Ley 648: El Municipio de Río Grande pidió una nueva prórroga

Se presentó ante el Superior Tribunal. Se trata de “un pedido de mantener la suspensión de plazos procesales dispuestos el 19 de noviembre, hasta tanto la Legislatura trate en sesión ordinaria antes de fin de año temas relativos a la tarifaria, presupuesto y, entre otras cuestiones, la 648 sobre financiamiento educativo”, explicó el Dr. Daniel Garay, asesor legal del Municipio.
Ahora la Corte fueguina deberá analizar la solicitud de uno de los tres municipios y el pedido que también ingresó el Fiscal de Estado para que se proceda a dictar sentencia, y decidir si sigue concediendo postergaciones o no.

El Dr. Garay explicó a FM Universidad que “surgió esta presentación ahora porque hay un acuerdo que se firmó el 12 de noviembre, donde el ministro jefe de gabinete con los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, entre otras cuestiones establecen que en lo relativo al financiamiento del sistema educativo, concretamente la ley 648, las partes reconocen el ámbito político como lugar natural para resolver la controversia”.

“Nosotros lo hemos planteado porque estamos con el convencimiento de que esto se debe dirimir en el ámbito político y así ha sido reconocido por el gobierno de la provincia. Más allá de que el Fiscal de Estado diga que el Jefe de Gabinete no tiene legitimación para actuar porque no es parte, lo cierto es que el Fiscal de Estado actuó a instancias de la señora gobernadora y me parece que el ministro jefe de gabinete tiene autoridad para firmar un acuerdo político”, señaló Garay en referencia a la validez judicial que a su criterio debería tener el Documento de Río Grande.

“Hay un acuerdo que se suscribió y no se lo puede desconocer. Las partes tienen la alternativa de dejarlo sin efecto, pero este convenio de fecha 12 de noviembre no fue desconocido. Es más, la gobernadora dijo que tenía conocimiento, por lo tanto mientras esté vigente no lo podemos desconocer”, defendió.

Garay admitió que en la letra de ese mismo documento “se estableció que se renovaban automáticamente los plazos procesales, pero no se dijo que se desconocía ese acuerdo firmado ni que ya no formaba parte del expediente. Ese acuerdo forma parte del expediente y es la Legislatura la que tiene que trabajar”, sostuvo.

A su entender “ese Documento de Río Grande tiene efectos y tiene efectos inclusive en el proceso”.

Y puso el acento en el rol de la Legislatura: “Son los legisladores los que dijeron cómo era la forma de financiar el sistema educativo y no lo puede resolver el poder judicial”, consideró, aun cuando la legislatura aprueba las leyes y la justicia tiene la facultad de interpretarlas.

Comentá la nota