Multicanal tendría que ceder clientes de Capital, Córdoba y Mar del Plata

La controvertida decisión del Comfer apunta al corazón de las decisiones empresariales del Grupo Clarín, propietario de Cablevisión-Multicanal. Si no prosperan las apelaciones judiciales de Clarín, el principal operador de cable de la Argentina debería resignar instalaciones y operaciones en 48 localidades de todo el país. La resolución de la autoridad regulatoria está basada en el articulado de la Ley de Radiodifusión que el Gobierno quiere reemplazar. Clarín definió la movida oficial como "antijurídica y confiscatoria", porque no tiene en cuenta que la ley exige sólo capacidad patrimonial.
De no prosperar las impugnaciones que el Grupo Clarín realizará ante la Justicia por la resolución del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) que el jueves desautorizó la fusión Cablevisión-Multicanal, la principal compañía de cables de la Argentina y la que más abonados tiene de América latina, deberá desprenderse de parte de sus redes en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Córdoba, entre otras 44 localidades, las más pobladas del país.

La decisión causará graves heridas al Grupo que se encuentra en guerra con el Gobierno y su proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y pugna por comprar la mitad del paquete de control de Telecom, si se tiene en cuenta que Cablevisión es la responsable de más de 60% de sus ingresos.

El cuestionamiento nació en el Comfer, cuna también del proyecto que reemplazará a la controvertida Ley de Radiodifusión. La ley por reemplazar también establece fuertes restricciones a las empresas de cable, como la imposibilidad de operar en más de 24 localidades y acaparar más de 35% de los abonados del país. Actualmente, Cablevisión tiene cerca del 50 por ciento.

Ahora, el organismo dictaminó, basado en la superposición de licencias que la fusión de Cablevisión, Multicanal y otra subsidiaria del Grupo Clarín provocó al tener distintas operaciones en una misma localidad.

Cablevisión se defiende de la decisión oficial sobre la base del hecho de que ya desistió de licencias en 48 localidades. Pero para el Comfer, ese desistimiento sólo se produjo de forma "nominal"; es decir, sólo renunció al permiso para operar cuando según el ente regulador de los medios, debió también vender o desafectar los bienes que se utilizan para operar el servicio, como las redes.

Esta idea se basa en los pliegos para la adjudicación de licencias de cable que requerían acreditar la propiedad para poder realizar la operación.

Clarín asegura que la medida oficial es "claramente antijurídica y confiscatoria".

"A los efectos de la adjudicación, lo que exige el Pliego de Servicios Complementarios es que el licenciatario acredite capacidad patrimonial para proceder con la instalación del servicio conforme a la norma técnica. Sin embargo, se debe destacar que estos bienes no corresponden a la licencia sino que son propiedad del licenciatario. El Pliego de Servicios Complementarios vigente a la fecha de adjudicación de esas licencias exigía que para prestar el servicio, el licenciatario debía tender la infraestructura", insistió la empresa, ante una consulta de PERFIL.

Sin embargo, el Comfer señaló en su resolución que aplicó los artículos 53°, 63° y 65° de la Ley de Radiodifusión.

Los dos últimos declaran afectados los bienes para la prestación regular del servicio y que, "producida la extinción de la licencia y ordenado el cese efectivo del servicio, el ex licenciatario procederá al desmantelamiento de los bienes afectados en el plazo que se le fije, si éstos no fueran adquiridos por el nuevo licenciatario, por el Estado o utilizados por éste".

El artículo 53° establece que las licencias de radiodifusión se extinguen, entre otras razones, por la disolución de la sociedad titular, lo que ocurrió, a juicio del Comfer, con empresas que fueron absorbidas por Cablevisión.

Sin servicio. Además de obligar a Cablevisión a deshacerse de la infraestructura vinculada a la licencia, el Comfer también caducó el permiso de Cablevisión en un cable de Villa La Angostura, por lo que deberá dejar de operar en esa localidad, hasta que se encuentre a un sustituto. En este caso, se basó en la delegación de explotación, expresamente prohibida por la Ley de Radiodifusión.

Para el Comfer, Cablevisión delegó la explotación en la Cooperativa de Electricidad de Bariloche ya que interpreta que la titularidad del equipamiento es propiedad de la cooperativa, "que también se encuentra a cargo de su reparación y mantenimiento", además de la atención al cliente.

Para Clarín, "el precedente que cita el Comfer no resulta aplicable a la situación de Cablevisión. En ese caso se cuestionaba una delegación de la explotación a favor de una cooperativa. Insistimos sobre el concepto que la legislación siempre exigió acreditar capacidad y propiedad de la infraestructura", indicó una fuente de la empresa.

"Es curioso cómo el Comfer omite considerar múltiples antecedentes en materia de desistimiento en los cuales resolvió aprobar los mismos sin exigir desinversión".

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