Mucho que explicar

La defensa de los imputados por las coimas ha unificado estrategias. La supervivencia de la causa alienta optimismo sobre la suerte de otras.
E l fundamento de la existencia de normas sobre cómo administrar el dinero en el Estado es la obligación constitucional de transparencia.

Por eso, una ley de administración dice cómo debe preverse y ejecutarse cada gasto. Y múltiples decretos y resoluciones detallan cada procedimiento.

Más allá de toda consideración política sobre prioridades, el manejo de dinero público debe analizarse para determinar si cumple con la legalidad objetiva -la que refiere a los montos, su razonabilidad y su veracidad- y una legalidad subjetiva -referida a quién puede autorizar, quién gastar y quién aprobar lo actuado-.

No hay nada que inventar. Ya todo está escrito. Sólo hay que seguir el rastro en la documentación como si fuera una hilera de hormigas en un suelo yermo.

Por eso, cuando una operación administrativa requiere una explicación larga, y sobre todo si ésta incorpora elementos insólitos, se vuelve difícil de digerir. Es decir, difícil de creer.

Esta semana comenzó el juicio al ex presidente de Lotería, Miguel Irigoyen, al ex concesionario de casinos y tragamonedas, Carlos Ferrari, y al basquetbolista Andrés Santamaría -amigo del hijo del ex gobernador Pablo Verani- por el presunto pago de coimas a funcionarios provinciales.

Y la estrategia de la defensa de los imputados se ve hasta el momento así. Difícil. Confusa. Demasiado intrincada para lo que requiere el derecho administrativo.

Hay muchos puntos complejos, por más esfuerzos y cambios de estrategias que se advierten en los abogados defensores.

En principio, resulta evidente el giro que tuvo la defensa de Irigoyen desde que su patrocinante dejó de ser el entonces defensor oficial César Gutiérrez Elcaras. En aquel momento, se había basado en que "Irigoyen no cobró" coimas, aunque no descartaba la existencia de pagos ilícitos y sugería al juez que continuara la investigación citando para ello al ex gobernador Verani. De todos modos, el depósito de dinero en su cuenta personal desde una empresa de Varsa resulta una prueba documental contundente. Pocas veces se encuentra un indicio tan fuerte en una investigación de corrupción.

Ahora, el abogado de Irigoyen es Jorge Crespo, de General Roca, y es evidente que su estrategia defensista ha desistido de todo antagonismo entre su cliente y el ex mandatario provincial.

También el patrocinante de Carlos Ferrari muestra una actitud distinta a la que se verificó durante la instrucción.

Pero, de un modo u otro, es cierto que Verani nunca ha estado imputado en esta causa judicial.

A grandes rasgos, puede advertirse que la defensa de los tres imputados dejó de ser individual y diferenciada y ha pasado a tener un eje de coincidencias.

Ahora, todos admiten que la creación de Albany Trade como sociedad anónima fue una maniobra defraudatoria, de la que participaron en particular connivencia el concesionario de los juegos de azar, el funcionario responsable de esa concesión y el amigo del hijo del gobernador de la provincia contratante.

Pero afirman que la triangulación de dinero a través de la firma "trucha" no perseguía ocultar coimas a funcionarios sino defraudar a los acreedores de Varsa, empresa que estaba en concurso.

Resulta llamativo que, a seis años de iniciada la investigación judicial, los funcionarios declarantes -e incluso alguno de los peritos- se muestren ahora tan dispuestos a admitir la complicidad del gobierno en una maniobra defraudatoria tipificada y penada por la ley.

Da la impresión de que, ante la evolución de la causa, hubieran llegado a un acuerdo para "elegir" un delito en lugar de otro.

Y la elección sería precisamente en favor de una figura penal que quitaría dos elementos: la coima y el perjuicio al Estado rionegrino.

Si bien el fraude consistente en fraguar créditos inexistentes para perjudicar a los acreedores de una firma está tipificado en el Código Penal -en los artículos 172 y 176 y siguientes- tendría la ventaja de dejar políticamente a salvo al gobierno de Pablo Verani.

La cuestión es que, aun así, resulta muy difícil explicar por qué el titular de Lotería y el amigo del hijo del gobernador se hubieran prestado a tamaña maniobra sólo para beneficiar los intereses particulares de un empresario que se comportaba con la provincia en forma infiel y que registraba innumerables incumplimientos y moras en sus obligaciones contractuales.

Además de la participación de Irigoyen y el depósito en su cuenta, el dato clave parece ser aquí la intervención de Andrés Santamaría. Los pagos periódicos por parte de Varsa al joven basquetbolista difícilmente pueden ser explicados en forma satisfactoria con los argumentos que hasta el presente ha invocado la defensa.

Santamaría no era, ni lo es hoy, un experto en comercialización como para justificar el invocado pago por asesoramiento. Era un jugador de básquet que había tenido su época de gloria deportiva y que, según los dichos de su amigo Emilio Verani, vendía ropa en forma ambulante.

Esto resta credibilidad también a otra de las explicaciones intentadas y que buscó ubicar a Santamaría como un empleado de Ferrari dispuesto a hacerle el favor de figurar como presidente de una empresa "sello". Para colmo, la propia encargada de liquidar sueldos declaró que nunca le liquidó salarios al joven.

Las expectativas están puestas, esta semana, en la extensa declaración que haría Miguel Irigoyen y también en lo que diga el empresario Ferrari, quien pondría énfasis en mostrarse perjudicado por los años de relación comercial que tuvo con la provincia de Río Negro.

Más allá de estas circunstancias, lo valioso es que la causa logró sobrevivir a las presiones y a los innumerables recursos procesales intentados y ha llegado a la etapa de juicio.

Esto habla bien de la salud que aún conservan sectores de la Justicia provincial, a pesar de los años de designaciones amañadas y abusos de influencias políticas.

De algún modo, la cuestión permite abrigar cierto optimismo por la suerte de otras causas como la que investiga irregularidades en la millonaria contratación de alimentos sociales. Aun cuando, por el momento, parece peligrar entrampada por el temor o la ineficacia.

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