El Municipio perdió los juicios; los abogados piden $ 9 millones

La ordenanza que prohibía la apertura de los comercios los domingos se aprobó en 2005 pero nunca se aplicó. El Tribunal Superior la declaró inconstitucional y condenó a la Municipalidad a pagar las costas de los juicios iniciados por Disco, Top, Wal Mart y Norte. Por qué reclaman millones en honorarios
Fue una aventura legislativa. El fiscal municipal ya lo había advertido: una ordenanza que les prohibiera a los comercios abrir los domingos era inconstitucional. Pero el Concejo, con los votos del justicialismo y de un oficialista que a último momento cambió su voto, avanzó igual. El 4 de abril de 2005 aprobó la legislación. Hoy, cuatro años después, el Municipio perdió los cuatro juicios que le iniciaron las cadenas de supermercados y se enfrenta al riesgo de una factura millonaria: como el Tribunal Superior condenó al Estado a pagar los gastos del juicio, ahora los abogados de los supermercados le reclaman 9,2 millones de pesos en honorarios. Sólo uno de ellos, el estudio cordobés de Enrique Allende, que representa a Disco, pide 7,1 millones de pesos.

Lo curioso es que la ordenanza 415/05 jamás se aplicó.

Fue una cadena de desatinos e irresponsabilidades. Ni los impulsores del proyecto -el principal fue el justicialista Víctor Núñez- se imaginaban que iba a salir aprobado. Es más, sabían que perderían por 10 a 9. Pero, increíblemente, por la presión del gremio de Comercio, el alonsista Hugo Patroni dio vuelta su voto y le dio el triunfo al PJ. En ese entonces, el Concejo estaba presidido por el actual intendente, Juan Jure.

Benigno Rins había amagado con vetar la ordenanza desde el Ejecutivo pero, finalmente, dijo que el Concejo debía hacerse responsable de sus actos y la promulgó. Tres cadenas de supermercados -Disco, Súper Imperio y Norte- fueron inmediatamente a la Justicia y consiguieron una medida cautelar que le ordenó al Municipio abstenerse de aplicar la normativa hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo que habían planteado las empresas; es decir, si era constitucional o no.

Ni bien abrió sus puertas en Río Cuarto, también Wal Mart fue a la Justicia para atacar la ordenanza que fijaba el cierre dominical.

A mediados de 2006, el Tribunal Superior resolvió el planteo de los dueños de Supermercados Top y determinó que la ordenanza riocuartense era inconstitucional. Una vez conocido el primer fallo, el Municipio tomó la decisión de allanarse en los otros tres, que eran exactamente iguales. Fue el 29 de agosto de 2006. Poco después, el máximo tribunal provincial pasó todas las causas a fallo pero recién se expidió en marzo de 2008, cuando ratificó su criterio anterior.

Una cuestión especialmente reñida fue si las costas se imponían o no al Estado riocuartense. Finalmente, los vocales votaron y por 4 a 3 ganó la postura de castigar a la Municipalidad. Debía correr con todos los gastos y los honorarios.

Aquella aventura legislativa empezaba a convertirse en un peso para el Municipio.

Uno de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de definir los honorarios es la base económica. En este caso, a pesar de que las cadenas de supermercados no debieron cerrar ni un minuto, los abogados definieron como base económica la facturación bruta que las superficies comerciales hubieran dejado de vender si se aplicaba la ordenanza desde el día en que se inició el juicio hasta la sentencia definitiva, que se produjo tres años después.

Con ese criterio, el estudio Allende calculó que la facturación de las tres sucursales de Disco -la cadena es también propietaria de Súper Vea- hubiera sido de 46,5 millones de pesos y reclamó el 15,4 por ciento de esa cifra como honorarios, es decir, 7.161.000 pesos.

Allende también es abogado de Norte y por su participación en ese juicio pide que el Municipio le pague 597 mil pesos. En el caso de Wal Mart, el estudio Falcon-Mussi estimó sus honorarios en 1.520.000 pesos.

Los únicos que todavía no presentaron sus pedidos son los abogados riocuartenses del estudio Avendaño, que fueron los que marcaron el camino y ganaron el primer juicio contra el Municipio.

¿Qué va a hacer el Estado con semejante factura? Alejandro Fraschetti, abogado de la Fiscalía, detalló que el Municipio ya rechazó el criterio de los abogados de los supermercados.

Explicó que el argumento de la Municipalidad es que en los juicios el objeto jamás fue el dinero; sólo se discutió la constitucionalidad o no de una norma. Planteó que, por lo tanto, no hay base económica como hubiera ocurrido en el caso de que los supermercados se hubieran visto impedidos de vender y, por lo tanto, reclamaran daños y perjuicios.

La Fiscalía presentó un segundo argumento. Aun si se considerara que sí existe una base económica, entonces, no debería tomarse la facturación bruta para calcular el daño que los abogados evitaron para sus clientes. "El daño equivaldría no a lo que se pierde de vender sino de ganar. Es decir, para fijar los honorarios debería considerarse, como máximo, la ganancia que hubieran resignado los supermercados", dijo Fraschetti. Como las utilidades de las grandes cadenas son del 2 al 3 por ciento, los montos se reducirían notablemente.

Por último, la Fiscalía Municipal también cuestionó el período reclamado. Sostuvo que el monto no tendría que calcularse desde que se inició el juicio hasta marzo de 2008, cuando salió el fallo definitivo, sino hasta el momento en que la Municipalidad se allanó, en 2006.

Esos son los argumentos que usaron los abogados del Estado para evitar que un desvarío legislativo se convierta en una carga de 9,2 millones de pesos para un Municipio que tiene serios problemas financieros.

Marcos Jure

mjure@puntal.com.ar

Qué decía la ordenanza 415/05

Artículo 1º.- "Establécese la obligatoriedad de respetar el descanso dominical para todos los trabajadores en relación de dependencia con empresas comerciales de venta de artículos de consumo masivo, las que deberán acatar la disposición, desde la promulgación de la presente Ordenanza, del cierre de sus locales y bocas de expendio durante todo el día domingo de cada semana del año calendario (...)

Artículo 2º.- "Se exceptúa de la obligación que establece el artículo 1°, a los comercios que no tengan empleados en relación de dependencia y a aquellos que ocupen una superficie no mayor a 100 metros cuadrados".

Artículo 3º.- Se faculta a la Delegación Río Cuarto de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba, a realizar los controles pertinentes para asegurar el cumplimiento de la presente norma como así también para establecer las sanciones que correspondan.

Artículo 4º.- Sanciones: la primera vez, se aplicará una multa de $ 200; la segunda vez, de 500; la tercera $ 1.000 ; la cuarta vez corresponderá la clausura del local por un (1) día y la aplicación de una multa de $1.500

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