El Municipio capitalino a través de su fiscal de Estado Raúl Galván (h) formalizó este miércoles una denuncia penal en contra del exintendente Ricardo Quintela y los exsecretarios municipales Enrique Díaz Brizuela y Claudia Ortiz por supuestos delitos de abuso de autoridad y negocios incompatibles con la función publica. Se los acusa de la venta irregular de un terreno en la zona sur a un privado para la construcción de una estación de servicio.

El funcionario municipal se presentó este miércoles por la mañana en la sede del Ministerio Público Fiscal e interpuso esta denuncia ante la fiscal Andrea Cecilia Moreno.

Al respecto, Galván explicó a NUEVA RIOJA que “le planteamos a la Fiscal de turno una denuncia penal en contra del exintendente Ricardo Quintela y los exsecretarios Enrique Díaz Brizuela y María Claudia Ortiz. Pedimos que se investigue por los delitos de abuso de autoridad y negocios incompatibles con la función pública”.

El letrado fundamentó esta acción judicial en contra de los exfuncionarios comunales al afirmar que “esto está relacionado con la desafectación del dominio público de un terreno ubicado en la intersección de avenidas Ortiz de Ocampo y Mártires de la Dictadura, frente al monumento al Chacho Peñaloza en la zona del Cepar Sur”.

“En su momento - agregó Galván - el Ejecutivo Municipal a cargo de Quintela envía un proyecto al Concejo Deliberante pidiendo la desafectación y la autorización de venta a un particular”.

Graves irregularidades

Según el abogado municipal “Quintela y estos dos funcionarios incumplieron y cometieron irregularidades graves de carácter administrativo, pasando por alto básicamente organismos que hacen al control de todo trámite de estas características. Un espacio verde como era esa esquina pasa a ser de dominio privado y se la vende a un particular; es decir hay una clara intención de beneficiar a un señor de apellido Mutti que es un empresario que inició una obra para establecer una estación de servicio en el lugar”.

El Fiscal indicó que tanto el entonces Intendente, como los exfuncionarios “actuaron en contra de lo que establecen las ordenanzas municipales, por eso el abuso de autoridad, pasando por alto organismo técnicos; no cumpliendo tampoco con lo que establece la propia ordenanza”.

De acuerdo a lo manifestado por Galván, la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante autorizaba primeramente el cambio de dominio público a dominio privado del terreno, y luego la venta a un particular, aunque adujo que “si bien el Concejo Deliberante lo autoriza, se establece que previamente deberá cumplir con las ordenanzas que rigen todos los controles que son básicos y necesarios porque estamos hablando de una estación de servicio, que colinda con un centro deportivo y un centro administrativo como lo es el Cepar Sur”.

“Vemos que no se cumplieron con una serie de requisitos que nosotros detallamos claramente en la denuncia y eso raya con los delitos de abuso de autoridad y negocios incompatibles con la función pública, donde se establecen penas duras como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, advirtió el funcionario.

Investigar a fondo

Finalmente Galván expresó que “la fiscal Moreno deberá estudiar la denuncia y promover acción - si así lo considera - para que el Juez de Instrucción realice la investigación de la causa y de esta forma llamar a los imputados para que ejerzan su defensa. Esto se tendrá que investigar, espero que a fondo y de una vez por todas, y se determine lo que nosotros estamos seguros que pasó. Espero que los funcionarios judiciales estén a la altura de las circunstancias y de una vez por todas se investigue a un funcionario público. Ojalá que la justicia de La Rioja vaya de una vez por todas a fondo con todas las irregularidades que se vienen cometiendo desde hace tiempo”.