Moyano lo sabe: cruje la patria sindical

Por Carlos Pagni

Mañana, después de inaugurar un lujoso sanatorio, Hugo Moyano se inaugurará a sí mismo: en Vélez encabezará el acto de su lanzamiento político. Pretende reunir 30.000 personas. Moyano se sueña, créase o no, el Lula argentino. Pero no convendría dejarse engañar por estos fastos. La del camionero es una apoteosis paradójica. Se celebra cuando la corporación sindical atraviesa una de las peores crisis de su historia.

El jefe de los bancarios, Juan Zanola, pasa sus noches en una cárcel común. Su pareja, también. En la misma causa, Norberto Oyarbide investiga a otros 50 gremialistas. El juez Ariel Lijo tiene en la mira a 16 obras sociales. Y Claudio Bonadío examina si Moyano se enriqueció al margen de la ley. Néstor Kirchner empezó a controlar en persona los ingresos de las organizaciones sindicales. Al principal abogado gremial, Héctor Recalde, la Cámara del Trabajo lo involucró en un fraude electoral en el sindicato de azafatas. Desde la Corte Suprema pellizcan ?la metáfora es del juez Fayt? a los jerarcas de la CGT, arrebatándoles el monopolio de la representación de los trabajadores. Y la CTA, que pretende romper ese unicato, podría quedarse con la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en la persona de Claudio Lozano.

Relatados así, uno a uno, estos infortunios podrían ilustrar aquel principio que Carlos Menem aportó a la epistemología cuando definió la larga serie de acusaciones penales que pesaban sobre sus funcionarios como "la casualidad permanente". Es como prefiere presentar los hechos Moyano, cuando habla en público. Sin embargo, los amigos del camionero se sienten blanco de un ataque político desconcertante. Se produce cuando, al parecer, cogobiernan. "Fuego amigo", como dicen en la guerra.

"Con Juan Zanola -se confiesa un cofrade de Moyano- no nos comieron un cabo primero. Nos comieron un general. Y el motivo tiene que ver con una actividad, la salud, en la que estamos todos. Además, se quebró un tabú: ya hay un peronista preso durante un gobierno peronista. En un país donde no se mueve una hoja si Kirchner no lo autoriza, ¿cómo admitir que él no tiene nada que ver con nuestras desgracias?" Moyano debió visitar la bancaria el viernes pasado para llevar un poco de calma. Aunque, como prevé un viejo capitoste de otro gremio, "alrededor del día 20, cuando llegue la nueva recaudación, los que quedaron en su lugar tal vez se olviden del pobre Zanola". Al frente del sindicato quedó un simpatizante de Julio Cobos, Sergio Palazzo. Durará lo que decida la Justicia: las últimas elecciones se realizaron con padrones objetados por los magistrados. ¿Quién asesoraba a la junta electoral? El estudio de Recalde.

Oyarbide está lanzado sobre Zanola. Ahora se propone investigar el fideicomiso constituido en 2008 para financiar a la bancaria. Se creó a instancias del ex gerente de la Superintendencia de Salud, Néstor Vázquez, a quien en el sindicalismo se señala como álter ego de Néstor Lorenzo, el dueño de droguería San Javier, preso con Zanola. Por esta vía el juez indaga a la droguería Cofeme, en la que tendría intereses Enrique Dratman, esposo de la consejera de la Magistratura Diana Conti.

También algunas cooperativas de crédito y vivienda están sospechadas de haber servido para blanquear el dinero mal habido. Cristina Kirchner pensó en confiar el control de esas cooperativas a Juan Rinaldi, otrora superintendente de Salud. Pero Rinaldi se negó, después de que una patota lo amenazara de muerte, mientras él miraba una carrera en el autódromo porteño. Rinaldi ha prestado declaración varias veces sobre los chanchullos entre sindicatos y droguerías.

La foto que busca Carrió

Cuando la consultaron sobre la imagen de Zanola subiendo al patrullero, Elisa Carrió fulminó: "En esa foto lo quiero a Moyano". Como si le obedeciera, el juez Oyarbide allanó la droguería Urbana, proveedora principal de la obra social de los camioneros. Pero Moyano no teme que lo acusen, como a Zanola, de administrar medicamentos adulterados. Al Lula argentino lo inquieta más la investigación de Bonadío. Este juez quiere determinar si el explosivo incremento de subsidios que las organizaciones que administran los Moyano recibieron de la Administración de Programas Especiales (APE) está respaldado por la documentación correspondiente. ¿O será, como dicen los denunciantes del camionero, que esos recursos fueron a parar a sus bolsillos? Bonadío indaga si se confeccionaron expedientes apócrifos, en complicidad con droguerías, para sacarle plata a la APE. La droguería Urbana está también en esta pantalla.

Los intranquilos sindicalistas temen ser víctimas de un complot destinado a desviar la atención de otras investigaciones inquietantes. Moyano y sus amigos se dejaron ganar por la versión, tan insistente en Tribunales, de que un emisario del poder habría sugerido al juez Oyarbide cerrar antes de Navidad la investigación sobre el gigantesco salto patrimonial que consignaron los Kirchner en su última declaración jurada. Pueden ser fantasías conspirativas. Pero los gremialistas creen en ellas. De todos modos, Oyarbide tiene todavía muchas diligencias que completar en la causa del matrimonio. Sin ir más lejos, una organización de expertos objetó, hace horas, que el contador de Kirchner sea admitido como perito: "No puede ser perito quien firmó las declaraciones", fue el argumento.

Oyarbide

Los movimientos de Oyarbide también inquietan a la jueza María Servini de Cubría. "Me encantaría saber si alguien lo respalda", le confesó la semana pasada a un amigo. Servini tiene razones para estar alerta. Su colega llevó a la cárcel a Carlos Torres, el segundo mecenas de la campaña de la Presidenta, sobre la que ella abrió una causa. Oyarbide está obligando a Servini a mover algún papel. Nada más inoportuno: según escuchó el mismo amigo, la jueza ya cerró sus diferencias con el Gobierno. Al parecer, ya no teme a los micrófonos clandestinos.

Además de tribulaciones penales, los dirigentes de la CGT sufren la lenta revisión que la Corte realiza sobre el modelo sindical. Al cuestionar la existencia de un solo sindicato por rama de actividad, los magistrados abren la puerta a otras fragmentaciones: podría haber más de un convenio colectivo y -he aquí la pesadilla?más de una obra social por sector. El espanto llegó a tal punto que el taxista Omar Viviani pactó con el disidente Oscar Lescano suspender la guerra interna para ejercer una defensa común. Es que las gestiones preventivas no sirvieron de nada. Ni el asado de Cavalieri, Lescano, Pedraza y West Ocampo con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; ni el café que tomaron a solas Moyano y ese mismo magistrado, en Roma.

Por si faltara un drama, Kirchner aplicó el torniquete sobre los ingresos de las obras sociales. El titular de APE, que depende de Moyano, había permitido la asignación de subsidios financieros, es decir, sin contraprestaciones médicas. Pero el superintendente de Salud, que depende de Kirchner, lo desautorizó. La recaudación corriente de las organizaciones de salud, que realiza la AFIP, comenzó a reducirse. Y la Superintendencia sigue sin pagar las erogaciones por alta complejidad, por temor a nuevos fraudes.

Los dirigentes sindicales están aprendiendo a mirarse en el espejo de los gobernadores e intendentes peronistas. Como a ellos, el liderazgo de Kirchner ya les resulta opresivo. Sólo que el precio de sacudirse el yugo es distinto en cada caso. A quienes están al frente de provincias o municipios puede costarles un disgusto fiscal. Los gremialistas temen que su divorcio tenga otro desenlace.

Es en esta instancia del dilema cuando la foto de Zanola con las esposas asomando debajo del saco cumple su misión.

Comentá la nota