Mujica: “Me duele mucho, esto puede crear tensiones”

Luego de aprobar el aumento de la producción para la papelera UPM (ex Botnia), el presidente uruguayo lamentó haberse quedado “sin margen para negociar”. Aunque afirmó: “Pero nadie va a separar de mi corazón el sentimiento hacia el pueblo argentino”.
El presidente uruguayo, José Mujica, autorizó hoy a la pastera UPM (ex Botnia) aumentar su producción en 100.000 toneladas y manifestó: “Me duele mucho, esto puede crear tensiones y malentendidos”, por la resistencia argentina que advierte con llevar nuevamente el caso a La Haya.

La autorización es de carácter "provisorio y revocable" y representa la mitad de lo solicitado por la empresa porque "se está exigiendo la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos lleguen al río a una temperatura abajo de los 30 grados", explicó el mandatario.

"Nos quedamos sin margen para negociar. Me duele mucho, pero nadie va a separar de mi corazón el sentimiento hacia el pueblo argentino", agregó.

Según Mujica, "desde el punto de vista jurídico Uruguay está procediendo de forma correcta y lo que está haciendo no merece ninguna objeción" ya que, en su opinión, se cumplieron con todas las etapas correspondientes en lo relativo a informar a Argentina.

Los dos países vecinos administran en forma conjunta el río Uruguay que es límite natural y existen tratados binacionales que obligan al cumplimiento de determinados trámites para obras que puedan afectar a uno u otro.

Durante el gobierno anterior del oncólogo Tabaré Vázquez (2005-2010) las diferencias con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, por este tema enfriaron las relaciones y el caso debió dilucidarse en la Corte Internacional de La Haya.

La semana pasada la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que recordó que el límite de producción que utilizó la Corte Internacional de Justicia para analizar la controversia fue de 1 millón de toneladas anuales y que "todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal".

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner considera que no se cumple con el fallo de ese organismo internacional y está dispuesta a volver a plantear la situación.

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