Muchos cargos sin cubrir en la Justicia rionegrina

La agenda de este año para el funcionamiento del Poder Judicial implica que se deberán fijar plazos y posición política con el propósito de producir la designación de 30 cargos en el nivel superior, entre magistrados, fiscales y funcionarios.
Luis Lutz, en su carácter de presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura, informó que la modificación de la Ley 2.434 incluyó un sistema de selección de postulantes y por esa reforma se generaron "postergaciones y demoras en el trámite de determinados concursos, ya convocados o en proceso".

Existen en ese sentido un total de 19 sillones vacíos concursados con asignación presupuestaria y en trámite. Paralelamente, se verificaron 11 lugares sin concursar por carencia de asignación presupuestaria, de los cuales nueve son magistrados y dos agentes fiscales descentralizados.

Para resolver la designación -en el marco de la previsión presupuestaria- se encuentran la Fiscalía General, la Defensoría General y una secretaría de Superintendencia y Técnica de la Procuración General. Estas nominaciones exclusivas del STJ se encuentran radicadas en la administración central de ese Poder.

En la misma situación se encuentran en General Roca, el Juzgado de Ejecución Penal Nº 10, la fiscalía 5, la defensoría de Menores e Incapaces Nº 3 y 4. En la misma circunscripción judicial se encuentra demorado el hecho de darle un corte definitivo al Juzgado de Primera Instancia de Instrucción, Familia y Sucesiones Nº 20, con asiento en Villa Regina. Está sin postulantes, luego de la exoneración de Alberto Cariatore. Transitoriamente se encuentra a cargo de Milton Dumrauff. La falta de postulantes está vinculada a que ese tribunal debe atender cuestiones penales y sociales como, por ejemplo, decidir cuotas alimentarias.

En Bariloche está pendiente la defensoría de Menores e Incapaces 4, mientras que hay varias vacantes en el ámbito de la 4° Circunscripción. Por caso se mencionó en Cipolletti el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción 6 (ex-25), la Fiscalía de Cámara 2, la titularidad de la Defensoría de Menores e Incapaces 3, la secretaría de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería, de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción 4 (Ex - 23), del Juzgado de Instrucción 6 (Ex - 25) y la Defensoría de Menores 1.

Se observó dentro de las evaluaciones del STJ que hay una situación similar para la Fiscalía descentralizada de la ciudad de Catriel.

El informe de Lutz da cuenta que además de los cargos descriptos, la Legislatura creó otros nuevos cargos de organismos jurisdiccionales, sin perjuicio de los complementarios que pudieren corresponder por la Ley 4199 del Ministerio Público.

Están libres y sin llamado a cubrir ante la ausencia de partidas la conformación de sendos Juzgados de Familia y Ejecución Penal en Viedma, estructuras similares en Bariloche y Cipolletti; y las fiscalías descentralizadas en Río Colorado e Ingeniero Jacobacci.

El STJ tiene pendientes de definición presupuestaria unas 250 vacantes para categorías menores de carácter administrativo como los denominados "escribientes". El año anterior, ese escalafón reunió a unos 5.000 aspirantes aunque sólo un cuatro por ciento de los inscriptos se ajustó a las condiciones requeridas en los exámenes previos.

La asignación de recursos para este año alcanzan unos 140 millones aunque el STJ había reclamado al Parlamento unos 225 millones. Este recorte despertó críticas gremiales y del propio Lutz, para quien el monto fijado sólo sirve para mantener el servicio actual.

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