El intendente Germán Alfaro anunció que dio la orden al director de Catastro Juan Ledesma para que no se otorguen más permisos a las empresas constructoras que no obtuvieron el final de obra, requisito obligatorio para que un edificio pueda ser habitado.

 

La determinación se anunció cuatro semanas después de que trascendiera un informe de la Dirección de Catastro y Edificación, que relevó casi un centenar de edificios que carecen del apto. Además, un alto porcentaje de ellos ya está ocupado sin las debidas condiciones.

 

“Hay 30 edificios que no tienen finales de obra que están habitados. Nosotros estamos trabajando y analizando cada uno de ellos para ver si podemos o no ir regularizándolos, incluso estamos tomando contacto con los vecinos y ver cómo podemos ir ayudando, porque al no tener finales de obra, los vecinos no pueden escriturar ni hacer transferencias. Por eso estamos tratando que gente desaprensiva deje de construir en nuestra provincia”, aseveró Alfaro.

 

 

 

Por su parte, José Luis Avignone, secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, ratificó la decisión: “El municipio no otorgará más permisos para construir edificios a las empresas que son violadoras seriales del Código de Planeamiento Urbano (CPU). Llegamos a este extremo de no autorizar construcciones de estas firmas que todos conocemos, de esta sarta de inescrupulosos -por no llamarlos delincuentes-, para que no puedan construir más”.

 

Avignone había dado a conocer a mediados de febrero un informe de Catastro que contabilizó 93 edificios de la capital sin el certificado de “Finalización de Obra”. Cuentan con la instalación de los servicios de agua, luz o gas y muchos, inclusive, están habitados pese a las ordenanzas vigentes. De acuerdo con el informe, remitido por Ledesma, 66 edificaciones del total están a cargo de las firmas Grandi y Mas.

 

La ordenanza 4.639 establece que no pueden ocuparse los edificios que no posean el apto de “final de obra”. La multa por cada departamento o unidad habitada fuera de condiciones está fijada en 50.000 Urbanos o $ 71.500 (cada Urbano está fijado en $ 1,43). La ordenanza prevé que el valor del urbano se duplique por cada unidad ocupada con posterioridad a la primera multa. En cuanto a los servicios, la sanción a cada empresa por conexiones sin el “final de obra” asciende a los $ 35.750 (25.000 Urbanos).

 

Al respecto, según La Gaceta el titular de la Cámara de Empresarios de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit), Guillermo Sobrino, aclaró que analizará el impacto de la medida anunciada por el municipio una vez que comience a aplicarse. “Me parece bárbaro que hagan todas las normas que se consideren que puedan regular el sector, pero de nada sirve si no se aplican luego”, adelantó Sobrino. El empresario aseveró que las víctimas de los edificios sin final de obra son los propietarios, que de buena fe adquirieron una unidad.

 

Alfaro informó al respecto que "recibió en la sede municipal a un grupo de más de 400 familias estafadas por los empresarios. Algunas sin final de obra, otras que aún no se finalizaron y otras con el predio vacío, ni construyeron y los vecinos ya pagaron con los ahorros de toda su vida”.