La administración de Mauricio Macri acaba de dar un paso que venía meditando desde hace meses con la intención de transparentar el destino de los fondos para la construcción de viviendas sociales, un enjambre de dinero que dio origen a algunos de los escándalos de corrupción más resonantes del kirchnerismo, como los casos de Milagro Sala, de la fundación Sueños Compartidos y del ex secretario de Obras Públicas José López.

Con la expectativa de no herir la susceptibilidad de los gobernadores, pero al mismo tiempo evitar la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, en el ámbito del Ministerio del Interior se creó un registro único de viviendas sociales a nivel nacional que le permitirá saber con precisión si el otorgamiento de las casas se hace con una orientación política o guiado por la necesidad social. Se trata de un cambio sustancial para uno de los presupuestos importantes de la Nación, que este año contará con fondos por 15.000 millones de pesos.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, firmaron en las últimas horas una resolución que invita a las provincias a sumarse al registro. Aunque la propuesta no es obligatoria, será necesaria para que los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV), que dependen de los gobernadores y manejan la construcción de casas para los sectores menos favorecidos, reciban fondos del Gobierno nacional para financiar obras en su territorio.

"No es un control coercitivo. Estamos invitando. Ellos pueden designar a dedo a los beneficiarios si lo hacen con su dinero. Pero si financiamos el 70 por ciento o el cien por cientode la obra, queremos ponerles algunas condiciones para que todo sea transparente y claro", aseguró Amaya a La Nación.

A cambio, los gobernadores mantendrán un alto grado de autonomía al momento de definir dónde, cómo y con qué empresa construir las viviendas. También seguirán administrando los recursos que envíe Nación, algo que fue puesto en duda por algunos funcionarios el año pasado.

• Las irregularidades

El Ministerio del Interior, con la ayuda de algunos IPV, encontró en el último tiempo irregularidades llamativas en la asignación de viviendas sociales. Por ejemplo, en el nordeste hallaron 24 casos en los que titulares de casas en Tucumán tenían carpetas abiertas para obtener viviendas sociales en Salta.

El Gobierno estima que se trataba de una organización para defraudar sistemáticamente al Estado, por lo que les iniciaron una demanda por estafa. También se hallaron casos en los que a un hombre se le asignaba una casa en una provincia, pero al mismo tiempo tenía otra unidad en un distrito vecino porque tenía dos familias.

Ambas inconsistencias deberían eliminarse con la inauguración del nuevo registro único. Se llamará Sistema de Gestión de Beneficiarios (Sigebe), una herramienta de gestión de la Base Única de Beneficiarios (BUB), que se aplicará a los convenios específicos suscriptos en el marco del Plan Nacional de Vivienda.

"Observábamos que los institutos accionaban casas sin controlar si los beneficiarios tenían propiedades en otras provincias. Solo pedían el certificado en la dirección provincial", explicó Amaya, un funcionario ideológicamente alineado con el peronismo (en su despacho tiene las fotos de Perón y Evita, y en sus palabras aparecen términos como justicia social, ajenos al vocabulario de Cambiemos), que desde la llegada de Macri ocupa la Secretaria de Hábitat y Vivienda.

La vivienda social es un engranaje importante para la administración Macri en términos económicos, políticos y sociales. Apuntan a algunos de los sectores más desfavorecidos de la población, aunque con ingresos. Se necesitan 17.720 pesos por mes por grupo familiar (es decir, dos salarios mínimos). Quienes perciban entre dos y cuatro salarios mínimos pueden acceder a un crédito Procrear, mientras que por encima de esa marca están las alternativas en UVA, que se ajustan por la inflación.

"Las provincias seguirán entregando las viviendas, pero no queremos que haya privilegiados. La vivienda social fue un bastión de la política", lamentó.

Según el diagnóstico del Gobierno, los manejos que realizaron las provincias y los municipios en los últimos años sobre el destino de las viviendas para los más necesitados hizo que "a mucha de la gente a la que le correspondía una vivienda social no le llegó. Por eso crecieron los asentamientos precarios de 2.500 hace 20 años a 6.300 hoy. Queremos que la verdadera distribución social sea como corresponde", insistió Amaya.

Según datos oficiales, la Argentina tienen un déficit de 1,3 millones de viviendas. Están en construcción 81.000, y el año pasado se terminaron solo 5.168.