Se mueve el Caso Skanska: el jefe de una firma fantasma deberá aclarar vínculos con De Vido.

El magistrado federal quiere saber si Adrián López, que era el apoderado de la empresa fantasma que fue utilizada para pagar coimas en la obra pública de De Vido, ratifica declaraciones periodísticas en las que afirmó que tuvo reuniones con funcionarios del Ministerio de Planificación. Paralelamente, un fiscal de Casación sostuvo en una resolución que toda la investigación –hoy dividida– debe volver al Juzgado en lo Penal Tributario de López Biscayart. El gerente comercial de Skanska ya pidió su absolución por la ley de blanqueo –también llamada de impunidad– ideada por Cristina Fernández.
El juez federal Norberto Oyarbide citó a declarar a Adrián López, el apoderado de la empresa fantasma Infiniti Group, quien fue sólo una, pero la más importante, de las proveedores de facturas falsas a Skanska, para justificar "pagos ilegítimos" en la obra pública del ministro Julio De Vido. El juez tomó la determinación luego de que el sitio 911.com publicó un reportaje en el que López aceptó por primera vez que tuvo al menos una reunión con gente muy vinculada al ministro más poderoso de la era K. Oyarbide quiere saber si tiene algo nuevo que aportar a la causa o si López va a hacer vagas menciones, como en sus anteriores indagatorias, sobre quién le encargó "el trabajo", en verdad una simulación, para encubrir las coimas.

En ese reportaje, López también vinculó a Néstor Ulloa con el caso. Ulloa manejaba la poderosa división Fideicomisos del Banco Nación, fue expulsado del Gobierno por el escándalo y está procesado en la causa. La citación de López para el próximo miércoles fue adelantada por el periodista Omar Lavieri en Radio Continental.

¿Dirá López ante el estrado todo lo que sabe? Es un enigma, pero en las íntimas cercanías del Ministerio de Planificación, un hombre que ya estuvo sospechado de manejos poco claros con la Justicia está tragando más saliva que lo aconsejable.

Si López se animara a confesar, se empezaría a desenrollar rápidamente una madeja controvertida y tortuosa, como todas aquellas causas que pueden jaquear al poder. Es que la causa Skanska, el primer escándalo de corrupción que sacudió a los K, se mece entre el ser y la nada. Aquella investigación, que nació hace cuatro años y a menos de tres de que se haya conocido a través de PERFIL, aparece tironeada por resoluciones que recorren todo el aparato judicial federal. Una saga que involucra a cientos de empresas, a miles de individuos, a un puñado de funcionarios, a manejos turbios que superan largamente los 3 mil millones de pesos y en donde se indaga sobre figuras como asociación ilícita, cohecho, evasión agravada, extorsión, falsa denuncia, amenazas, sobreprecios en la obra pública, atentados y un largo listado de delitos conexos.

Paralelamente, se produjeron tres hechos más de singular importancia para esta megacausa que nació en el fuero Penal Tributario de la Capital y que tiene pesquisas conectadas en todo el fuero Penal Federal Criminal, en el que la de Oyarbide es sólo una más. Esas novedades afectan directamente a la investigación judicial que conduce Javier López Biscayart.

El primero de los sucesos estuvo protagonizado por el fiscal general ante la Cámara de Casación Penal Pedro Narvaiz, quien en una resolución vinculada a una empresa que había utilizado facturas apócrifas dictaminó que en base a un desprendimiento de la causa Di Biase (conocida como Skanska) "en la que se investiga la existencia de una organización tendiente a facilitar evasiones mediante la creación y comercialización de facturas ideológicamente apócrifas de la firma meramente apócrifa Calibán-Infiniti Group (la empresa fantasma que permitió vehiculizar coimas en la obra pública del ministro Julio De Vido manejada por López), entiendo que resulta competente el Juzgado en lo Penal Tributario N° 1 de la Capital. Ello es así, en tanto las sofisticadas maniobras de evasión que se han cometido aconsejan que sea el mismo fuero en donde se investiga la causa madre y sus deprendimientos (los que hoy están en el fuero federal criminal) el que continúe entendiendo en la presente. Como bien lo puntualizó la Cámara Federal –continúa Narvaiz– resulta un despropósito reñido con una mejor administración de justicia desarticular la investigación que viene llevando un mismo magistrado y mucho más dividirla y distribuirla en tantos fueros como calificaciones provisorias en las que puedan subsumirse las diferentes consultas ilícitas llevadas a cabo (falsificación de documentos privados, defraudación contra la administración pública, evasión, etc)".

La Cámara de Casación le otorgó la razón al fiscal y ordenó que esa causa se concentre en el juzgado madre, es decir en el que conduce Javier López Biscayart.

¿Cuál es la posible consecuencia de ello? Que todos los juzgados federales que tienen causas vinculadas al Caso Skanska inicial deban remitirlas al de López Biscayart, que terminaría investigando también la existencia de coimas en la obra pública.

Pero toda esa instancia está tamizada a partir de diciembre de 2008 del blanqueo impositivo –también conocido como amnistía– que para muchos analistas es una ley pensada para consagrar la impunidad. ¿Qué dice esa ley ideada por Cristina Fernández de Kirchner? Básicamente, que todo evasor que confiese su culpa y se comprometa a pagar su deuda impositiva hasta en 12 años elude la persecución penal, un "acá no ha pasado nada", uno más, en la historia argentina.

"Impunidad", escribió Javier López Biscayart haciendo referencia a la Ley 26.476, cuando el 30 de junio de este año tuvo que sobreseer a Pancho Dotto por haberse apoderado indebidamente del Impuesto a las Ganancias de las top models Dolores Barreiro y Yéssica Toscanini. Ese es el segundo tramo de importancia en la historia. ¿Pero que tiene que ver Pancho Dotto con Skanska? El ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate, autor de la célebre frase: "¿Y vos le vas a tirar el negocio al tipo que hizo el fronting, al pingüino de acá a dos cuadras?", cuando fue grabado sin que él lo supiera por el auditor de la empresa sueca en medio del escándalo, también pidió ser afectado por la impunidad que otorga el blanqueo. Ese es el tercer escalón de la novela judicial.

Javier López Biscayart debería darle la razón. Sin embargo, existe una fatal diferencia entre Dotto y Azcárate. La Argentina adhirió a varios convenios internacionales contra la corrupción –el de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), entre ellos– en donde ninguna acción gubernamental puede beneficiar a individuos u organizaciones vinculadas a casos de corrupción. Si ese fuera el talante que gobernara al juez, podría declarar inconstitucional la Ley 26.476 por violar pactos internacionales existentes –que tienen estatus constitucional– y dejar que las similitudes entre Dotto y Azcárate sólo se limiten a estas líneas.

"Partera" de Infiniti, sobreseída

La escribana Silvina Alejandra Calot, quien estaba acusada de haber permitido el nacimiento de la empresa espectral Infiniti Group, fue sobreseída el último martes por Javier López Biscayart. El juez había procesado a Calot –quien está casada con un ex carapintada– por considerar que le había extendido a la firma fantasma una certificación notarial en la cual habría volcado un hecho falso, cual era la certificación de domicilio de la empresa, que para los investigadores no existía La decisión del juez de primera instancia fue apelada y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico le dio la razón a la mujer, con lo cual dejó sin alternativas a López Biscayart, quien, sin embargo, consideró que la conducta de la escribana "podría ser objeto de un reproche ético que se hubiese ahorrado con un mínimo de prudencia, dadas las precarias caracterísitcas de la finca". Por ello, remitió toda las actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad.

Piden más sanciones

La empresa sueca Skanska ahora está bajo la lupa judicial y comercial a nivel internacional, ya que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) realizó una presentación ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide, para que la prestigiosa empresa a nivel mundial sea sancionada por las coimas que habría pagado a funcionarios argentinos.

CIPCE requiere a la Justicia argentina que a través de la "convención sobre la lucha contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales" se sancione a la empresa, ya que la ley argentina impide la sanción a personas jurídicas.

Skanska también fue denunciada por CIPCE ante la OCDE, organismo internacional, con sede en Francia, integrado por treinta Estados, que tiene como objetivo desarrollar y perfeccionar políticas sociales y económicas. Allí Skanska se rehusó hasta ahora –con diversas estrategias– a someterse a ese tribunal.

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