-¿Qué diagnóstico haría de la violencia familiar y de género en Rawson?

-Es una situación gravísima. Junto a Trelew forman una zona liberada para el agresor que acecha a la mujer, porque algunos jueces penales dicen erróneamente que no es delito desobedecer la prohibición de acercamiento ordenada por un juez de Familia. Se puede acosar y hostigar los 365 días sin temor a consecuencias penales, aunque la víctima tenga una medida de protección. Hay impunidad para vigilar a la mujer, controlar sus movimientos de cerca, seguirla, buscar su cercanía física, pararse frente a su casa, la de familiares o su lugar de trabajo, enviarle mensajes de texto, contactarla por Facebook, Whatsapp, o llamarla por teléfono contra su voluntad. Todo eso es desobedecer una prohibición de acercamiento y contacto, pero no es delito para ciertos jueces penales, que son una minoría, no todos.

-¿Qué implica esto?

-Cuando se archiva la causa penal el maltratador dice a la mujer: “Sos mía ¿viste que hago lo que quiero con vos y no hay delito?”. Ambos quedan con ese registro mental de la impunidad. El Poder Judicial tiene que poner límites al agresor, es la única manera de frenar la violencia y terminar con la vulnerabilidad de la mujer. Pero una parte del fuero penal involuntariamente legitima el acecho del agresor y aumenta el desequilibrio de poder en lugar de empoderar a la mujer. No se piensa en las consecuencias de estos fallos despenalizadores. Hay que darse cuenta de un dato obvio: quien mata o lesiona a una mujer, antes violó una prohibición de acercamiento. El acoso, la desobediencia a la restricción, son parte de la estrategia del acechador para impedir la vida normal de la mujer. Son señales que anticipan el horror, situaciones previas a un delito más grave, que no pueden ignorarse. ¿Quién puede creer que el agresor viola la restricción de acercamiento porque se equivocó de calle en una distracción, y aparece justo frente a la casa de su ex pareja?

-¿Cómo es este proceso?

-El femicidio no se produce en forma casual ni de un día para el otro. Hay barreras que el agresor elimina de a poco, impide que la mujer trabaje para someterla económicamente, la aísla de familiares y amigos; luego viene el maltrato físico, y si hay una intervención judicial, quebranta la medida cautelar y reitera la violencia. Cuando el juez penal dice que no hay delito en la desobediencia, el riesgo de homicidio, violación y lesiones es enorme porque el Poder Judicial manda un mensaje clarísimo: “No te acerqués a tu pareja porque sos violento, pero si lo hacés no te vamos a castigar con una pena”. La mujer sufre dos agresiones, la del hombre y la del Poder Judicial. Esta idea abolicionista del Derecho Penal habrá funcionado muy bien en algunos pueblitos de los valles de Noruega, pero no en el conurbano bonaerense ni en Chubut, donde la criminalidad y la violencia de género tienen otra gravedad. Sin castigo no hay prevención, y sin prevención no se erradica la violencia. Mientras no se entienda, ser mujer en Chubut significa vivir con el peligro permanente de morir asesinada o sufrir un grave daño por la violencia de género.

-¿Cuántas causas maneja por este tema?

-Más de 300 causas por año.

-¿Creció la cifra?

-Es un número que se mantiene constante, es el 25% de los expedientes que tengo. Pero la enorme mayoría de las víctimas no denuncia, les es muy difícil salir del ciclo de violencia familiar.

-¿Cuántas prohibiciones de acercamiento están vigentes en su jurisdicción?

-Muchísimas, perdí la cuenta. Una vez que recibo la denuncia de la Comisaría de la Mujer, en menos de una hora dicto la medida cautelar, sin que intervenga ningún abogado. La Policía retira una copia de la resolución y se encarga de la notificación y control. No hay formalismo ni burocracia, hasta dicto medidas de protección enviando un mail a la Comisaría de la Mujer desde mi celular. En esto me aparto de la ley de violencia familiar, que exige el patrocinio de un abogado para dar curso a la denuncia. Es una ley noble pero falla en temas importantes.

-¿Por ejemplo?

-Establece un sistema de doble denuncia, porque la mujer va a la Comisaría y no alcanza: también debe ir a la Defensoría Pública o al estudio de un abogado para que firme la presentación. Muchas mujeres que se animaron a ir a la Policía se quedan sin protección judicial porque algunos Juzgados se basan en la ley y no tramitan denuncias sin firma de abogado. Están devastadas, en shock, paralizadas y con pánico por el ataque que sufren. No hay que andar con vueltas exigiendo que encima vayan a ver a un abogado cuando no tienen fuerzas. Sí es importante que lo tengan para seguir el expediente y estar asesoradas, pero no para denunciar y poder obtener una medida de protección.

-¿Sabe cuántos presos hay por violencia de género?

-Por femicidios y violaciones debe haber condenados cumpliendo prisión. Por otros delitos relacionados con la violencia de género, como lesiones, es probable que ninguno. Los jueces de Familia no tenemos posibilidades reales de arrestar al agresor, diga lo que diga algún juez penal. Puedo firmar un arresto por un máximo de 5 días, es la sanción prevista en la ley de violencia familiar. Pero es imposible que se cumpla porque el Código Contravencional prohíbe que el agresor se aloje con procesados o condenados por delitos; no puede ir preso a la Alcaidía, por ejemplo. Cinco días es una falta de respeto a la mujer, cuando los ruidos molestos al vecino, o el paseo del remisero para cobrarme de más tienen sanciones más duras.

-¿Qué medidas habría que tomar urgente?

-El Poder Judicial solo no puede resolver el problema de fondo, la violencia de género es una manifestación de la discriminación que sufren las mujeres que debe abordarse en conjunto con los otros poderes de Nación y Provincia. El plan que lanzó Nación es muy bueno pero implementarlo llevará años y hay medidas urgentes que tomar en Chubut. Es indispensable que el Superior Tribunal de Justicia reglamente sin demoras el trabajo de las “Oficinas de Adjudicación de causas” que funcionan en las Cámaras de Apelaciones, y permita que las Comisarías de la Mujer manden las denuncias directamente a esa dependencia, para darles ingreso urgente en los Juzgados de Familia, aunque no tengan firma de abogado. Así terminamos para siempre con el sistema nefasto de la doble denuncia que establece la ley, y que en Rawson eliminé hace años. No hace falta una modificación de la ley para tener esa acordada del STJ, simplemente hay que aplicar la Constitución y facilitar el acceso a la justicia de las víctimas.

-¿Qué opina de los botones antipánico?

-Es importante que el Poder Ejecutivo los suministre. Se necesitan de 20 a 30 para cada uno de los 12 Juzgados de Familia. Es un número mínimo para los casos más graves: cuando se sospecha que el agresor desobedecerá la prohibición de acercamiento. El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció una prueba piloto en Chubut con 20 botones, me parece innecesario estar probando lo que sabemos que funciona. La noticia no es la prueba piloto sino que faltarán 300 botones por mucho tiempo.

-¿Es desacertada la mirada del STJ sobre la violencia de género?

-Hay que diferenciar entre las sentencias del STJ y su política de comunicación institucional. Varios fallos sentaron precedentes en los derechos de las mujeres. Pedí algún recurso indispensable, como una psicóloga más para el Juzgado, y lo dieron de inmediato, aún en época de recorte por la grave crisis presupuestaria. El problema es cómo informa las historias de violencia de género. Unas semanas atrás su agencia de prensa difundió por todas partes la resolución del juez penal Marcelo De Biase, presentando un caso de violencia como un “conflicto de pareja” donde hay “idas y venidas”. Ese lenguaje privatiza la agresión, la reduce a un asunto entre hombre y mujer, y refuerza el aislamiento de la víctima.

-¿Por qué?

-¿Qué mujer se animará a pedir ayuda si la prensa del STJ divulga que la violencia de género es un “conflicto de pareja”? Debió tener cuidado al difundir esa resolución. ¿Qué hace la gente ante un conflicto de pareja? No se mete. ¿Qué pasaría si se comunica que la violencia de género es un problema social, de violación a los derechos a la vida y la integridad física y psicológica de las mujeres? ¿Y si explicamos que no hay «idas y venidas», como piensa Marcelo Di Biase, sino un ciclo de violencia que permite comprender qué siente la mujer, su perdón recurrente al agresor y su exposición al infierno del terrorismo doméstico? Se generará una conciencia social que condene la agresión, habrá un entendimiento de que el Estado debe intervenir rápido. No hay que desviar la atención, es un problema público, no un conflicto doméstico. Una cosa es un problema de pareja, el desencuentro sentimental entre hombre y mujer, y otra muy distinta es la violación a los derechos humanos. Espero más de la comunicación institucional del STJ, que cada caso se aproveche para comunicar con responsabilidad, que informe y eduque a la población para que sepa sus derechos, qué hacemos los jueces, y condene la violencia.