviendas. En tanto, San Luis recibió $ 77 millones de programas federales y $ 249 millones del Fonavi, con los cuales construyó 2.892 viviendas. “Es decir, con $ 800 millones menos recibidos en 2014, San Luis construyó casi 1.500 viviendas más que Tucumán”, completa el documento de la Secretaría de Vivienda.