Desde el sábado ya no está en vigencia el contrato por el cual el municipio compartía con el Gobierno provincial la facultad de confeccionar multas de tránsito. La Municipalidad decidió rescindirlo después de casi 10 años porque consideró que había superposición de facultades. Además, señalan que se incumplieron cláusulas del convenio.
“La recaudación ingresaba a la Dirección de Transporte provincial, por lo tanto terminaba en las arcas de la provincia”, manifestó José Luis Avignone, secretario de Relaciones Institucionales del municipio.
Desde mediados de abril los funcionarios municipales están intentando conocer cuál es el monto que la Provincia percibió en concepto de multas desde 2006 hasta este año. Para eso han enviado notas al presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Miguel Terraf, a Inés Micale, contadora General de la provincia; y a Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia. “No nos han respondido, así que daremos intervención al defensor del Pueblo”, adelantó Avignone. El convenio tenía vigencia hasta octubre de 2007, pero terminó estirándose por casi 10 años. Según Avignone, en ese lapso la Municipalidad dejó de recibir entre $8 a $10 millones.
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