La Municipalidad despide a 48 empleados

Pertenecen 20 de ellos a Planta Permanente y gozan de estabilidad. Por eso, primero se los suspende por 30 días para sustanciar el sumario administrativo que, si es confirmatorio de los cargos, se convierte en despido con causa. El restante es un contratado. También hay 27 rescisiones de contratos que fueron enviadas al Tribunal de Cuentas.
En un hecho sin precedentes desde 1983, en materia de sanción por actos vandálicos contra el municipio, el intendente Daniel Giacominio resolvió ayer despedir a los 21 empleados que fueron arrestados por atacar el Palacio 6 de Julio, pero, además, le sumará al listado 27 que tenían antecedentes penales antes de que Luis Juez los hiciera ingresar a la planta.

Esta firmeza no tiene antecedentes, pese a que el sindicato municipal (Suoem) siempre cifró su fuerza en el poder de destrucción -no sólo contra la sede del gobierno de la ciudad-, desde los tiempos de Ramón Mestre y Rubén Martí, pero con mayor vehemencia durante la administración de Germán Kammerath. Demás está decir que tampoco nunca se aplicó la "pena capital" y siempre las sanciones menores, cuando las hubo, fueron posteriormente prenda de negociación cuando se cerraba cada conflicto.

Los despidos de 20 de los 23 detenidos de ayer tendrán una escala intermedia, con la suspensión por 30 días, sin goce de sueldo, para sustanciar el sumario interno a que está obligado el municipio para agotar la instancia administrativa y garantizar el derecho de defensa, so pena de exponerse a costos indemnizatorios en una posterior demanda judicial de los aludidos.

Es preciso señalar que de los 21 municipales detenidos, 20 pertenecen a Planta Permanente y, por lo tanto, tienen estabilidad. Por esto, para el despido con causa, debe agotarse primero la instancia administrativa. El restante es un empleado contratado, por lo que alcanza y sobra con la no renovación del contrato.

Con antecedentes penales

Respecto a los 27 despedidos por antecedentes penales, se trata de agentes incorporados por la administración Juez que no habían podido presentar el certificado de buena conducta como requisito estatutario. Técnicamente, no es ni cesantía ni despido, sino simple rescisión de contratos que son temporarios

Las 27 rescisiones de contratos cuentan ya con el respectivo decreto firmado por el intendente, pero se encuentran en trámite en el Tribunal de Cuentas. Parte de ellos tienen el visado de los miembros del organismo de control, pero no han llegado al Departamento Ejecutivo porque el paro de empleados también afecta a esta institución y al despacho de ingreso y egreso de expedientes, la Mesa de Entrada.

El resto está en trámite pero el Tribunal de Cuentas, donde Giacomino apenas cuenta con uno de los cinco tribunos, no tiene margen para bloquear las decisiones y se limita a verificar la corrección administrativa del trámite. Por esto, la desafectación es decisión tomada y sólo restan cuestiones formales.

Debe recordarse que Giacomino a principios de año ya había rescindido contratos a otra veintena de empleados, invocando exactamente los mismos motivos que, por otra parte, son exigencias del Estatuto del Empleado Municipal, una ordenanza que, en su momento, fue consensuada con el Suoem.

1 ¿Qué piensa de lo ocurrido ayer y cómo se sale del conflicto?

2 ¿Cree que es correcto cesantear a los violentos?

• Carlos Vicente (Viceintendente - Frente Cívico)

No quiso hablar con este medio. Al igual que su líder político, Luis Juez, evitó no aparecer en los medios el día de ayer. Probablemente su ausencia procure que la ciudadanía no lo identifique con la gestión municipal de su jefe, quien nombró 4.500 empleados, hipotecando las finanzas de la ciudad.

• Juan Manuel Rufeil (Pte. bloque PJ)

1- Es vergonzosa la protesta. Nosotros siempre hemos defendido como peronistas a los trabajadores. Pero esto es un abuso, de una grupo que dice ser gremial pero parece más una patota.

2- Cuando ciudadanos hacen actos ilícitos, ponen en riesgo la convivencia, la paz social y las otras personas, tiene que ser actuar la Justicia. Paralelamente, creo pertinente que el Ejecutivo despida a los violentos. Está en todo su derecho como empleador.

• Ramón Mestre (Pte. bloque UCR)

1- Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia ocurridos. No solamente es necesario que urgente haya diálogo, sino también que se respete el principio de autoridad del intendente. Una herramienta de suma importancia que dotará de legitimidad las decisiones será la constitución del Consejo Económico y Social. Si el chantaje sindical logra que el decreto se modifique no pierde el intendente, pierde la ciudad, pierden los vecinos, y demostraría que somos incapaces de garantizar el estado de derecho.

2- Si las faltas se encuadran en los que determina la reglamentación vigente, es correcto que los despida, porque serán cesantías con justa causa. Políticamente sería bueno que se respete el reglamente y se frene a quienes han sido desleales con la administración, y con toda la ciudadanía, al destrozar patrimonio público.

Aparte hay que descontar los días. Día no trabajado, día que no se paga, porque como dijo San Pablo, el que no trabaja no come.

• Olga Riutort (Pta. bloque Eva Duarte)

1- Es lamentable lo que pasó hoy. Apoyamos al intendente y a aquellos empleados municipales que quieren trabajar para que no paguen justos por pecadores y sean ellos mismos quienes exhorten a la conducción del gremio a terminar con estas actitudes violentas, a cambiar el método de protesta o sino que renuncie Rubén Daniele. Sólo así puede llegarse a una salida del conflicto. También debe involucrarse el recientemente electo senador Luis Juez, a quien le pertenecen 4.500 empleados, todos punteros políticos del Frente Cívico, para hacerles entender que no hay plata para pagar horas extra ni jornadas extendidas.

2- Si los detenidos son empleados municipales, directamente se debe expulsarlos definitivamente de la planta de personal. Quienes destruyeron bienes público, además tienen que ser penalmente denunciado.

• Graciela Villata (Pta. bloque Frente Cívico)

Se la intentó comunicar en nueve oportunidades. Al igual que a su líder político, Luis Juez, evitó no aparecer en los medios el día de ayer. Probablemente su ausencia procure que la ciudadanía no la identifique con la gestión municipal de su jefe, quien nombró 4.500 empleados, hipotecando las finanzas de la ciudad.

• Gustavo Barrionuevo (Concejal Frente Social para la Ciudad)

1- La protesta se fue de los parámetros aceptables de cualquier protesta. Más aún cuando se refiere a recortes de horas extras y bonificaciones. No estamos hablando de recortes de sueldo. Es una atribución de cualquier patronal decidir sobre este tipo de cuestiones.

2- Yo no sería tan terminante. Creo que las cesantías deberían ser dejadas como última medida. No obstante, si se comprueba que los que rompieron bienes públicos son empleados municipales, se debe aplicar el reglamento. Hay que apostar al diálogo.

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