Pese a que hasta la noche de este martes no había sido notificado oficialmente, el municipio capitalino se hizo eco del fallo del Tribunal Superior que se filtró a los medios y que lo obliga a dar marcha atrás con poco más de 300 empleados a los cuales se les había anulado el nombramiento a planta durante el último tiempo de la gestión Quintela por presuntas irregularidades.

El mismo le pide volverlos a su vieja situación de revista, es decir a planta, a quienes se les había suspendido el beneficio y habían vuelto a ser programa social.

Al respecto, el secretario de Hacienda Municipal, José Martínez, sostuvo en diálogo con Radio Viva que “por más que la justicia lo ordene, no hay fondos para hacer frente al pago de estos sueldos”. Lo dice quien además de ser funcionario municipal, es el hombre de confianza del intendente Alberto Paredes Urquiza.

Además, el funcionario sostuvo que “la medida se tomó porque nunca se pidió presupuestariamente los fondos para enfrentar el incremento del 70% de la planta de empleados. Son 2300 designaciones en 6 meses (de la gestión Q)” y continuó: “incorporamos un gran porcentaje y los que quedaron afuera es porque no tenemos los recursos para hacer frente al pago de los sueldos”.

Acatar el fallo implicaría alrededor de medio millón de pesos mensual, en concepto de 5.000 pesos de sueldo por cada empleado.

A su vez, el secretario afirmó que la provincia es garante del pago de los haberes de todos los empleados provinciales y municipales, según la ley de cooparticipación. “Si la justicia nos obliga a nosotros que pagamos a estas personas, también le está ordenando a la provincia que garantice el pago”, dijo Martínez.

“La provincia no puede hacerse la desentendida, está involucrada en esta situación porque lo dice la ley”, sentenció el funcionario paredista.