Municipio de Río Gallegos dictó decreto de restricción de gastos

Municipio de Río Gallegos dictó decreto de restricción de gastos

Se trata del instrumento legal 2.072/15 y se encuentra implementado desde el pasado 12 de agosto. Por el mismo se toma una serie de medidas tendientes a restringir el gasto y reordenar internamente la Comuna. El intendente aseguró que se trata de autolimitar el gasto, en tanto que el SOEM reclama no haber sido consultado.

El pasado 12 de agosto, las autoridades de la Municipalidad de Río Gallegos refrendaron el Decreto 2.072/15 para llevar adelante un reordenamiento financiero y administrativo que permita a la actual gestión, encabezada por Pablo Grasso, superar la crisis actual. En los considerandos del instrumento legal se explica por qué se avanzó en este sentido. Así se da a conocer que ante “la situación imperante, en razón de la prioritaria necesidad de enfrentar la crisis económica, financiera y administrativa que repercute en la imposibilidad de cubrir en tiempo con la obligación del pago de haberes, incumpliendo el Estado municipal en su responsabilidad y finalidad intrínseca, debiendo el Departamento Ejecutivo encarar sin dilación alguna las acciones conducentes a contener el gasto y optimizar los recursos”. Asimismo se precisó que el Decreto 2.072/15 se puso en vigencia el pasado 12 de agosto y se extenderá hasta el diez de diciembre venidero inclusive. Ante este instrumento, el secretario general del SOEM indicó que el intendente interino pretende ampliar sus facultades con este decreto, señalando que las autoridades municipales “desconocen el funcionamiento del municipio” y pidiendo la revisión de la norma. 

SOEMMediante un comunicado de prensa, el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla, denunció que la normativa otorga “facultades y superpoderes” al Ejecutivo municipal. Señaló que “hay artículos que son tendenciosos por demás, con vacíos que no van ayudar a nadie, todos sabemos que la Municipalidad de Río Gallegos cuenta con un organigrama del Departamento Ejecutivo y sus respectivas secretarías, estableciendo misiones y funciones para cada una de las áreas que forman parte integrante del Decreto Municipal N° 114/04, de fecha 23 de enero de 2004”. En este punto, recordó que esa normativa se fue modificando mediante el dictado del Decreto Nº 2.766/2014 y señaló que “la auditoría constató que no se ha obtenido documentación alguna que indique el tratamiento de la norma por parte del Concejo Deliberativo”, denunció.Seguidamente, Mansilla evaluó que el decreto que se implementó desde el pasado 12 de agosto “otorga facultades al Ejecutivo municipal y no podemos permitir que vaya por encima de nuestro estatuto municipal”. Luego de aclarar que no hubo consulta a los trabajadores para avanzar en la confección de la normativa, Mansilla aseveró que enviarán sus “observaciones y aporte, nosotros conocemos las falencias estructurales porque las venimos denunciando desde hace mucho tiempo; no comprendo el alcance de este decreto, es necesario que el Ejecutivo municipal lo revea porque no es bueno”, se quejó y expresó que “sólo apuntan a un supuesto ordenamiento administrativo y financiero, pero sobre la base de darse facultades y super poderes e ir en contra de las normativas vigentes”.

“Decisión política”En tanto, el intendente interino, Pablo Grasso, indicó a La Opinión Austral que “no se trata de un decreto de emergencia, sino de una reestructuración de gastos y reordenamiento interno” de la comuna y precisó que para la vigencia “no necesita el referéndum del Concejo Deliberante”, porque se trata de una “autolimitación” de sus propias funciones. Seguidamente, defendió la implementación del decreto señalando que “obedece a una decisión política” ante el desorden en el que encontraron al Municipio al momento de responsabilizarse de su destino, luego de la renuncia de Raúl Cantín. Sobre lo expresado por el SOEM, Grasso indicó que “este instrumento legal no viola el Estatuto municipal porque no se plantean cambios entre áreas, sino que permitirá que al personal se le designe nuevas tareas dentro de su misma área”, con lo que descartó que el agente administrativo deba realizar en adelante tareas operativas y viceversa. A modo de ejemplo, el jefe comunal detalló que con la implementación de la emergencia ambiental, la Comuna demandará personal que “fiscalice las cuestiones medioambientales, se haga seguimiento de minibasurales o que el servicio de recolección se cumplimente de acuerdo a lo estipulado, y eso se hará solamente reubicando al personal bajo nuevas funciones”, aseverando que “hay casi 200 personas en el área de Limpieza Urbana y no salían a trabajar por diferentes motivos. Se les entregó vestimenta, herramientas y ahora demandan barbijos”, dijo Grasso y adelantó que esta demanda tendrá su respuesta y en caso que no cumplan la labor, deberán también ser “reubicados”. Finalmente sostuvo que detectaron “personal que percibe su salario, pero sin prestar servicio e incluso personas que fueron designada sin el visto bueno del intendente”, siendo que el decreto “va en función de ordenar eso también”.

Comentá la nota