Y el mundo sigue andando

Por: Silvio Santamarina.

La ley votada esta madrugada cambiará muchas cosas en el negocio de los medios privados y públicos, pero los problemas urgentes de la sociedad argentina seguirán vivitos y coleando. Así lo indica el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina presentado ayer sin bombos ni platillos. Y por ahora sin cacerolas.

Ayer, en las oficinas porteñas de la influyente Fundación Konrad Adenauer estaban preocupados: justo habían programado (con mucha anticipación, como serios alemanes que son) la presentación del octavo Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat) 2009 para el día en que finalmente se votó el proyecto oficial de ley de medios. El temor se refería a la repercusión que podían merecer los resultados del estudio, en medio de tanto debate mediático. Lógico: ¿a quién puede importarle la calidad institucional, el clima de inversiones, las políticas sociales y la participación de la ciudadanía en el poder, mientras en el Congreso se juega la pulseada entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín? Mejor dicho: ¿A cuántos políticos, periodistas y empresarios de medios les interesa en estas horas el futuro de la democracia y las urgencias sociales, en comparación con la explosiva puja de intereses que se está ventilando en el negocio de los medios públicos y privados? Parece que a muy pocos. Claro que fuera de ese círculo mediático de periodistas que se creen o se venden como líderes políticos y de políticos que sólo saben de rating y votos están los otros argentinos, de todas las clases, que son millones. Tal vez a ellos les parezca urgente pensar en otra cosa.

El IDD-Lat es uno de los ránkings más serios que se elaboran para medir la salud de las sociedades y sus estados democráticos en la región. Los propios autores del Índice explican que los resultados estadísticos son menos importantes que el debate sobre los parámetros y las comparaciones entre países. Por ejemplo, es alentador saber que la Argentina ocupa el sexto lugar en una lista de 18 países, aunque sigue lejos del podio que desde hace años ocupan Chile, Costa Rica y Uruguay. También es interesante descubrir que Brasil queda atrás de la Argentina, a pesar del boom socioeconómico del gigante del Mercosur: la explicación académica es que seguimos, en comparación con nuestros exitosos vecinos, beneficiándonos de la herencia cultural y social que nos dejaron los viejos buenos tiempos de la historia de la patria. Aquí hay un activo que todavía podemos aprovechar y hacer valer, si no lo depredamos antes con el egoísmo, la hipocresía y el revanchismo que nos domina, y no sólo por culpa del clan K.

El informe elaborado por la consultora Polilat.com, con el apoyo de la Konrad Adenauer, también plantea señales de alerta para el caso argentino. De los 18 países analizados, quedamos en el puesto 16 en Calidad Institucional y Eficiencia Política, perdimos puntos en Libertad Económica y de Inversión, y estamos peor que el año anterior en el inquietante rubro Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar. Estos indicadores fueron elaborados con datos del año pasado, cuando la crisis financiera internacional recién empezaba a impactar en las cuentas argentinas; es probable que el estrés presupuestario que ahoga a muchas instituciones haga empeorar la calificación del año próximo.

Pero todos los empeños por vincular la solidez de la matriz democrática con el bienestar general que alienta este informe no se reflejan en el comportamiento actual de la dirigencia argentina. Parece haber pasado de moda la idea de que "con la democracia se come, se educa y se cura". El impresionante magnetismo que tiene la campaña oficial por la ley de medios para chupar voluntades en lo que hasta hace poco era el espectro independiente de la opinión pública es la partida de defunción de aquella consigna de Raúl Alfonsín acerca del potencial de las instituciones republicanas. Hoy la propuesta lanzada desde el kirchnerismo, y acatada por el resto, es que la mayor intensidad del poder público pasa por los cables de fibra óptica. La idea en boga es que con los medios se gobierna, y por lo tanto, se come, se educa y se cura. Por eso algunos senadores que votaron a favor de la ley esta madrugada argumentaron que la atomización de la estructura empresarial que supuestamente se operará en el mercado audiovisual favorecerá la situación del empleo en la Argentina. La dudosa ley económica que esgrime es que para fomentar las pymes mediáticas alcanza con dinamitar una empresa dominante. Nada se dice de las condiciones de competitividad que permite la economía de escala de un grupo de medios. Salvo que la economía de escala sea precisamente el barril sin fondo de la financiación estatal, el gran monopolio mediático gubernamental que temen aquellos que votaron en contra de la ley K.

Más allá de las consecuencias económicas que puedan sufrir –o no– los multimedios condenados por la ley de medios votada hace unas horas, hay un cambio cultural que ya se ha operado con éxito en la sociedad: a partir de hoy, a los periodistas que critiquen e investiguen al Gobierno se los llamará "opositores", ya no "independientes". Ha perdido legitimidad la noción de que, aunque todos los grupos de interés deben quedar bajo la lupa del periodismo, es lógico que la mirada inquisidora se enfoque en el gobierno de turno, que concentra buena parte del poder político y económico de la nación. Los crímenes del Estado son, según la legislación internacional, siempre los más graves: por eso existe la noción de "crímenes de lesa humanidad", opuestos a los asesinatos perpetrados por grupos no estatales. Sin embargo, desde hoy manda otro estándar (un doble estándar progresista) en lo que al ejercicio de la prensa se refiere. Ya lo dijo Oscar Wilde: "El deber es lo que esperamos que hagan los demás."

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