El Municipio de Río Grande estudia un salvataje financiero a través de la banca local

El Ejecutivo ha iniciado conversaciones con entidades de la ciudad para hacerse una herramienta en el corto plazo, a través de un blindaje financiero. Con ello quieren cumplir con las obligaciones primarias, ante el no ingreso de fondos coparticipables por parte del Gobierno y la imposibilidad de contar nuevamente con el Fondo Anticíclico.
RIO GRANDE.- Con un atraso de casi dos meses en el envío de la coparticipación por parte del Gobierno provincial, y el Fondo Anticíclico agotado y sin posibilidades de reponerlo -por el momento- el Municipio de Río Grande ha iniciado gestiones ante las diferentes entidades crediticias locales para conseguir un «salvataje» financiero que le posibilite afrontar las obligaciones más inmediatas.

Es que el ahogo financiero que le ha provocado a las arcas comunales el no ingreso de esos fondos ha hecho mella en la situación municipal, poniendo en riesgo el pago de los sueldos y un considerable atraso en el pago a proveedores y a las empresas que prestan servicios hacia la comunidad.

«No tenemos plata en las cuentas», graficó el secretario de Finanzas, Paulino Rossi, quien enfatizó que, frente a la situación generada por este incumplimiento permanente desde el Gobierno provincial, «necesitamos una herramienta en el corto plazo».

En este sentido confirmó que «estamos averiguando con distintas instituciones financieras para tener disponibilidad de dinero para pagar, en caso que la situación siga así. Porque este mes no tenemos Fondo Anticíclico y necesitamos una herramienta en el corto plazo».

«La provincia se comprometió a mandar dinero, pero no entró nada. Si entra algo, pagaremos algo de proveedores. Pero tenemos 30 días de atraso y lo que pagan de julio lo tenemos que guardar para el pago de salarios», insistió el contador Rossi.

«El Municipio de Río Grande tiene una situación económica excelente -manifestó-. Pero financieramente estamos mal porque la provincia no manda los fondos. Por eso queremos tener alternativas. Lo ideal sería el Banco de Tierra del Fuego pero queremos hablar con todas las instituciones bancarias para generar alguna herramienta de blindaje financiero», explicó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Pablo Blanco, recordó que esta posibilidad de financiamiento necesita aprobación del Concejo Deliberante; aunque descontó el acompañamiento ante la situación que también se plantea en ese poder, al igual que en el resto de las instituciones que dependen del Estado municipal de Río Grande.

La intención del Ejecutivo municipal es poner de garantía la coparticipación, por lo que se deberá contar, además, con la autorización del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central. Al igual que una certificación de la deuda que mantiene la provincia con el Municipio de Río Grande que ya supera los 40 millones de pesos.

«Es nuestra obligación procurarnos de un mecanismo para hacernos de recursos y cumplir con las obligaciones», remarcó.

En este sentido, Blanco sostuvo que el mes pasado hubo egresos, en todo concepto, por 120 millones de pesos en el Municipio; mientras que ingresaron 89 millones de coparticipación y 25 millones en ingresos propios. Lo que hizo una diferencia negativa de unos 6 millones de pesos y obligó al uso del Anticíclico.

El Secretario de Gobierno evitó salir al cruce mediático con representantes del ARI, al entender que «si seguimos discutiendo por los medios no llegaremos a una solución concreta, a pesar que haya quien trate de desequilibrado al Intendente».

Sin embargo, comentó que quienes critican el reclamo de Jorge Martín por los fondos que le son propios a la ciudad de Río Grande, por la retención indebida, «son quienes están generando ésta situación y obligan a buscar financiamiento. Intentan sociabilizar la crisis, pero mal de mucho consuelo de tontos».

Por lo que volvió a reclamar por parte del Gobierno provincial una propuesta clara y concreta de pago de la deuda, al igual que medidas que atiendan a paliar la situación de crisis que está arrastrando al resto de las administraciones públicas en la provincia.

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