Multicanal no acata resolución nacional

A pesar de que el gobierno nacional resolvió hace una semana no autorizar el aumento en los abonos, en Santa Rosa y Toay las facturas comenzaron a llegar con un anunciado aumento del 10 por ciento.
Hace una semana, el gobierno nacional hizo pública su decisión de frenar el aumento de un 10 por ciento que tenían previsto las principales operadoras de cable del país. Además, anunció que comenzará a investigar la "cartelización" del sector.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) confirmó que, mediante una resolución, ordenó a las empresas operadoras de televisión paga a que se abstengan de aumentar el precio de los abonos y dispuso que, en caso de haberlos concretados, retrotraigan el valor al percibido en noviembre de 2009.

"Se trata de una medida preventiva que busca garantizar la competencia en los mercados y proteger al consumidor", aseguró el vicepresidente de la CNDC, Humberto Guardia Mendonca, e indicó que la Comisión comenzó a "investigar algunas conductas de cartelización en el sector".

La agencia estatal Télam, que tuvo acceso a la resolución oficial, advirtió que la misma insta a las compañías a que se abstengan de realizar "prácticas colusivas", es decir, llevar adelante acuerdos entre las firmas ya sea para aumentar o fijar los precios.

"Va contra Cablevisión, ya que es una posición con empresa dominante, pero es una resolución que afecta a todo el mercado", indicó el mismo funcionario.

Los incrementos previstos en las tarifas de la TV por cable eran de un 10%. Según Guardia Mendonca, "hay una correlación entre todos los aumentos previstos" y es por eso que la CNDC prevé investigar a las asociaciones que nuclean a las empresas del sector.

Las empresas habían avisado -es preciso hacerlo con 30 días de anticipación- en las facturas de enero que iban a aumentar sus tarifas.

La disposición nacional dada a conocer la semana pasada consigna que "aquellos operadores que ya hayan enviado las facturas con aumentos deberán dar marcha atrás y reenviarlas a los usuarios con el mismo valor que en diciembre último".

Las boletas que están llegando a los abonados de Santa Rosa y Toay, en las que se pasa de 99,80 a 109,70 pesos por el servicio, nada dicen sobre una eventual refacturación o reenvío de una nueva boleta. Tampoco hubo avisos en los medios explicitando la situación, por lo que se supone que el objetivo de las empresas del Grupo Clarín estaría centrado en hacer oídos sordos a la disposición del gobierno nacional.

Tampoco se han escuchado aún voces de organizaciones estatales o privadas de defensa de los consumidores ante la situación planteada en ciudades como Santa Rosa y Toay, donde las empresas de cables, fusionadas, no cuentan con competencia.

Justificación.

Las empresas aseguran que el denominado "impuestazo tecnológico" impulsado por el gobierno nacional y aprobado por el Congreso en diciembre último las perjudicó porque encareció los costos para la compra de tecnología de punta. Se trata del incremento impositivo a la importación y comercialización en el país de productos electrónicos no fabricados en Tierra del Fuego, con lo que el gobierno nacional intenta impulsar el polo industrial de la isla.

Además, los operadores sostienen que el valor del abono básico en la Argentina para mirar televisión por cable sigue siendo uno de los más bajos de la región, comparado con Chile, México, Brasil y Venezuela. Pero ahora, el gobierno nacional aseguró que las empresas tomaron la decisión de aumentar sus precios en forma unilateral, lo cual es incorrecto porque el servicio está regulado por el Estado y deben obtener primero una autorización.

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