Muertos, marchas y negociación regional

Muertos, marchas y negociación regional

El gobierno y la oposición se culparon mutuamente por las muertes. La OEA se reúne hoy para decidir si convoca a una reunión de cancilleres y Maduro pidió una reunión urgente de la Celac para que medie en la crisis.

El balance de muertos por las manifestaciones en Venezuela en lo que va del mes ascendió a 26 personas, informó ayer la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz. “Hasta el día de hoy (por ayer), por estos hechos violentos han perdido la vida 26 venezolanos, cuatro adolescentes y 22 adultos”, dijo Ortega en una conferencia que ofreció desde su despacho. La funcionaria señaló que resultaron heridas 437 personas y 1289 fueron detenidas, de los que 65 permanecen privados de su libertad y otros 217 fueron presentadas ayer ante los tribunales venezolanos. 

Afuera de Venezuela, la crisis busca una salida política y regional en el plano diplomático. El Gobierno de Nicolás Maduro pidió ayer con carácter de urgente una reunión extraordinaria de los cancilleres de la Comunidad de Estados de América latina y el Caribe (Celac) para denunciar la violencia opositora. En la búsqueda de consensos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá hoy para debatir la posibilidad de llamar a una consulta de cancilleres para tratar el tema Venezuela, hito que marcaría otro avance del organismo en la situación de la nación caribeña. 

El gobierno de Nicolás Maduro mantuvo ayer su tono desafiante. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechaza la convocatoria a elecciones porque no le conviene un cambio de mando democrático, sino que busca un golpe de Estado. La oposición tampoco se quedó atrás y subió la apuesta en el duelo que mantiene con el chavismo. Así, la MUD convocó a movilizaciones para hoy en todo el país, hasta las sedes de la Defensoría del Pueblo, para pedir que se abra el procedimiento para “la calificación de falta grave” de siete magistrados del Tribunal Supremo. 

Sobre la situación en las calles del país caribeño, Ortega señaló que los hechos de violencia se registraron en la mayoría de los estados, salvo en seis. La fiscal general venezolana expresó su solidaridad y condolencias con familiares y amigos de las víctimas y expresó además su más firme rechazo a la violencia como arma de acción política. “La política –dijo– no debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del diálogo”. Del total de fallecidos, ocho perdieron la vida por electrocución durante un saqueo a una panadería en El Valle, una barriada del oeste de Caracas, dijo Ortega.

Con ese dato, la fiscal rectificó el número ofrecido por las autoridades, que inicialmente indicaron que en ese evento perdieron la vida nueve personas electrocutadas. El Ministerio Público venezolano abrió 26 investigaciones para determinar cada una de las causas de las muertes de estas personas, aseguró la funcionaria. Hasta el momento, hay una docena de órdenes de captura contra personas relacionadas con las muertes. 

En una rueda de prensa en Caracas, Cabello aseguró que la oposición, por la vía electoral, “no pudo hacer lo que quiere hacer en este país: disolver la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral, Electoral y por eso es que les conviene un golpe de Estado, no la vía electoral”. El diputado del PSUV, uno de los hombres más influyentes del chavismo, aseguró que entre los planes de la oposición también estaría privatizar la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y revocar convenios internacionales firmados por el presidente venezolano. 

“Por eso es que cuando Maduro dijo ‘estamos ansiosos porque haya elecciones’ casi que les dio un ataque, diciendo ‘no, no queremos elecciones, al menos que sean elecciones generales’, ¿cuáles?, aquí en todo caso tenemos elecciones de gobernadores, de alcaldes, que no se han hecho por culpa de la oposición”, continuó Cabello. Dijo que las elecciones presidenciales se harán en 2018 como corresponde y que no hay forma ni manera de que se adelanten para este año, como reclama la MUD, pues, remarcó, “nosotros no vamos a violar la Constitución por complacer a la oposición”.

Además, Cabello señaló que cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame a comicios, el PSUV será el primero en participar por estar legitimado, a diferencia de varios partidos opositores que se someten a un proceso de renovación de nóminas convocado por el Poder Electoral. “Iremos nosotros solos, ellos no tienen partido político, no hay ni un solo partido político de la derecha y ellos no están listos para ir a elecciones, nada”, sentenció el referente chavista en referencia a un hipotético escenario electoral, al tiempo que acusó a la MUD de engañar a sus simpatizantes. El diputado anunció que el chavismo hará el 1 de mayo “la más grande movilización en la historia de este país de los trabajadores y trabajadoras de la patria”, el mismo día que los opositores convocaron a marchas en Caracas y el resto del país. 

La oposición, en tanto, volverá hoy a la carga con más manifestaciones. “A las 10 de la mañana toda Venezuela se moviliza a la Defensoría del Pueblo”, dijo el vocero de la MUD, Juan Carlos Caldera. También señaló que el deber del defensor, Tarek William Saab, es actuar conforme lo dice la Constitución, pues reiteró que en el país se dio un golpe de Estado. La oposición intentó movilizarse sin éxito a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, en varias oportunidades desde hace tres semanas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia publicara dos sentencias que luego fueron aclaradas y parcialmente suprimidas.

Los dictámenes despojaron de sus facultades al Parlamento y limitaron parcialmente la inmunidad de los diputados e hicieron que la fiscal Ortega considerara que se había roto el hilo constitucional en el país. La oposición asegura que esas decisiones constituyen un golpe de Estado, aunque el máximo tribunal haya dado marcha atrás en su decisión. Por eso la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, abrió un procedimiento para destituir a los magistrados y pidió al ombudsman que declare como “calificación de falta grave” la decisión de los jueces, debido a que para su destitución necesitan de ese paso previo.

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