La nueva sociedad, que llevará el nombre de “Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado”, salió adelante con los votos de Unión por Córdoba y de Consenso Córdoba, la bancada unipersonal de Rubén Borello. El texto sancionado consta de 8 artículos y un anexo (Estatuto social) en los que expresa, entre otras cuestiones, que el nuevo ente estatal tendrá competencia en todo lo atinente a la “administración, gestión, explotación comercial, mantenimiento general y prestación de servicios complementarios” tanto de la antigua terminal (Terminal 1) como de la nueva estación (Terminal 2).

La sociedad parte con un capital inicial de 1 millón de pesos, aportado por el Gobierno provincial. Será gestionada mediante un directorio, compuesto por un máximo de cinco miembros y un mínimo de tres. En su estatuto está prevista la designación de un síndico que ejercerá la fiscalización del nuevo organismo.

El bloque de legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical rechazó de manera fundamentada el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual crea la Sociedad «Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado».

«No estamos en contra del proceso de estatización, porque es una herramienta válida para que el Estado concrete una correcta administración. (.) Sí estamos en contra de la falta de transparencia, y del no control porque una empresa sin controles; es un arma de altísimo riesgo para la generación de corrupción», afirmó la miembro informante de la bancada Radical, Olga Rista. El legislador Luis Brouwer de Koning sostuvo que «las sociedades de Estado o las Agencias creadas por los gobiernos del peronismo, sólo han servido para generar gastos innecesarios, duplicando funciones, organismos que inflan o acrecientan sobre manera la planta de personal y que en todo caso sirven más para designar amigos del poder, que para cumplir eficientemente con el fin para el cual se las crea».

En tanto, el Frente de Izquierda impulsa una empresa 100% estatal que administre, gestione, proceda al mantenimiento general de los edificios, preste los servicios complementarios y concesione lo que es la explotación comercial de los locales previstos para ello. Y que todo lo realice el Estado con sus propios recursos, sean estos materiales y/o personales.