Municipio sigue adelante con el reempadronamiento de los beneficiarios de pases libres

Oficialmente la gestión de Carlos Vignolo admite que el carnet tendrá un costo de $8 y que limitará los "viajes" que deban hacer los discapacitados a cuestiones médicas. "El cuerpo médico que conforma el comité verificador será quién establecerá la cantidad de viajes necesarios para asistencia médica, educación, rehabilitación, etc.", indica la información. Juan Carlos Romero no da la cara.
El fallo judicial, el encono de los concejales y la bronca de la gente parecen no importar a nadie en la Comuna capitalina, donde decidieron seguir adelante con el reempadronamiento de beneficiarios de pases libres, en un local del monopolio del transporte que regentea Juan Carlos Romero.

En su edición de ayer, EL LIBERTADOR reveló en exclusiva que la Justicia, por medio de la magistrada Selva Spessot -titular del Juzgado Civil y Comercial de sexta nominación- resolvió entender en la cuestión y hacer saber a los actores del sistema (municipio, empresas y usuarios) que la Ordenanza 3.193 está más que vigente y debe ser respetada.

Es más, el fallo al que tuvo acceso este diario indica taxativamete que esta decisión empresaria "es grave y contraria a derecho" y que incluso viola la Ley Nacional 25.735, reglamentada por el Decreto 38/2004, que permite a las personas ancianas y discapacitadas viajar en transporte terrestre sin ningún tipo de condicionamiento, esto es por motivos asistenciales, recreativos o lo que fuera. Para más claridad, la jueza hace expresa mención de que en el artículo 56 de la ordenanza, al estar separada por un punto y una coma, los primeros puntos del que establece una limitación de dos pases libres para policías) es fácil inferir que los tres primeros beneficiarios (menores, ancianos y discapacitados) no están alcanzados por ese límite.

Según la información oficial, la Subsecretaria de Transporte de la Municipalidad llegó al punto de indicar los pasos a seguir para todos aquellos que deban realizar éstos trámites para el correspondiente carnet.

"Los interesados deberán presentar el certificado de discapacidad original y copia otorgada por el ICAL, más el documento de identidad original y copia, y el certificado de escolaridad o asistencia a centros educativos o de rehabilitación".

A renglón seguido, invitan a la gente a dirigirse no a una dependencia municipal sino del monopolio recientemente inaugurada: "Esta documentación será recibida en Moreno 1.090 esq. San Juan en el horario de 8 a 12 y 16 a 20".

Pero para peor, llegan al límite de querer limitar los viajes cuando la jueza Spessot acaba de confirmar que esto es violatoria ya no sólo de la Constitución Nacional, sino también del Pacto de San José de Costa Rica y de su similar de la Ancianidad. "Asimismo el cuerpo médico que conforma el comité verificador será quien establecerá la cantidad de viajes necesarios para asistencia médica, educación, rehabilitación, etc., así como también la necesidad de ser asistidos por un acompañante de forma obligatoria", informó la prensa de Carlos Vignolo.

Y, finalmente, ponen otros obstáculos, puesto que exigirán el "uso de la tarjeta magnética correspondiente" y si bien señalan que el "trámite" es gratuito, indican que "el carnet tendrá un costo anual de $8, el cual posee medidas de seguridad y fotografía digital del beneficiario".

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