La Municipalidad detectó casos de ocupación irregular de viviendas municipales

La Municipalidad detectó casos de ocupación irregular de viviendas municipales

El director general de Planeamiento Urbano y Vivienda, Ariel Alcaráz, informó acerca de los resultados del censo de ocupación de las viviendas municipales. Este censo se llevó a cabo en el mes de febrero e incluyó a todas las viviendas sociales entregadas por el municipio “con el objetivo de identificar quiénes las habitan y detectar situaciones irregulares como venta y alquileres de las mismas”, según informaron desde la Municipalidad. 

“Hemos detectado 28 casos irregulares, de los cuales ya realizamos 22 actas de intimación. Nos resta hacer otras seis y hay dos nuevas denuncias que verificar”, dijo el director. “El viernes 15 de julio reinauguramos las instalaciones de la Dirección de Vivienda en la calle Bolívar y se puso en marcha el proceso de atención y ejecución con una nueva estructura. A partir del lunes 18 empezamos a realizar las primeras intimaciones con la constatación de escribano público”, agregó.

“Con la reestructuración de la Dirección de Vivienda, comenzamos a ejecutar las intimaciones para iniciar los procesos de desalojo de las viviendas que están en situaciones irregulares, como por ejemplo las que han sido vendidas, o están en situación de préstamo, alquiler, cesión, abandono, o bien, aquellas que nunca fueron habitadas por los adjudicatarios. Cuando hablamos de anomalías se trata de casas en las que no vive el adjudicatario. En ese caso, hacemos una constatación con escribano público donde queda asentado que en la vivienda no reside el adjudicatario ni nadie del grupo familiar declarado”, continuó Alcaraz.

“Nosotros tenemos que intimar en el lugar que ellos han declarado como residencia, que es la vivienda que les hemos adjudicado. Al constatar que no residen allí, se hace la intimación en la vivienda. Esa intimación tiene un plazo, que una vez vencido, da lugar al proceso legal de desadjudicación”, explicó el funcionario municipal.

“El censo fue en febrero y en ese momento se verificó la irregularidad y las situaciones se vuelven a constatar a esta altura del año. Por eso, todas estas personas son pasibles de ser desadjudicadas. De todas maneras, cada caso es especial y se analiza de manera individual”, señaló Alcaraz. “La intimación otorga un plazo de 15 días y cumplido ese plazo, si no hay un descargo o una devolución voluntaria del inmueble, comenzamos con el proceso judicial de desalojo. Una de las consecuencias de ser desadjudicado es que la persona queda con un antecedente negativo que le impide inscribirse en otro plan de vivienda, ya sea nacional, provincial y municipal”, agregó.

“Vencido el plazo de la intimación, se inicia el proceso legal de desalojo. El desadjudicación afecta al adjudicatario, mientras que a los que han comprado esa vivienda les corresponde el desalojo, porque esa propiedad no les pertenece aunque la hayan comprado. La casa es propiedad de la Municipalidad de San Luis, porque no está paga y el proceso de desalojo y desadjudicación son pasos necesarios para que la tenencia vuelva a manos del Municipio”, dijo Alcaraz, detallando como es el proceso. 

El director señaló también que de manera constante se reciben denuncias de casas abandonadas o vendidas, al mismo tiempo que el personal de Vivienda también chequea permanentemente las casas que se ponen a la venta en las redes sociales o sitios web. 

"Estas prácticas son ilegales y su prohibición está estipulada en los contratos que se firman, donde queda claramente establecido que no se puede hacer negocios con viviendas sociales, porque mientras algunos obtienen ganancias, la gente necesitada se queda sin casa. En la vivienda tiene que habitar el adjudicatario o su grupo familiar declarado y si esto no ocurre estamos ante una irregularidad grave”, comentó Alcaraz, quien además contó que la Dirección de Vivienda está revisando todas las carpetas de adjudicatarios nuevamente.

“Descubrimos que un alto porcentaje de los inscriptos ha mentido a la hora de declarar su grupo familiar y utilizan grupos familiares de allegados como propios para obtener una vivienda, mientras tenemos casos de personas en estado de extrema vulnerabilidad que no pudieron ser adjudicados porque alguien mintió en su declaración jurada. Por lo tanto la Dirección está revisando cada una de las carpetas con los informes socioambientales y verificando las denuncias que nos llegan”, continuó el funcionario.

A raíz de esto, Alcaraz manifestó que “la próxima tanda de viviendas serán entregadas después de un riguroso estudio legal y socioambiental de las carpetas”, realizando un estudio exhaustivo de preadjudicación y un cruce de datos a nivel nacional y provincial.

Coment� la nota