Se mueve mucha plata y poder, en el rompecabezas del Congreso.

Por: Alcadio Oña.

No es plata que el Gobierno nacional vaya a perder, ni mucho menos. Pero en la discusión parlamentaria hay ya 54.000 millones de pesos en danza: es lo que suma la recaudación por impuestos que vencen a fin de año y deben ser prorrogados por el Congreso.

El grueso -52.000 millones- corresponde a Ganancias y al Impuesto al Cheque. Y el resto, a Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta. Difícilmente haya legisladores que quieran desfondar al Estado, sólo que esa montaña de dinero puede ser jugada en los tironeos legislativos que vienen.

Más directo, el jefe del bloque Unión Peronista y ex secretario de Hacienda de la Nación, Jorge Sarghini, puso sobre la mesa otro proyecto: que la Nación devuelva a las provincias los 8.500 millones que mantiene retenidos por Adelantos del Tesoro Nacional. Que lo asuma como deuda propia y distribuya el flujo futuro.

Son fondos que el Gobierno recauda del Impuesto a las Ganancias y hace tiempo usa para financiarse a sí mismo, aunque rigurosamente no le pertenecen. Y servirían para a aliviar el delicado cuadro financiero de unas cuantas provincias, empezando por Buenos Aires.

En la propuesta de Sarghini, la plata no sería devuelta cash. Sino descontándola, hasta fin de año, de los pagos que las provincias cargan por la cuantiosa deuda que tienen con la Nación. Síntoma de los nuevos tiempos, el proyecto está acompañado, entre otros, por peronistas bonaerenses, de Entre Ríos, Córdoba, San Luis, pampeanos y salteños.

Nadie duda que el Impuesto al Cheque será prorrogado. Otro cantar es que vaya a mantenerse el actual, muy desparejo reparto de la recaudación: 85 % para el gobierno nacional y apenas 15 % a los Fiscos provinciales.

Según esa fórmula, este año la Nación se quedaría con $ 16.558 millones. Y las provincias con $ 2.922 millones. Difícilmente todo siga igual en 2010, dadas las urgencias de los gobernadores.

"El oficialismo ya siente el rigor del número, que su propia tropa entró en cuarto menguante", dice un diputado de la oposición. De esa manera se explica que el Gobierno haya resuelto autolimitarse los superpoderes: autolimitación forzosa en realidad, pues se la iba a imponer la oposición en el Congreso.

Sin embargo, en el proyecto oficial hay un gato encerrado grande: queda afuera de la limitación la llamada Jurisdicción 91, una cuenta sin asignaciones muy precisas a la que el Gobierno suele echar mano para cubrir cualquier gasto. Según el Presupuesto de este año, representa $ 15.791 millones. Agregados al 5 % de los superpoderes, elevan la cuenta a 27.491 millones. Y así el tope real salta del 5 % a cerca del 12 %.

Habrá que ver, además, qué pasa con una herramienta muchísimo más potente que los superpoderes: los decretos de necesidad y urgencia. En 2008, Cristina Kirchner usó uno para aumentar el gasto público de un plumazo en $ 36.000 millones. Hoy los DNU quedan aprobados automáticamente, en caso de que el Congreso no los trate. La cuestión sería, pues, si eso no se toca.

El día del anuncio sobre los superpoderes, los legisladores oficialistas dejaron la Casa Rosada vacíos de algo más que esperaban. Concretamente, instrucciones sobre dónde pararse en algunos de los frentes abiertos en el Congreso.

Un debate ya lanzado es por las atribuciones que el Gobierno tiene para subir, como considere conveniente, las retenciones a las exportaciones y los impuestos a las importaciones. En bloque, la oposición quiere ponerles límites y el kirchnerismo siente el rigor del número propio.

Esa es una de las tantísimas facultades que el Congreso ha delegado en el Poder Ejecutivo, bajo el paraguas de la reforma constitucional de 1994. Todas debían regir por cinco años, fueron prorrogadas y ampliadas, pero caen este 24 de agosto.

El kirchnerismo pretendía mantener el paquete completo un año más. Pero la fuerza de la realidad lo obliga a abrir una negociación al menos por los impuestos aduaneros.

Bajo el mismo paraguas constitucional funciona la ONCCA. Es un organismo poderoso, que maneja la comercialización de productos agropecuarios, decide sobre las exportaciones a discreción y, con el mismo criterio, ha distribuido subsidios por 5.230 millones de pesos entre 2007 y lo que va de 2009.

Difícilmente sea tocado. Según legisladores de la oposición, las atribuciones que podrían quitársele a la ONCCA quedarían al final en manos de la Secretaría de Agricultura: "Sería el mismo perro con distinto collar", dicen. Hasta que se demuestre lo contrario, parecido a la reforma del INDEC con el morenismo adentro.

Hay de todo en el rompecabezas. Los impuestos que vencen, las retenciones, los decretazos, el Presupuesto de 2010 y la Emergencia Pública, otra ley que le da amplísimas atribuciones al Gobierno. Mucha plata y mucho poder en juego.

Son cosas que hasta el 28 de junio la llamada "escribanía del Gobierno" estaba en condiciones de sacar sin demasiado trámite. Pero la oposición no es un bloque homogéneo y muchos piensan en el 2011. Concretamente, en que lo que hoy recorten podrían necesitarlo después.

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