La municipalidad más cerca de perder un juicio millonario

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca falló a favor de Telefónica de Argentina en la demanda millonaria contra la Municipalidad de Santa Rosa, por el pago del canon por ocupación y uso del espacio aéreo, y ahora a la comuna sólo le queda recurrir a la Corte Suprema.
Los jueces bonaerenses le dieron la razón en un todo a la multinacional de origen español, al aceptar su pedido de que los intereses de los pagos cuestionados fueran contabilizados a partir del primero de ellos y desde el inicio de la demanda; pero además resolvieron que todas las costas del juicio -incluyendo a los abogados de Telefónica- deben ser pagadas por el municipio, revelaron fuentes judiciales.

La resolución de la Cámara estaría fechada el viernes pasado, y aún no habría llegado al Juzgado Federal de Santa Rosa. Las fuentes no supieron precisar el monto que tendría que oblar la municipalidad en caso de que la sentencia quedase firme, pero a esta altura la suma sería superior a los 5.000.000 de pesos.

La municipalidad, que recién se notificó de la resolución ayer a las 14, puede ahora presentar un recurso extraordinario ante la Cámara para llegar a la Corte. Si fuera admitido, aún no debería pagar; pero si los jueces bahienses se lo denegaran, y fuera directamente a la Corte en queja, tendría que desembolsar esa millonaria suma porque los plazos seguirían corriendo.

La causa judicial se abrió en 1999, cuando el actual gobernador Oscar Mario Jorge era intendente. El reclamo a Telefónica es por el cobro del canon por el uso del espacio aéreo. La Ley Nacional de Telecomunicaciones Nº 19.798, que fue sancionada el 2 de agosto de 1972, dice en el artículo 39 que las empresas telefónicas estaban exentas del pago de todo gravamen establecido eventualmente por provincias o municipalidades.

Sin embargo, a partir de la privatización de Entel en 1990 y el desembarco de las multinacionales Telefónica y Telecom, se produjo un avance de los municipios sobre las empresas privadas para exigirles el pago de gravámenes por el uso u ocupación del espacio aéreo bajo sus jurisdicciones. Lo mismo que ocurrió en La Pampa sucedió en otras provincias.

Santa Rosa y General Pico juicios de apremios a Telefónica, ganando en todas las instancias provinciales. Pero la compañía, que pagó bajo protesta, tildó de inconstitucional el cobro del canon ante la justicia federal y consiguió el respaldo de la Corte menemista el 27 de febrero de 1997. Justamente el caso General Pico -una acción meramente declarativa- fue el primer antecedente favorable a Telefónica, y ahora es su caballito de batalla, porque la Corte -con sólo cinco votos de nueve ministros- revocó una decisión de la Cámara bahiense y declaró inconstitucional la ordenanza de la comuna imponiendo el canon.

Luego de ese fallo, el entonces senador nacional Carlos Verna (PJ) impulsó, y consiguió que se aprobara en el Congreso, una ley que eximía a las municipalidades a devolver el dinero cobrado indebidamente. Pero Telefónica demandó tanto a General Pico como a Santa Rosa para que devolvieran el dinero abonado bajo protesta.

El Juzgado Federal de Santa Rosa consideró inconstitucional la llamada "Ley Verna" y, por ello, ambos municipios recurrieron a la Cámara bahiense. Incluso en 2002, Telefónica intimó a Santa Rosa -que fundamentó su postura en la "Ley Verna"- a devolver el dinero, pero Jorge prefirió continuar con la batalla jurídica.

Con la apelación santarroseña pasó algo increíble: el 14 de mayo de 2007, la Cámara le dio un plazo de 10 días para que expresara sus agravios, pero los abogados de la gestión del intendente Nestor Alcala no lo fundaron; o sea no ofrecieron los argumentos para demostrar que correspondía exigir el canon. "La municipalidad apeló ante el juez federal, Pedro Zabala, éste le concedió el recurso, pero después no lo fundaron ante la Cámara. Igual eso no le impide ahora recurrir a la Corte", indicaron ayer fuentes judiciales.

Abogados demandados

La fiscal Alejandra Ongaro promovió una acción penal, a pedido del médico Humberto Valdivia, contra los ex abogados del municipio, Andrés Olié, Eduardo Aguirre y Francisco Marull, por el juicio que mantiene la comuna con Telefónica. La investigación apunta a saber si cometieron algún delito al no fundar en 2007 el recurso de apelación ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Los siete juzgados de instrucción se excusaron de intervenir en el caso alegando "amistad manifiesta" con alguno de los abogados y por eso el expediente terminó en manos de la jueza civil Gloria Albores. El intendente Francisco Torroba también anunció que podría demandar a los asesores jurídicos del ex intendente Nestor Alcala, pero -que se sepa- no fue a la justicia.

En la gestión alcalista, Aguirre era director de Asuntos Jurídicos; Olié, asesor legal; y Marull, asesor contratado. ¿Qué pasó con la causa? Nunca se supo nada.

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