El Municipio de Río Grande pedirá la inconstitucionalidad de la ley 779

Si bien el fin del acuerdo logrado para achicar la deuda del Gobierno provincial hacia los municipios es aceptado por el Ejecutivo riograndense, en las próximas horas se estará planteando la inconstitucionalidad de la ley 799 que ratificó el convenio firmado entre el Estado provincial y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, objetando lo que establece el artículo 10 de la norma que impide a los municipios realizar reclamos durante los próximos dos años al Gobierno por acreencias incumplidas.
A través del acuerdo el Municipio de Río Grande estará recibiendo algo más de 19 millones de pesos para destinar a tres obras de infraestructura fundamentales: la finalización de la Colectora Cloacal Máxima Norte, una cisterna para la Margen Sur, y un acueducto para el barrio YPF. El monto que se recibirá achica la deuda histórica de más de 35 millones que mantiene el Gobierno.

Esto fue ratificado por la Legislatura a través de la ley 799 recientemente sancionada, sin embargo, en esa norma se establece que las municipalidades no podrán realizar reclamo judicial o administrativo alguno por acreencias durante dos años, algo que desde el Municipio es considerado inconstitucional y esto será presentado ante la Justicia en el transcurso de ésta semana.

La decisión fue deslizada por el propio intendente Jorge Martín, quien lamentó la actitud asumida por los legisladores provinciales quienes no consultaron a los municipios sobre éste artículo.

"Realmente después de lo contentos que estábamos y definir de una vez por todas cómo se va a pagar la coparticipación, nos sacan una ley que no tiene nada que ver. Nos acota a que la Municipalidad no pueda hacer juicio por dos años a la Provincia cuando tengo todo presentado", se quejó el Intendente.

Incluso criticó que desde el Gobierno tampoco se informó a las administraciones comunales de ésta cláusula.

En este sentido, el jefe comunal advirtió que "realmente esto no lo manejábamos, la deuda que es hoy del Municipio la vamos a tener que reclamar después; entonces es más de lo mismo porque ese dinero era para solucionar el tema habitacional y para obra".

"En definitiva esto no es en contra de Martín o de Sciurano o de Queno, es en contra de los municipios que no pueden hacer las obras que tenían planeadas", concluyó el intendente.

En tanto el secretario de Gobierno, Pablo Blanco, expuso al respecto que "es claramente inconstitucional". Si bien el funcionario planteó "el cambio de actitud por parte del Ministerio de Economía", luego de haber rubricado el acuerdo ante la Justicia para el envío de fondos coparticipables, destacó sin embargo que "así como está planteada la cosa, si no se logra la modificación de esta ley el camino no es otro que solicitar la inconstitucionalidad".

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