La Asamblea de Gualeguaychú resolvió cancelar ayer la reunión entre intendentes prevista para la tarde del domingo luego que se les impidió cruzar la frontera a Uruguay. “Pasamos todos o no pasa nadie”, dijo el intendente Juan José Bahillo cuando llegó la caravana estaba en la frontera y fue interceptada por un cordón policial. El país vecino había advertido que sólo dejaría pasar a 11 manifestantes y al intendente de Gualeguaychú.

El objetivo de los ambientalistas era entregar un petitorio reclamando que se deje sin efecto la autorización de aumentar la producción de la papelera UPM.

El gobierno de José Pepe Mujica dispuso un férreo operativo militar para la zona, por lo que se ejecutan controles por tierra, agua y aire a efectos de prevenir incidentes. La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se movilizó hacía Río Negro con la intención de entregarle una nota al intendente de Fray Bentos Omar Laffluf, pero no lo hicieron ya que se negaron a que sólo una delegación cruzara la frontera.

Traºs una llamada telefónica a Lafluff, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo informó que se cancelaba la reunión de intendentes. “Pasamos todos o no pasa nadie”, sostuvo remarcando que tiene que responder al “pedido de su pueblo”.

El ambientalista Oscar Vargas criticó que no se les permitiese ingresar a Uruguay. “No nos están dejando pasar y vamos a dejar constancia con escribano”, dijo el activista. Vargas dijo que “hay que sacar a Botnia tornillo por tornillo y llevarla para otro lado”.

El jefe comunal contó que “tenía pensado entregarle un petitorio exigiendo la relocalización de Botnia-UPM y también la documentación que expuso el canciller (Héctor) Timerman con las mediciones que demuestran el carácter contaminante de la planta”.

Bahillo dijo sentir “dolor” porque en Uruguay no se “entiende” el conflicto”, que, recalcó “no es con los vecinos uruguayos” sino “por las decisiones que han tomado algunas autoridades uruguayas autorizando esto”.

Comunicado de la Provincia

Por su parte el gobierno entrerriano emitió un comunicado en el que recuerda aspectos de la sentencia de la Corte Internacional de La Haya respecto de la pastera Botnia (hoy UPM). “El límite de un millón de toneladas anuales de pasta fue fijado inicialmente en 2005 por el propio gobierno del Uruguay. El mismo fue ratificado en 2010 por la Corte Internacional de Justicia y quedó bajo el control y la vigilancia continua de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”, señaló.

También se indicó que en 2012 “Uruguay sometió a la CARU la solicitud de UPM de ampliar su producción anual, en modificación de las condiciones previstas en el proyecto original. Al día de hoy el procedimiento de información y consulta previas se encuentra en pleno desarrollo, de acuerdo con el Estatuto del Río Uruguay”.

Tras reseñar los aspectos del conflicto indicó que, por ello, el gobierno de Entre Ríos “apelando a la profunda raíz histórica y afectiva de los vínculos que unen al pueblo argentino y el uruguayo, en particular a la filial relación con los entrerrianos, llama y solicita al gobierno de la República Oriental del Uruguay un esfuerzo para retrotraer la situación a la vigente antes de su reciente autorización unilateral a UPM a aumentar la producción”.

“Esto daría una oportunidad a la diplomacia a hacer su trabajo para conciliar posiciones evitando el doloroso desgaste de nuestra entrañable relación bicentenaria”, se agregó

Al mismo tiempo se hizo un llamado “a todos los actores de la sociedad civil involucrados una actitud constructiva al respecto, ayudando a que este nuevo conflicto se mantenga dentro de las proporciones que la diplomacia pueda manejar”.