Coca Cola pagó a la Municipalidad de Bariloche 3,2 millones de pesos, en el marco de un juicio que la empresa había iniciado al Estado por la disputa sobre la legalidad del trabajo de relevamiento de publicidad en la vía pública.

El enmarañado proceso, tiene una larga historia: Desde hace algunos años, el Municipio instrumenta una política de cobro a empresas nacionales e internacionales por publicitar sus productos en la vía púbica. Las cuantiosas cifras que pueden recaudarse por ese concepto, los bajos niveles de cumplimiento de pago de las empresas intimadas -históricamente oscila el 35 por ciento- y el sistema tercerizado de contratación para el servicio de relevamiento publicitario provocaron continuos sobresaltos en el proceso.

Durante la gestión del ex Intendente Marcelo Cascón se contrató a la firma Publicamos S.A. para que manejara el relevamiento publicitario de unos 4 mil comercios de la ciudad. Pero la ofensiva tributaria de Publicamos no sólo se limitó a la vía pública (marquesinas, sombrillas, entre otras formas de propaganda), como correspondía, sino que se extendió a la cartelería, adhesivos, y otro tipo de publicidad dentro de locales comerciales relevados.

Una vez calculados los metros cuadrados de publicidad y los importes correspondientes, la empresa remitió las intimaciones para el cobre y gestionó los pagos, a cambio de una cuantiosa comisión. Un primer rastreo dio cuenta de que la acreencia potencial que acumulaba en ese entonces el municipio por los derechos de publicidad impagos, rondaba los 20 millones de pesos.

El cobro de las onerosas sumas a las mutinacionales fue dificultoso, y en la mayoría de los casos se judicializó.

Por entonces, antes de la salida de Cascón del Gobierno, el ex Intendente brindó una conferencia de prensa de despedida y reconoció una deuda municipal de 14 millones de pesos. Para contrarrestar ese dato, aportó otro: dejaba próximo a cobrar un embargo millonario contra la firma Coca Cola Polar Argentina S.A., por la deuda que mantenía con la comuna, en concepto de publicidad en la vía pública.

El removido Intendente, Omar Goye, tomó la posta, y junto a su secretario de Hacienda, Mario Bevilaqua, definieron dar de baja a la contratación de publicamos y desistió del cobro del millonario activo, al resolver no continuar con la puja por el cobro de ese dinero. Alegaron que consideraban el dinero “plata mala” y argumentaron, que el proceso de cobro y su tercerización -a través de la empresa Publicamos S.A.- era “inconstitucional”.

Ahora, el Municipio a cargo de la gestión de María Eugenia Martini (y de Ariel Gomis en el área de Hacienda) ganó el millonario juicio, y la multinacional Coca Cola, debió depositar en favor de las arcas municipales 3,2 millones de pesos. En paralelo, retomó la relación contractual con Publicamos S.A., tercerizando el manejo de los relevamientos de publicidad. Pero el acuerdo difiere del anterior en el porcentaje que la empresa le cobra a la comuna sobre el monto global recaudado, a modo de pago por el servicio que presta. Del inicial 30 por ciento (más IVA), el área de Hacienda acordó sólo un 20 por ciento.

El actual secretario de Hacienda, Ariel Gomis, argumentó la continuidad de la tercerización del servicio a través de Publicamos S.A.: “El contrato continúa para evitar un inconveniente legal. Oportunamente, cuando (durante la gestión Goye) se le dio de baja, se hizo sin argumentos. Queremos evitar un juicio oneroso. Y se firmó un nuevo convenio, con otros alcances”, recalcó en diálogo con ANB.

En el trabajo de relevamiento que se realiza de manera continua en todo el ejido, se coteja con los datos aportados por el área de Publicidad del Municipio, y “se acota a la publicidad desde las vidrieras hacia afuera (vía pública) y no en interior de comercios”, aclaró Gomis ante la precedente irregularidad en el proceso realizado por la empresa durante gestiones anteriores.

Oportunamente, el Tribunal de Contralor inició una investigación por la forma de contratación de Publicamos S.A, pero al poco tiempo quedó trunca.