Municipios, con boleta única si votan junto con la Provincia

Habilitan instalación progresiva del voto electrónico. Autoridades de mesa, rentadas.
El miércoles pasado, el oficialismo presentó sus dos proyectos de ley que encarnan la mentada y debatida reforma política prometida por el gobernador Juan Schiaretti. Entre los 354 artículos de las dos iniciativas que reforman el Código Electoral Provincial y el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos se encuentran, como ya se anticipó, la adopción de la Boleta Única como herramienta de sufragio, la eliminación del sistema de sumatorias y la ampliación del fuero Electoral, entre otras cosas.

Pero no es lo único. El proyecto avanza con disposiciones que habían sido cuestionadas por algunas agrupaciones políticas, como por ejemplo, la obligación para municipios y comunas de utilizar la boleta única si eligen sus autoridades en la misma fecha electoral dispuesta para la votación de gobernador, legisladores provinciales y tribunos de Cuentas.

Si bien los proyectos no obligan a los gobiernos locales a convocar a elecciones el mismo día que la administración provincial, los que lo hagan deberán regirse por el nuevo Código Electoral provincial que obliga a utilizar la boleta única en lugar de la papeleta partidaria.

Voto electrónico. Otro dato novedoso es la habilitación legal para la implementación progresiva del voto electrónico, un mecanismo que tiene adherentes, pero también detractores. El PJ dedicó todo un artículo de su proyecto a esta cuestión: “Lo establecido en la presente normativa no es obstáculo para que el Juzgado Electoral, evaluando el comportamiento cívico frente al nuevo sistema eleccionario, propenda a implementar en forma progresiva y sistemática las acciones necesarias tendientes a impulsar un mecanismo electrónico de emisión del sufragio. Previo a su implementación, el Juzgado Electoral debe realizar pruebas piloto en circuitos o secciones electorales, a fin de evaluar la eficacia del sistema y la aceptación por parte del electorado”.

Quienes trabajaron en la redacción de la nueva normativa señalan que lo que se busca es “instalar una voluntad política que expresa que la utilización de la boleta única es el primer paso y que el voto electrónico es el objetivo, aunque haría falta una nueva ley para implementarlo totalmente”.

Presidentes de mesa. Si, como está previsto, el PJ logra algunos mínimos consensos para sus iniciativas y las aprueba como están, en la elección de 2011, la mayoría de los presidentes de mesa serán docentes provinciales. El nuevo Código Electoral incluirá la creación, en el Juzgado Electoral, del “Registro Provincial de Aspirantes a Presidente de Mesa”, cuyos futuros integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: “1) ser elector hábil; 2) estar domiciliado en el circuito electoral donde debe desempeñarse; 3) ser docente provincial de cualquiera de los niveles de la enseñanza, empleado público o privado afectado a tareas administrativas, en actividad o jubilado; y 4) no ser candidato en esa elección”.

La voluntad política de los legisladores es que las autoridades de mesa tengan una “sólida formación” y que, por ello, sean remunerados. Por eso, se hace obligatoria la asistencia a cursos organizados por la autoridad electoral “bajo pena de sustitución”, y se establecen viáticos y refrigerios: “Cada presidente de mesa como así también su suplente tiene derecho al cobro de una suma equivalente a 20 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, en concepto de viáticos. La liquidación de la presente compensación tendrá lugar dentro de los 10 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha del acto electoral”. En la actualidad cobrarían 240 pesos, ya que el salario mínimo hoy es de 1.200 pesos y a partir del mes que viene será de 1.240 pesos.

Sobre el refrigerio, se dice que “el Poder Ejecutivo garantizará el suministro del refrigerio para el desayuno, almuerzo y merienda del presidente de mesa, el suplente, el Fiscal Público y demás fiscales”.

También se crea el Registro de Fiscales Públicos Electorales, para dar lugar a la novedosa figura que tendrá cada mesa de votación con la función de ser “nexo entre el Juzgado Electoral y la autoridad de mesa”.

Según el proyecto que presentó el PJ, el Fiscal Público “será designado del cuerpo de funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Para el caso de no poder cubrirse las vacantes, podrán ser designados como fiscales públicos los profesionales o estudiantes de las carreras de Abogacía, Ciencia Política o Ciencias Económicas; que previamente se hayan capacitado y estuvieren acreditados en el registro creado a tal fin”.

El fiscal público será quien entregue la urna y la documentación electoral al presidente de mesa; será quien designe al primer elector como “autoridad de mesa” si el presidente titular o suplente designados no se presentan; y será quien reciba la urna cerrada y lacrada, la copia del escrutinio para trasladarlas al lugar donde se realiza el cómputo o al lugar indicado por la autoridad electoral.

Rol de la Justicia. Los legisladores que intervinieron de diferentes modos en la elaboración de estos proyectos son Juan Brügge, Emilio Graglia, Dante Heredia, Domingo Carbonetti y Sergio Busso, que contaron con el apoyo de otros funcionarios y asesores legislativos.

Hay coincidencia en que la matriz de los cambios que se plantean parte del concepto de que debe ser la Justicia Electoral la que garantiza todas y cada una de las cuestiones del proceso electoral.

No lo reconocen del todo en Unión por Córdoba pero darle este rol preponderante a la Justicia implica, también, hacerla enteramente responsable de eventuales polémicas como la que se planteó en setiembre del año pasado. “Como el Juzgado Electoral tendrá sistema informático propio para el escrutinio, si se cae el sistema no será culpa del gobierno, ni del Correo”, graficó un asesor.

Por eso, se crea una cuenta especial específica para el fuero electoral en el Presupuesto General de la Provincia; se crea un tribunal de alzada (una Cámara Electoral ad hoc) para que “controle” y “asista” al Juzgado Electoral; y se le otorga potestad en el manejo de los fondos para financiar a los partidos y a las campañas en los medios electrónicos.

Otros cambios importantes

Cada mesa tendrá como máximo 350 electores. Excepto si queda una fracción de hasta 60 electores que se incorporarán a la mesa que el juzgado determine. Podrá haber mesas mixtas en circunstancias especiales.

Convocatoria a elección. Con 90 días, por lo menos, de anticipación al acto electoral.

Listas de candidatos. 50 días antes del acto electoral los partidos deben registrar las listas de los candidatos.

No habrá sobres. La Boleta Única se doblará en varios pliegues premarcados para introducirla en la urna.

Prohibiciones. Desde 48 horas antes de la iniciación de los comicios, quedan prohibidos los actos públicos de proselitismo. Desde la cero hasta las tres horas inmediatas posteriores al cierre, queda prohibido ofrecer o entregar a los electores facsímiles de Boletas Únicas dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, y la publicación y difusión de resultados de encuestas en boca de urna o similares.

Sanciones. Quien no vote y no se justifique en los 60 días posteriores, será sancionado con multa equivalente a 10 por ciento del salario mínimo e inhabilitación de ejercer cargos públicos por seis meses a un año.

El que publicitare o difundiere el resultado de encuestas o sondeos de opinión en boca de urna hasta tres horas inmediatas posteriores al cierre, siempre que el hecho no importe una falta o delito conminado con sanción mayor, será reprimido con multa equivalente a 50 veces el salario mínimo o hasta 60 días de arresto.

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